Se cumplen dos meses de la muerte violenta de José Arturo Sierra González, ex Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el Ministerio Público (MP) ha identificado presuntos sicarios, espero que el crimen no quede impune.

Las acciones, declaraciones y decisiones del presidente Jimmy Morales, de algunos diputados del “pacto de corruptos”, funcionarios de Gobierno y del Alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, son una clara vulneración a la institucionalidad del Estado, porque ellos persisten en debilitar el incipiente Estado de Derecho y la vida en democracia que se intenta consolidar, explico por qué.

Primero, por la sandez de ellos que se oponen a despejar el camino para que las acciones del MP, de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y de los administradores de justicia en la lucha contra la corrupción e impunidad, se desarrollen sin ningún inconveniente, obstáculo o contención. Ellos estimulan el bloqueo de esos esfuerzos para evitar que continúen investigando y sindicando a quienes están envueltos en negocios turbios, a quienes son responsables del saqueo de los fondos públicos o tienen responsabilidad por violar derechos humanos (DDHH).

Segundo, por intentar destituir a Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), a quien no perdonan su oportuna acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en agosto del 2017, que impidió la expulsión del país del comisionado Iván Velásquez, titular de la CICIG. Más tarde, un grupo de diputados del “pacto de corruptos” en ese vano esfuerzo promovieron una interpelación del PDH, por su presunto apoyo a las manifestantes mujeres que durante la celebración mundial del 8 de marzo, desfilaron con una imagen de la “poderosa vulva.” De nuevo, la CC amparó provisionalmente al PDH para que no fuera obligado a asistir a la interpelación, dispuesta por el grupo de diputados sinvergüenzas. A esa acción, se agregan las impertinentes declaraciones del presidente Morales, cuestionando el trabajo del PDH. Esos hechos, han generado múltiples muestras de rechazo al presidente y a los diputados, así como de apoyo al PDH.

Tercero, la decisión del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart de retirar de la CICIG al equipo de investigadores científicos de la Policía Nacional Civil (PNC), que tienen varios años de acompañar y apoyar las investigaciones realizadas por esta institución internacional. El Jefe de la CICIG, ha planteado su disgusto con la decisión del Ministro y ha reiterado la solicitud para que el grupo de agentes PNC, regresen a sus funciones de apoyo a las investigaciones penales que realiza la CICIG. Ante el rechazo generalizado a la decisión de Degenhart y la petición de Iván Velásquez, el Ministro tuvo que dar marcha atrás, dejando sin efecto la polémica y perversa decisión, que muchos interpretaron como una medida orientada a debilitar el trabajo de la CICIG, así lo dijo Velásquez, “Esta medida pretende afectar las investigaciones, pues tenían a su cargo varias gestiones en curso”. El citado ministro, afirmó que en la PNC hay pandilleros infiltrados, “capaces de generar impunidad”, tal afirmación, ha generado reacciones adversas porque supone un debilitamiento de la PNC.

Son ellos, los que obstruyen la justicia, los que meten zancadillas intentando detener la persecución penal de corruptos e impunes, ellos se oponen a la lucha contra la corrupción e impunidad y socaban la institucionalidad. Ellos, desde sus nichos de poder con acciones y decisiones, siguen corrompiendo las instituciones y obstruyendo la aplicación de la justicia.

P.S. Hoy, 120 años de Huelga de Dolores. ¡Aquí está tu son, Chabela!

Guatemala, 23/03/2018.

Factor Méndez Doninelli

Maestro e investigador.

Consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.