“Dado que un Pacto Fiscal tiene implicaciones políticas que van mucho más allá de lo que podría derivarse de una convencional reforma tributaria o presupuestaria, idealmente se requiere, por ejemplo, explicitar la concepción de desarrollo que las autoridades tratan de promover”

Juan Carlos Lerda, experto de CEPAL

Hay humo blanco en las negociaciones entre el gobierno y los transportistas, ya que, la dirigencia de este rubro, aceptó el ajuste de tarifas propuesto por el gobierno, abandonando la propuesta inicial de rebaja de 23 lempiras en el galón de gasolina en bomba, con lo cual el beneficio se reduce, y la población empieza a sospechar de un circo montado entre ambos para contribuir a tapar la “Olla” de Pandora, o sea la corrupción en las instituciones públicas.

En este simulacro de crisis de compadre hablado, una iniciativa de un grupo de destacados economistas y exministros de finanzas y banca central, referida a la instauración de un diálogo franco y transparente para la vigencia de un Pacto Fiscal en Honduras, vuelve a ser desempolvada. El gobierno, producto de la presión social, ha instaurado una Mesa Técnica Amplia  para apoyar el Pacto Fiscal en Honduras, donde participan miembros de la cooperación internacional aglutinada en el G-16, FMI, organizaciones de sociedad civil progobierno, Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Funcionarios de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), Banco Central de Honduras (BCH), Servicio de Administración de Rentas (SAR), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Colegio de Economistas; no hay nadie del COHEP nombrado oficialmente a la Mesa, ni de las Centrales Obreras.

Para la Ministra de Finanzas, Dra. Rocío Tabora, el objetivo es poner a discusión ciudadana (¿falta llenar el concepto de ciudadanía?), temas relacionados con el presupuesto público y la asignación de recursos sobre la base de una estructura tributaria justa a favor de la reducción de la pobreza e igualdad. Los temas a revisar son: Austeridad (reducción del gasto), exoneraciones fiscales, transparencia, corrupción, monto y tipo de impuestos, masa salarial, inversión pública; entre los más importantes.

Una propuesta anterior de pacto fiscal, presentada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICIEFI), rescatada del olvido, tenía como objetivos: a) Poner topes a la deuda pública del sector público no financiero, en un monto menor de 50%/PIB b) Un déficit fiscal menor o igual al 2%/PIB, buscando una sostenibilidad de deuda a futuro, asegurando el equilibrio de balances fiscales. Una de las críticas es que se privilegian objetivos fiscales y financieros por sobre los objetivos de desarrollo nacional, tal como ha venido recomendado el FMI en convenios de préstamo firmados con el gobierno después del golpe de Estado en 2009, bajo el argumento que la estabilidad fiscal es condición necesaria (¿no suficiente?) para alcanzar otros objetivos, en especial de reducción del desempleo y pobreza al atraer más inversión extranjera y destinar los escasos recursos a programas de compensación social.

El Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) propuso una serie de Lineamientos de Política para la Construcción de un Pacto Fiscal en Honduras, donde destaca la importancia de identificar un interlocutor válido con credibilidad para conducir el Gran Diálogo Nacional por el Pacto Fiscal en Honduras y dar seguimiento a los acuerdos, cuya responsabilidad podría recaer en la Iglesia Católica representada por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga que, para algunos, ha perdido credibilidad.

Este documento plantea medidas de política en varios campos, muchas de las cuales son contrarias al modelo de corte neoliberal ejecutado en Honduras después de 2009, por lo que tienen poco grado de viabilidad política. En el tema monetario se habla de reducir la tasa de política monetaria y el encaje legal, usados como ancla para mantener las metas del régimen de inflación adoptado con apoyo del FMI; en materia presupuestaria las intervenciones se orientan a cambiar el proceso de planificación presupuestaria y asignación de recursos ( formular un presupuesto anti-crisis), eliminar las exoneraciones fiscales, contratos y concesiones, contener el endeudamiento público  y promover la justicia fiscal distributiva.

Se plantea en el tema comercial, sustituir importaciones sin retornar al modelo cepalino, revisar el TLC con USA, dinamizar el agro con reforma agraria de mercado y acelerar la titulación de tierras; asimismo, el diseño de una nueva política salarial, la creación de un fondo para aumentar la inversión pública en forma sostenida, la vigencia de un Plan de Energía con fuentes renovables y elaboración de un Plan de Uso de Remesas. Esta propuesta de FOSDEH revive un muerto, el Plan de Nación (2010-2022) Visión de País (2010-2038), rescatando la participación ciudadana en todo el proceso de planificación.

