En un acto con integrantes del 79 Batallón de Infantería y sus familiares en Tecatitlán, Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto incursionó en forma tan abierta como directa en el debate impulsado por Andrés Manuel López Obrador, al que no mencionó por su nombre como es costumbre en éste y el anterior sexenios, para refutarlo sobre su propuesta para hacer frente al crimen organizado de una manera nueva, de cómo lo hizo Felipe Calderón y lo hace EPN con resultados insostenibles porque la cifra de muertos en 2017 no tiene precedente.

Peña sostiene y está en pleno derecho a hacerlo, que en la lucha contra la delincuencia y para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, “no puede haber perdón ni olvido”. La tarea del gobierno es “mantener la lucha contra los criminales con firmeza y determinación. Así se hará hasta el último día de esta administración”. Y explicó que la presencia del Ejército tiene como objetivo cerrar el paso a los grupos criminales.

Porque, abundó, ésa es la principal obligación de un gobernante: “Cumplir y hacer cumplir la ley. Por eso, no cabe el borrón y cuenta nueva, porque dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar (sic) a México”.

Buen compromiso discursivo, pues implica que por fin los gobernados conocerán los nombres de los autores intelectuales –del crimen organizado y de los de cuello blanco que trabajan en el gobierno federal, incluidas las fuerzas armadas, y los otros dos niveles del Ejecutivo–, de la desaparición de los 43 de Iguala, Guerrero.  Y de pasadita por qué un terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional fue donado a José Luis Abarca Velázquez para sus negocios tan personales como ilegales, envueltos en la venta de oro, plata y joyas en Galerías Tamarindos, principal plaza comercial de Iguala, con un costo de 300 millones de pesos. Es pregunta, conste.

Para que la pieza oratoria no quede en demagogia, de la que el país está harto, acaso concluirán las investigaciones ministeriales y se producirán fallos judiciales sobre las matanzas cometidas durante el sexenio por elementos del Ejército, Marina y Policía Judicial, como las de Tlatlaya (estado de México), Tanhuato (Michoacán) y Nochixtlán (Oaxaca). De las violadas de San Salvador Atenco se ocupa la Corte Interamericana y la sentencia será dada a conocer en plena campaña.

Aparte de los buenos deseos y la retórica, importa que los polemistas del gobierno no oculten que se trata de una propuesta en construcción, que amnistía (olvido) e indulto (perdón de la culpa) son distintos porque la primera implica una ley del Congreso en el que AMLO no tendrá mayoría y el indulto lo decreta el presidente. Además de que será convocado un diálogo, y es indispensable, de acuerdo con el líder opositor, que “cuente con el apoyo de las víctimas”.

La precampaña como es natural pervierte el debate indispensable y trascendente para abandonar la estrategia “mexicana” y dogmática de 12 años, mientras en California, la quinta economía de la aldea global, ya es legal la producción, distribución y consumo de la mariguana.

Precampaña en la que Aurelio Nuño reconoce que Juan José Rendón no será contratado por el Partido Revolucionario para que impulse la “propaganda negra”, a la vez que puja cansinamente por convencer de que José Antonio Meade “está en empate técnico con López Obrador”. Y tras el milagro con respaldo en sondeos de los amigos, sentencia: “Hay dos proyectos: Meade y AMLO, lo demás es relleno”.

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