Hay una creencia generalizada en los funcionarios de gobierno y ciertos empresarios ligados a la industria de generación de energía renovable, desarrollo turístico y minería extractiva, referida a que cualquier inversión nueva en el país es buena. No importando si proviene del lavado de activos o corrupción política (ingresos mal habidos), lo que interesa son los empleos espurios que genera, en un país donde el desempleo se ha convertido es un problema estructural que amerita soluciones planificadas de largo plazo; no espejismos neoliberales de rutina.

Pero también, en el caso que la inversión nacional y extranjera provenga de fuentes “confiables”, la creencia es que se puede perder por trámites burocráticos engorrosos y otorgamiento de licencias ambientales para operar que, a su criterio, tardan más de dos (2) años y exigen gran cantidad de recursos para compensar a los afectados, principalmente poblaciones rurales en situación de pobreza e indigencia. La solución es construir los proyectos antes que se otorgue la licencia ambiental, o reducir sustancialmente el periodo de otorgamiento de dichos permisos y licencias para operar. En caso de protestas por los pobladores, llamar a la Policía Militar para acallarlas, y utilizar al Comisionado de Derechos Humanos como mediador expost.

El gobierno de la República a través de la Secretaría del Ambiente (MIAMBIENTE) ha conforma una Plataforma en Línea para reducir el tiempo para el otorgamiento de licencias ambientales, a un tiempo máximo de 24 horas, o sea reducirlo en más de 1 año y seis meses; una eficiencia sin precedentes, superior a la de Brasil, EEUU, Alemania, Ecuador y Chile. Los grupos ambientalistas consideran que esta medida busca abrir un espacio público para la vigencia de una piñata de permisos y licencias ambientales, que permita no solo legalizar el estado de aquellos proyectos ya construidos pero que no cuentan con la licencia (están ilegales), evitar demandas de la población por proyectos mal diseñados y promover la entrada de inversión extranjera para dinamizar la generación de empleos y divisas en el caso de proyectos mineros y turísticos.

A ello se suma, la promulgación del Acuerdo Ministerial N. 1402-2018 del 17 de agosto de 2018, donde se declara como “Información Reservada lo relativo a los Estudios de carácter Técnico contenida en las solicitudes de Licencias Ambientales, al igual que otros trámites ambientales presentadas ante esta Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE), así como la ubicación de los mismos, garantizando la protección de la información técnica entregada por los particulares”. La población asentada en los lugares donde se ubicarán los proyectos no tendrá información sobre los diseños técnicos, mucho menos de los impactos negativos a generar y las medidas de compensación por daños y perjuicios (contaminación de fuentes de agua, daños a la salud, destrucción de los ecoisistemas ambientales, desplazamiento de población, captura de bienes y servicios ambientales derivados, riesgos futuros, otros).

Tanto la plataforma del llamado “Rayo Ambiental”, como también la “Reserva de Informacion” alejan aún más el interés de los pobladores, comunidades y organizaciones ambientales, para que se aplique la consulta previa libremente informada no solo a los proyectos nuevos sino aquellos en construcción y operación como la Termoeléctrica la Ensenada que afecta comunidades garífunas.

El gobierno de la República, directivos de la Asociación de Empresarios de Generación de Energía Renovable y ciertas activistas de derechos humanos “gallo-gallina”, denunciaron recientemente una campaña internacional contra los proyectos mineros en el país y generación de energías renovables, poniendo en riego una inversión potencial de casi 2000 millones de dólares. Se acusa a (¿países?) que envían plata a supuestos dirigentes ambientalistas para promover lastomas de las construcciones que paralizan y ahuyentan la inversión extranjera, por lo que solo queda la autorización de una orden judicial para desalojarlos.

Lo cierto es que el problema es mucho mayor. Por un lado, hay una captura del Estado por grupos corporativos internos, muy poco respetuosos de la endeble legislación nacional, lo que facilita que los proyectos se ejecuten sin cumplir con las condiciones y requisitos exigidos, Un caso típico lo fue el incendio de un refugio en Roatán, donde se demostró que los animales vivían en total cautiverio e incluso mal alimentados, pero los dueños no contaban con la licencia ambiental respectiva y construyeron sin la autorización del gobierno local. La pregunta en el aire después de la tragedia, es ¿quién o quienes ayudaron al empresario a motivarlo para iniciar su proyecto sin cumplir con lo que manda la legislación nacional?

Por otro lado, las instituciones públicas encargadas de la protección de los recursos naturales y el ambiente están altamente burocratizadas y politizadas, por lo que no existe el grado mínimo de independencia y autonomía relativa que manda la ley ambiental y conexas. Igual, la cultural ambiental es débil, por lo que se cree que las regulaciones, otorgamiento de licencias ambientales, medidas de mitigación de riego ambiental y evaluaciones socioeconómicas y medioambientales exante, están demás y son medidas burocráticas que retrasan el progreso y la generación de empleos espurios.

Finalmente, el centralismo burocrático ha debilitado el rol que cumplen los gobiernos y actores locales en la protección de los recursos forestales medioambientales, por lo que el aval social de los programas y proyectos no existe, mucho menos la vigencia del mecanismo de consulta previa libremente informada a las comunidades. Más que proteger inversiones de mala calidad y dañina, conviene reconstruir la institucionalidad publica en materia forestal y ambiental como una garantía para inversiones externas sanas.

Tegucigalpa, 12 de septiembre de 2018