La larga noche golpista que se inició en Honduras el 28 de junio de 2009 no ha cesado. A nueve días de las elecciones generales celebradas en ese país centroamericano los oscuros manejos de los resultados electorales y la irregularidad en el conteo han generado la indignación ciudadana que desde el viernes realiza manifestaciones masivas en todo el país a pesar de la imposición del Estado de Sitio.

Once muertos suma la represión policial y militar contra las protestas de una población que ve cómo se esfuma una vez más la posibilidad de cerrar, en elecciones limpias, el ciclo autoritario que se inició con la interrupción del mandato de Manuel Zelaya hace más de 8 años atrás.

Los golpes militares tradicionales pasaron de moda. Por eso, el ciclo de los “golpes blandos” da cuenta de nuevas formas de quebrar a los procesos de transformación izquierdistas en América Latina. En Bolivia lo intentaron entre 2006 y 2008 con la atomización de país mediante movimientos separatistas violentos con el inestimable apoyo del embajador de los Estados Unidos, Phillip Goldberg , un experto en la balcanización de la exYugoslavia, que fue expulsado por el presidente Evo Morales por estos actos subversivos. En Ecuador, en 2010, mediante un motín policial. Ambos fracasaron. Tomaron nota. Aprendieron.

En 2009 ensayaron en Honduras con un golpe parlamentario cuando Zelaya tuvo la osadía de promover una consulta al pueblo en las elecciones generales de noviembre de ese año para decidir sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar una de las Constituciones más arcaicas de la región. Para evitar esta “consulta popular no vinculante” los poderes conservadores de la República -ya en franca oposición por las medidas populares que venía tomando este político liberal-: la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, el Congreso Nacional y la Embajada de los Estados Unidos perpetraron un golpe de estado, el Presidente Constitucional fue secuestrado por militares y enviado a Costa Rica. El titular del parlamento asumió la primera magistratura.  

Desde entonces, el pueblo se organizó para revertir el golpe. Sufrió muerte, cárcel, exilio. Se ejerció un férreo control militar en las calles, censura de prensa, cierre de medios alternativos y el asesinato de periodistas. El caso emblemático fue el homicidio de unos de los símbolos de la resistencia y líder de la comunidad lenca Berta Cáceres. Ocurrió el 3 de marzo de 2016 con la complicidad del gobierno de Juan Orlando Hernández y sicarios financiados por la empresa DESA que preveía construir un complejo de hidroeléctricas en el Río Gualcarque. Su crimen aún sigue impune. 

La fórmula golpista exitosa fue replicada en dos oportunidades más. En 2012 el parlamento paraguayo destituyó al presidente Fernando Lugo y en 2016 lo hizo con Dilma Rousseff en Brasil. No es casual que haya sido embajadora de los Estados Unidos en ambos países Liliana Ayalde, una funcionaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una tapadera de la CIA en América Latina para realizar trabajos de inteligencia y desestabilización. De agosto de 2008 a agosto de 2011, estuvo al frente de la legación estadounidense en Asunción. En 2012 recibió su premio: Subsecretaria Adjunta en la Oficina del Hemisferio Occidental, a cargo de las Oficinas de Asuntos del Caribe, Asuntos Centroamericanos y Asuntos Cubanos. Al año siguiente,  Ayalde fue nombrada  embajadora en la República Federativa del Brasil, cargo que ostentó hasta principios de este año. Las casualidades de la diplomacia de Washington.

El Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández parece haber sufrido el efecto contagio de otra formación conservadora de la región, experta en dar vuelta elecciones que parecen perdidas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México. En 1988, la ciudad de México sufrió un apagón eléctrico de proporciones. El candidato del opositor PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezada el recuento de votos y cuando la luz regresó el priista Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones. Casi 30 años después el oficialismo hondureño usó, sin ponerse colorado, la misma técnica. Salvador Nasralla, del frente Alianza de Oposición contra la Dictadura llevaba cinco puntos de ventaja con la mitad de los votos escrutados. Y, oh casualidad, se cortó la luz y el milagroso repunte del candidato oficialista que ahora aventaja a Nasralla. Según los datos oficiales Hernández supera a su contrincante por unos 45 mil votos (1,5 por ciento). Desde el viernes las organizaciones sociales, políticas, sindicales e indígenas salieron a las calles a protestar. El Tribunal Supremo Electoral deberá realizar un conteo voto por voto de aquellas actas anómalas. Son más de mil actas que representan cerca de 300 mil votos.

Carlos Humberto Reyes, unos de los líderes sindicales de Honduras, afirmó a Radio Mundo Real: “De confirmarse la continuidad de Juan Orlando Hernández como presidente mediante fraude electoral, aquí ya no habrá constitución que valga y las posibilidades son de una gran masacre”.

Reyes es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (Stibys) y referente de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación (UITA).

El silencio cómplice de Washington es explicado por Reyes: “Honduras ha tenido históricamente un papel de gendarme de los Estados Unidos en Centroamérica”. Referente del Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureña (FNRP) que surgió a partir del golpe de estado contra Zelaya señala que “ocho años después, aún con resultados electorales amañados y a partir de las movilizaciones masivas de este fin de semana, queda claro que la enorme mayoría de la población no respalda a Hernández”.

A su vez, la Red Sindicalista contra la Violencia Antisindical realizó un pronunciamiento sobre las elecciones en el que condena “el vergonzoso papel desempeñado por el Tribunal Supremo Electoral, en las recientes elecciones del 26 de noviembre de 2017, que con su falta de transparencia y tardanza en la declaración del presidente electo, ha generado una crisis multidimensional que atenta contra la paz” en Honduras, al tiempo que exigió al gobierno “detener la represión policial-militar contra la población hondureña que pacíficamente se moviliza a lo largo y ancho del territorio nacional contra la posible concretización de un fraude electoral” y que dé “marcha atrás a la suspensión de garantías constitucionales y respetar el pleno goce de los derechos humanos de la ciudadanía”. La Red se sumó a las “voces nacionales e internacionales que exigen al TSE hacer un conteo público de todas las actas de resultados del proceso electoral a nivel presidencial”.

A nueve días de realizadas las elecciones presidenciales en Honduras, el conteo se realiza con suspensión de garantías individuales mediante un decreto de toque de queda impuesto por el mandatario que busca la reelección, expresamente prohibida por la Carta Magna. Estados Unidos y la Organización de Estados Unidos (OEA), que preside Luis Almagro, muestran su complicidad a través de la falta de condena a este proceso fraudulento y represivo en Honduras. Es un silencio que avala los asesinatos a líderes sociales, campesinos y periodistas en Colombia, Honduras y México y amplifica la desestabilización a los procesos de cambio en Bolivia y Venezuela y a la Revolución en Cuba. Las fuerzas populares en América Latina deben salir de su letargo y denunciar este nuevo golpe en Honduras. 

06/12/2017

http://www.clate.org/nota.asp?id=5407&name=Golpe_continuado