El inicio de este año, empezó con ataques armados en contra de funcionarios del sector justicia y del gremio de periodistas. El primer atentado mortal ocurrió el 26 de enero contra el destacado jurista, José Arturo Sierra González, ex Magistrado Presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), ejecutado hace un mes por esbirros al servicio de poderes fácticos con intereses aviesos y sombríos. Este ataque, bien puede ser una estrategia diseñada para sembrar terror e intimidar a los Jueces, especialmente a quienes conocen juicios de alto riesgo, como los relacionados con casos de corrupción e impunidad que mantienen en prisión y sentados ante la justicia a numerosos personajes de la vida nacional, ex presidentes, políticos, ex diputados, ex ministros, empresarios, militares, además de algunos lacayunos y testaferros de las élites. Un caso similar, fue la muerte violenta del también ex presidente de la CC, licenciado Epaminondas González Dubón, el siglo pasado.

El luto se extendió entre periodistas y comunicadores sociales, en enero el periodista departamental Johnny Javier Guardado, fue asesinado en Petén. Luego, la primera semana de febrero continúo el luto, otro ataque directo contra periodistas, en esos días fueron descubiertos en terrenos de una finca privada en Santo Domingo, Suchitepéquez, los cadáveres de los colegas, Laurent Ángel Castillo Cifuentes, corresponsal de Nuestro Diario y de Luis Alfredo de León Miranda, locutor de radio Coaltepec, sus cuerpos atados de pies y manos presentaban señales de tortura. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), recordó que durante 2017 fueron asesinados 11 periodistas. Ante estos ataques a las libertades de prensa, pensamiento, información y expresión, es perentorio que el Gobierno cumpla con implementar el Protocolo de Protección a Periodistas, como compromiso asumido ante las Naciones Unidas (ONU). En noviembre del año pasado, Guatemala recibió diez recomendaciones para proteger a periodistas, durante la tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado, son parte de las recomendaciones.

Ejercer periodismo en Guatemala es una actividad de alto riesgo, debido a la intolerancia de sectores tradicionales de poder, un caso emblemático es el de Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de la ciudad capital y ex presidente de Guatemala, quien el 28 de enero lanzó nuevas amenazas en contra de periodistas y medios de comunicación. Estos hechos son una grave vulneración a la libertad de expresión.

Y los ataques armados continúan, el 15 de febrero se produjo un atentado frustrado en contra de la operadora de justicia, la fiscal Sonia Elizabeth Montes Valenzuela, quien junto con el piloto del vehículo en que se conducían, resultaron ilesos. La mencionada fiscal, desempeña la jefatura adjunta de la Fiscalía de Derechos Humanos (DDHH) del Ministerio Público (MP). Montes ha dirigido investigaciones en contra de estructuras criminales, de agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), del alcalde Arzú Irigoyen y de militares violadores de DDHH.

Todos estos ataques ocurridos hasta ahora, se interpretan como un intento de intimidar al sector justicia y de vulnerar las libertades de prensa y expresión, son también un retorno al perverso pasado, de cuando las dictaduras militares aplicaban la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y las políticas contrainsurgentes.

Guatemala, 23/02/2018.

Factor Méndez Doninelli

Maestro e investigador.

Consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.