Para el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy, más que hablar de pacto fiscal, debemos apostarse al diálogo nacional para solucionar la crisis política, especialmente lo relacionado con las reformas electorales y la vigencia de una nueva tarjeta de identidad. Es del criterio que los empresarios no reciben exoneraciones sino incentivos para invertir y generar puestos de trabajo.  Lo que el gobierno debe hacer es conformar una comisión conjunta para revisar estas exoneraciones y la estructura de los impuestos, ya que se promueven beneficios para que se importen productos terminados en detrimento de producción nacional. Los empresarios del Norte hablan de facilitar el financiamiento a bajas tasas de interés, eliminar trámites burocráticos, descentralizar el Estado y controlar el cobro de impuestos municipales.

La propuesta de pacto fiscal del gobierno es identificar prioridades de gasto (pobreza, salud y educación, por ejemplo) y fuentes de ingreso, sin embargo, la cancha ya está marcada. Existe una Ley de Responsabilidad Fiscal apoyada por el FMI que pone techos al déficit del balance global del sector público no financiero (1%PIB para 2019) y de la masa salarial de 8%/PIB y endeudamiento; igual, define nuevas regulaciones para el otorgamiento de exoneraciones fiscales. El gobierno sabe cuánto gastará y en cuánto se endeudará. El Pacto Fiscal, de concretarse, servirá para acompañar al gobierno en eliminar parte de las exoneraciones e incentivos tributarios vigentes, lograr la meta de masa salarial con el FMI e idealmente contratar deuda concesional, muy difícil para una economía como la hondureña con una fuerte dependencia de recursos externos.

Con este pacto fiscal, se busca acariciar también el sueño de la ejecución de un presupuesto de ingresos y gastos formulado por todos y desde abajo (comunidades y actores locales) y hacìa arriba (gobierno, organismos de cooperación y administración de rentas), que en el pasado fracasó ya que las instituciones centrales, en este caso SEFIN,  SEPLAN/SCGG y Ministerio de la Presidencia, con base a prioridades de política y gastos de inversión definidos verticalmente no permiten que este esfuerzo de planificación se concretice.

El FMI considera que el pacto fiscal abonará a la transparencia, siendo uno de los temas a tratar el combate de la corrupción y finanzas de la empresa de energía eléctrica (ENEE), que sigue sin bajar las perdidas técnicas y no técnicas a montos manejables, es decir, que no impliquen la contratación de nuevos recursos financieros para cubrir los déficits financieros.

De acuerdo a los promotores del Pacto Fiscal inicial y analistas económicos independientes, la coyuntura actual de enfrentamiento entre actores políticos y sociales con el gobierno, así como los problemas de deslegitimación por el fraude electoral documentado por la Alianza de Oposición y agencias de cooperación externa, no es la más favorable para concretar un Gran Acuerdo Nacional de este tipo, tal como  lo era antes de las elecciones de 2017; por lo que el consenso social para orientar el gasto y de donde sacar dinero no se logrará, más bien se generaran  expectativas y demandas de actores que no se podrán satisfacer. Sin embargo, ello no invàlida que existan cerca de 36,000 millones de lempiras por exoneraciones e incentivos, los que se suman a 18 mil millones de lempiras manejados en fideicomisos, de los cuales no se sabe los resultados, beneficiarios e impactos para la economía y población. Tanto la revisión de las exoneraciones como los fondos en fideicomiso es avalado por el FMI, por lo que es de esperar que el gobierno ejecute estas medidas de política sin pacto fiscal.

Para Adolfo Facusse, dirigente empresarial, el problema de Honduras es que no tiene una visión de mediano y largo plazo (Visión de País y Plan de Nación de Pepe Lobo es papel mojado), por lo que no se sabe que objetivos y metas (rumbo) hay que cumplir y que monto de recursos se necesitan para ello, por lo que el pacto fiscal depende de esta visión de largo alcance avalada por todos. La percepción ciudadana es que el gobierno no tiene recursos, ya que ha entregado todos los activos del Estado: carreteras, puertos, aeropuertos, empresas de servicios, bosques, minerales, petróleo, áreas protegidas, playas, culturas, ríos, etc., para financiar la inversión productiva y social que ha venido en disminución por la política de ajuste del FMI. El presupuesto de defensa y seguridad pública ha crecido en forma desmedida (¿no estamos en guerra?) y los presupuestos públicos han sido saqueados por políticos y funcionarios públicos, por lo que tenemos pocos márgenes de maniobra.

En esa dirección urge que el gobierno de la República utilice las mesas de diálogo político y técnicas para ajustar su propuesta de Plan de Gobierno con una Visión de mayor alcance, incorporando aquellos sectores gremiales y organizaciones sociales que adversan sus ejecutorias pero que tienen mucho que aportar; a partir de allí, estructurar un presupuesto de ingresos y gastos bajo una metodología de trabajo participativo y en función de requerimientos de base ( regiones del país) y documentación y análisis de las brechas reales existentes, siendo las más importantes: pobreza, desigualdad, desempleo, inseguridad alimentaria, salud, educación, derechos humanos y ambiente. Es lo menos que puede hacer.

Tegucigalpa, Honduras, 1 de agosto de 2018.