Con un gravísimo problema de desaparición forzada, el Estado mexicano, que encabeza Enrique Peña Nieto hasta dentro de nueve meses, rechazó aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para examinar casos individuales de este delito. La Secretaría de Relaciones Exteriores, conducida por Luis Videgaray, la eminencia gris del sexenio que sigue acumulando desaciertos, argumentó que para avalarla “se necesitaría de un proceso sustantivo que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes, y que continúa bajo consideración”.

Sin tomar en cuenta los evidentes subregistros existentes en esta como en muchas materias, México oficialmente tiene más de 35 mil desaparecidos, sobre todo correspondientes a los dos sexenios (2006-18) de la fracasada guerra contra el crimen organizado.

Como bien estiman voces expertas en el tema, como son las del expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, y Juan Carlos Gutiérrez, director del organismo Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos: “La negativa de las autoridades mexicanas es muy grave para un país que tiene decenas de miles de desapariciones forzadas”

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Valga mencionar que de marzo de 2012 a octubre de 2017 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió 419 acciones urgentes a diferentes países, y México ocupa el primer lugar, con 304. Seis de esos casos son atendidos por Idheas.

Tanto la mexicana Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, entre otras, insisten en la necesidad de que México reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Más todavía cuando el informe entregado por Relaciones Exteriores omite referirse a la parte relacionada con la ausencia de investigaciones efectivas y a la escasa (por no llamarla pésima) coordinación entre instituciones mexicanas para la identificación forense de restos, si nos atenemos al juicio del director de Idheas. Tampoco menciona nada sobre las medidas de protección para las familias o colectivos que están en riesgo por denunciar las desapariciones.

Hace unos días la SRE respondió a las recomendaciones que dicho comité hizo a México en 2015, donde el primer exhorto era aceptar la competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales, para reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto por la propia instancia internacional. Casi dos años para dar una respuesta burocrática frente a un problema que rebasa con mucho a las autoridades mexicanas y las de Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila…

En el país que es un monumento a la impunidad y la corrupción pública y privada, misma que documentó la Auditoria Superior de la Federación en la obra cumbre del sexenio, el nuevo aeropuerto capitalino, los colaboradores de Videgaray destacan en el documento entregado a Cavallaro y Gutiérrez, “como el avance más sustancial” en la materia la aprobación y entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Excelente que el entramado jurídico mexicano cuente con nuevas disposiciones. Mas es indispensable que cobren vida en la compleja realidad nacional, de lo contrario podrán ser muy buenas leyes, pero de las que todos los días se incumplen.

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