A un mes de las elecciones presidenciales en México, el triunfo del centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parece inevitable, lo que concita la desesperación de los grandes empresarios y los comandos de campaña de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, los candidatos de la derecha.

Todos los cañones del establishment apuntan contra el candidato centroizquierdista, desde el uso de las instituciones (y fondos) del Estado hasta costosas campañas de los principales grupos económicos, chantajeando a sus trabajadores para que no le den el voto a López Obrador.

Empresas como Herdez, Vasconia y Femsa han invitado a sus trabajadores a razonar el voto y evitar la elección de un gobierno populista. Palacio de Hierro, propiedad de Alberto Baillères, también conminó a sus empleados a no votar por López Obrador, quien pidió públicamente a Germán Larrea, propietario del Grupo México, "que no ande asustando a nadie y que él mismo no tenga miedo" de su triunfo.

"Vamos a triunfar y se van a dar garantías a la inversión. No se afectará a ningún empresario, lo único que queremos es que se acabe la corrupción y el influyentísimo. Lo que buscamos es que el gobierno ya no esté secuestrado por una minoría rapaz", dijo.

El populismo “es como algo que da miedo, no me importa, si bajar los sueldos de los de arriba para aumentar el sueldo de los de abajo es ser populista que me apunten en la lista, no me genera ningún problema”, dijo, tras señalar que sus adversarios le reconocen que es necio y terco, y que ya se le metió en la cabeza terminar con la corrupción: con eso no habrá necesidad incrementar los impuestos, ni endeudar al país, menos que haya gasolinazos, porque se contará con presupuesto, explicó.

"Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Los políticos corruptos y los traficantes de influencia roban alrededor de 500.000 millones de pesos [26.500 millones de dólares] al año del presupuesto. No hay ninguna banda que robe tanto. Estos que presentan como grandes delincuentes son niños de pecho comparados con los políticos corruptos", enfatizó.

Se espera que en las elecciones (casi generales) del primero de julio participen 60 millones de ciudadanos (10 millones más que en 2012) para elegir no solo al nuevo presidente, sino también otros 3.400 cargos en juego.

Las encuestas más serias muestran una amplia ventaja a AMLO, con el 52% de las intenciones de voto. La última encuesta del diario Reforma, publicada este miércoles, le da una ventaja de 26% frente a su rival más cercano, el derechista Ricardo Anaya, seguido por el oficialista José Antonio Meade, con 19% de apoyo.

Pese al desprestigio por el que atraviesan las encuestas electorales (durante la pasada elección presidencial de 2012 la mayoría difundieron resultados equivocados), analistas aseguran que aunque se tome la que presenta la menor ventaja, la tendencia a favor de López Obrador -en su tercer intento por llegar a la presidencia- ya es irreversible. A menos -señala Luis Navarrete- que se aplique la solución estadounidense: mar al presidente que no siga las instrucciones del poder fáctico.

López Obrador, cuyos porcentajes de intención de voto subieron después del segundo debate presidencial (20 de mayo en Tijuana), es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por partidos de izquierda y uno de derecha. El actual mandatario Enrique Peña Nieto logró el triunfo en 2012 con el 38,2% de los votos. Su antecesor, Felipe Calderón ganó con 35,3, mientras que Vicente Fox, en el año 2000 obtuvo 42,5%.

Antes de que las previsiones se materialicen, Anaya y Meade no quieren dar su brazo a torcer, en busca de los votos que les pueda permitir a los derechistas Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) más escaños en el Congreso o una gobernación más.

Tampoco hay dudas en el exterior de su triunfo. El diario británico The Economist dijo que de ganar las elecciones presidenciales, López Obrador sería el único que representaría una ruptura con el pasado.

No más privatizaciones

López Obrador se comprometió a que no habrá más privatizaciones en el país y a que la política de desmantelamiento de la infraestructura productiva del Estado, impuesta 36 años atrás, se irá al basurero de la historia, no sin antes advertir que se realizará una auditoría de las concesiones y los contratos de privatización para saber dónde hubo irregularidades.

Lo cierto es que a estas alturas queda muy poco por privatizar, ya que el proceso inaugurado en el gobierno de Miguel de la Madrid hace 36 años y mantenido hasta ahora, parece haber cerrado tras la llamada reforma energética de Peña Nieto que entregó la industria energética nacional a las corporaciones trasnacionales.

Según la Secretaría de Hacienda, de las mil 155 entidades paraestatales de la administración pública federal en 1982, apenas quedan 185 -entre ellas los cascarones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE)– y en su mayoría son parte de la estructura operativa de las dependencias del Ejecutivo.

La privatización arrasó, y en su mayoría las empresas más valiosas y productivas del Estado quedaron en manos de los mismos barones que hoy gritan a los cuatro vientos -y ante la pasividad del Instituto Nacional Electoral- que “ahí viene el ogro” y conminan a sus trabajadores a no votar por el “modelo populista”.

Durante su visita a Ixtepec y Salina Cruz, Oaxaca, AMLO convocó a cuidar los votos porque son ellos muy mañosos. El candidato explicó que el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es el punto más angosto con 300 kilómetros en línea recta que servirá para unir los países de Asia con la costa este de Estados Unidos.

Anunció que para lograrlo construirá una vía para el ferrocarril de carga de contenedores y se rehabilitarán los dos puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. “Será una sociedad entre iniciativa privada, inversión pública y sector social de la economía. Vamos a darle atención especial al sureste que se ha quedado en el abandono”, explicó.

Este 2018 va camino de ser el año más sangriento de la historia reciente de México, incluso peor que 2017, cuando 29.168 personas fueron asesinadas, según los datos oficiales, lo que significa 80 muertes violentas cada día.

El repunte del número de homicidios es producto de las disputas entre carteles del narcotráfico que controlan regiones del centro y el norte de la república, algunos asociados con militares y fuerzas de seguridad. Entre los estados más azotados por la violencia destacan Baja California, Guerrero, México, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Michoacán. Las cifras son tan atroces que son comparables con las de un conflicto armado no internacional.

El PRI gobernante y su candidato presidencial resultaron expertos en la criminalización de activistas por los derechos humanos y de luchadores sociales al mantener a más de 650 como prisioneros políticos, mientras a diario son asesinados no solo campesinos, sino también periodistas y candidatos territoriales… pero el Grupo de Lima y la Organización de los Estados Americanos no voltean hacia México.

Gerardo Villagrán del Corral

Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )