En la tradición de la llamada economía neoclásica o vulgar como la llamaba Marx, los precios de los bienes y los salarios son flexibles, o sea que pueden subir o bajar. Cuando los precios bajan (digamos por un exceso de oferta) los empresarios pierden, y cuando bajan los salarios por el mismo motivo o aceptación de un salario menor para no ser despedido, pierden los trabajadores, pero las fuerzas del mercado se encargan de restablecer el “equilibrio”, sea hacia arriba o hacia abajo. Igualmente, en condiciones normales de producción, el aumento de la productividad del trabajo es quizá el principal factor para aumentar el salario, ya que también el empresariado se beneficia incluso un poco más en el margen.

La crisis económica de los años 30s desveló una realidad oculta. Los trabajadores pueden aceptar bajos salarios por exceso de oferta y/o poca demanda de productos, pero a cambio de no ser despedidos; el empleo privò sobre el salario. Los automatismos autorreguladores del sistema no funcionaron y, por tanto, había que dar paso a otro actor llamado gobierno, siendo una de sus prioridades estimular la demanda efectiva con mayor inversión y capacidades de compra de los trabajadores. Si los precios de los productos básicos aumentaban no debería importar, ya que el nuevo actor garantiza mayores recursos para la inversión productiva y capacidad de compra con el objetivo límite del pleno empleo.

Viene a la mente lo anterior, cuando en el caso particular de Honduras, se ha conformado la Comisión Tripartita Negociadora del salario mínimo (trabajadores, empresarios y gobierno) para negociar un nuevo aumento anual de salarios para aquellos hombres y mujeres que no pertenecen o son empleados del sector maquilero, que negocia aparte (¿acaso son distintos trabajadores?). Esta negociación del sector maquilero, quiérase o no, marca la pauta para la negociación del resto de sectores, incluyendo al sector agropecuario, forestal y de las MiPymes, los sectores productivos más golpeados con el ajuste neoliberal avalado por el FMI.

La negociación con representantes de la asociación de maquiladores se considera un éxito por empresarios, presidente de la República y dirigentes de centrales obreras denominadas “patronales” caso de la Central General de Trabajadores (CGT). La negociación fue por cinco (5) años con aumentos de 8% en 2019, 7.5% para 2020, 2021 y 2022, y 8% para 2023. La tasa de inflación estimada para el cierre de 2018 es de 5.1%, con lo cual debería suponerse que el resto de aumento (2.9%) se debe a incrementos en la productividad del trabajo de los obreros (as) de la maquila.

En caso que la inflación futura sea menor a la tasa de ajuste del salario, no cabe duda que los empresarios exigirán una revisión y ajuste del salario a la baja, lo mismo debe suceder si la inflación futura es mayor que el porcentaje de ajuste otorgado, donde las centrales no patronales tomarán la palabra. La pregunta que se hacen dirigentes obreros como Juan Barahona, también diputado del Partido Libre, es ¿cuánto será el porcentaje de aumento por productividad del trabajo, o no se considera efectivamente (cuantifica) esta variable de ajuste para 2019 y años futuros? Asimismo, dirigentes de las trabajadoras de maquila están contentos porque parte de sus agremiados (as) lograron obtener primas para adquirir viviendas y apoyo del gobierno para sacar préstamos a bajas tasas de interés y construir sus casas.

En el caso del resto de trabajadores de Honduras, la propuesta inicial de las centrales obreras no patronales era de 15%, pero los empresarios ofrecen 5%, o sea el porcentaje de inflación pasada ya que el ajuste es a partir de enero de 2019. El argumento de los obreros es que el costo de la canasta alimentaria se incrementó en 2018, por el aumento del costo de servicios públicos, flexibilidad cambiaria, pago de servicios educativos y útiles escolares, alquileres de vivienda y aumento de las medicinas y atenciones en salud; sumado a que, la ley de empleo por hora, ha precarizado el empleo y cerca del 60% de la población trabajadora no recibe el salario pactado con el gobierno, ya que los empresarios no lo pagan. Se estima que dicho costo es de 12,000 lempiras mensuales y el salario promedio actual no supera los 8,200 lempiras mensuales; para el gobierno, donde se incluye Banco Central e Instituto Nacional de Estadísticas, el costo de la canasta es mucho menor, estimado en 8,400 lempiras (Agosto: 2018).

De acuerdo al expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, citando un estudio del Banco Mundial, “el promedio de la canasta básica ronda los 15 mil lempiras (…) y el ingreso promedio es de 9 mil lempiras que equivale al salario mínimo, pero hay miles de hondureños que no perciben ni siquiera ese salario, aun laborando en el mismo gobierno central” (criterio.hn, 14 de julio de 2018).

Se desconoce si la negociación se hará por varios años, al igual que el sector maquilador, sobre la base del porcentaje de inflación estimado y proyectado por el Banco Central de Honduras, no superior a 8% como promedio para 2019-2021; pero también, si las centrales obreras exigirán que los empresarios cumplan con el pago del salario a sus afiliados, sumado a la revisión o derogación de la Ley de Empleos por Hora.

La política de ajuste de salarios no debe verse aislada de la política económica en general, ya que el gobierno ha privilegiado objetivos de estabilización económica con medidas contractivas de demanda que afectan la inversión real, producción alimentaria, empleos y salarios. La orden del día del FMI y aceptada a ojos cerrados por el gobierno, es el control y baja inflación, atando las demás variables al logro de este objetivo meta. Las Centrales Obreras en forma conjunta deben exigir además una política nacional de generación de empleos masivos, viviendas sociales y de protección y aseguramiento social al trabajador (¿acabar con las colas de pacientes en los hospitales públicos pidiendo citas y exigiendo medicamentos?).

Las proyecciones de la tasa de inflación menor a 8% promedio anual durante el gobierno de JOH, se basan en el supuesto que la economía no tendrá perturbaciones externas (aumento de precios del petróleo y alimentos importados), que la tasa de cambio seguirá con el ritmo de depreciación anual menor de 5% sin ataques especulativos, que no habrá aumentos de servicios de luz, agua, medicamentos y útiles escolares, sumado a que la variable política estará bajo control. Caso contario, o sea que los supuestos no se cumplan, la inflación puede dispararse arriba del 10% y más, por lo que las Centras Obreras, tal como los recomendó en algún momento, Xiomara Castro de Zelaya, deben negociar por un año y con base al costo de la canasta básica alimentaria revisando las cifras no solo manejadas por el INE sino también organismos internacionales como Banco Mundial y PNUD.

Las centrales obreras deben también participar como veedores en los estudios que se están realizando por el gobierno, ejemplo la nueva encuesta de ingresos y gastos, cálculos del índice de precios y metodología de cálculo de pobreza multidimensional, donde las variables corrupción e ingresos monetarios reales de las familias no son ponderadas.

Tegucigalpa, 17 de diciembre de 2018