Los medios de comunicación de la derecha reaccionaron furibundos, viscerales y con mucha rabia ante la propuesta de ley de espectáculos públicos, radio y televisión, presentada la semana pasada por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Los canales de Telecorporación Salvadoreña (TCS) calificaron la medida como “ley mordaza”, radios de ASDER lanzaron un campaña diciendo que es un “atentado contra la libre expresión” y La Prensa Gráfica (cuyo slogan es “noticias de verdad”) publicó en su portada que el “FMLN propone censurar a los medios”.

La vilipendiada iniciativa de ley responde a una sentencia de la Sala Constitucional que, hace varios años, eliminó el reglamento de espectáculos públicos, radio y televisión, debido a que éste no respondía a ninguna ley. Es decir, era un reglamento sin ley y, por tanto, debía aprobarse una ley; pues, por simple lógica jurídica, puede haber una ley sin reglamento, pero no un reglamento sin ley.

Tras una serie de consultas realizadas por la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión (en las que participaron representantes de los medios que hoy protestan) y postergar por varios años el tema, el Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa la propuesta que busca llenar el vacío legal antes mencionado.

La normativa busca, básicamente, regular las franjas horarias y públicos etarios de los programas de radio y televisión teniendo como criterio principal la necesidad de proteger la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Es una ley necesaria y debe aprobarse.

El berrinche de TCS, ASDER, LPG y demás medios de (des)información de la derecha parten de dos premisas falsas: una es que todo puede ser regulado, excepto los contenidos mediáticos; y la otra es que cualquier regulación de medios violenta la libertad de expresión. En el ámbito mediático, dicen, “la mejor ley es la que no existe”

Nada más alejada de la realidad, en un régimen democrático donde la libertad de difusión tiene límites aceptables y razonables orientados a garantizar los derechos de las audiencias, evitar la promoción de anti-valores y asegurar la convivencia pacífica.

Por eso tratados internacionales suscritos por el Estado salvadoreño (y por tanto leyes de la república), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíben la difusión de mensajes que hagan apología de la violencia, promuevan el odio o legitimen la discriminación por motivos de raza, ideología, religión, etc.

Y también leyes nacionales, como Ley Especial para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres, prohíben mensajes sexista y contenidos que constituyan violencia simbólica contra las mujeres.

La alharaca de los medios conservadores es, pues, un acto de impunidad mediática que está fuera de la lógica democrática y del sentido común. Está fuera, incluso, de la tan cacareada autorregulación, pues ésta lleva implícita la responsabilidad y compromiso con los valores, la prevención de la violencia y la cultura de paz.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)