Grupo de expertos y académicos centroamericanos en AdA y funcionarios de la Fundación Ebert en Bruselas.

El Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica cumplirá cinco (5) años de vigencia en agosto de 2018. Este acuerdo se sustenta en tres (3) pilares: a) comercio, b) diálogo político y c) cooperación para el desarrollo. Un problema para los países centroamericanos, es que solo está vigente el pilar de comercio, no los demás. La responsabilidad es de la UE y ciertos países, incluyendo Bélgica, que no han ratificado el Tratado.

En teoría, podría suponerse que estos dos pilares no son fundamentales, ya que el pilar comercial marcha bien, y no cambiarán sus resultados. No obstante, en una región como la centroamericana, los principios de integralidad y complementariedad son fundamentales. Tanto el diálogo político como la cooperación para el desarrollo, contribuyen a contrarrestar los efectos negativos que conlleva una liberalización comercial en países con instituciones débiles y extractivas.

La promoción de rubros de exportación como la caña de azúcar, camarón, palma africana y piña, está generando un creciente desplazamiento de población campesina de bienes salarios como los granos básicos, y conflictos de propiedad. Mucha de esta población enfrenta problemas de pobreza, por lo que la falta de alimentos e ingresos afecta directamente sus condiciones de reproducción material. Además, se evidencia la concentración de la propiedad en pocas empresas que operan bajo condiciones oligopólicas en la fijación de precios internos.

A ello se suma los estragos de la industria extractiva, que en el caso de Honduras han sido más que evidentes, con pérdida de hábitat natural y desplazamiento de comunidades étnicas como la lenca y garífuna, la represión, violaciones sistemáticas de derechos humanos y muerte. Según cálculos del Observatorio Territorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para 2020, el 50% del territorio nacional estará concesionado a empresas extranjeras.

Es por ello que varias organizaciones de sociedad civil a lo interno de los países centroamericanos y en Europa, han venido planteando la urgencia de una evaluación del Acuerdo de Asociación (AdA), con reglas claras y participación de una amplia gama de actores. El Tratado ya contempla dicha evaluación, que se espera realizar a inicios de 2019, después de un largo proceso de licitación internacional para contratar a la empresa (s) que presente la mejor propuesta tècnica-econòmica con base a términos de referencia elaborados por técnicos de la UE en Bruselas.

Hay temas fundamentales que no deben obviarse en dichos términos de referencia y evaluación. Las asimetrías entre ambos grupos de países es uno de ellos. La evidencia demuestra que el alargue del periodo de desgravación arancelaria para compensarlas será insuficiente y seguirá el mismo camino que el CAFTA-RD con USA. A medida que avanza el AdA el déficit comercial se profundizá. Las cifras recientes del CMCA (2017) muestran que la región centroamericana tuvo un déficit comercial en bienes de 5,954.8 millones de dólares en 2016, y de 4,554.3 millones de dólares en bienes y servicios; y las de SIECA (2016) muestran que el déficit con los países de la UE supera los 1,400 millones de dólares.

Una demanda regional de asociaciones de pequeños productores de la región, es mayor apoyo financiero para rehabilitar sus fincas y poder participar de los beneficios de la exportación a la UE. Se muestran anuentes a integrarse en cadenas productivas (En Honduras la experiencia de camarón, tilapia y hortalizas en la región sur es un ejemplo), pero también demandan apoyo técnico-institucional para sortear los cuellos de botellas que imponen las instituciones públicas y las barreras de entrada al mercado europeo. La conformación de un fondo multilateral de inversiones para apoyar este tipo de unidades productivas es urgente, por lo que la vigencia del pilar de cooperación para el desarrollo deberá contribuir a disminuir en parte las asimetrías.

Al interior de la UE, existen visiones encontradas. Los llamados abanderados del pilar comerciar perse, consideran que al entrar en vigencia el pilar de ayuda al desarrollo, ello no implica un aumento del monto de dicha ayuda (ningún peso más) y puede incluso disminuir. En la práctica, el Tratado suscrito es otro tratado más de libre comercio, por lo que los países de la región tienen que ajustarse, sortear los duros controles y medidas fitosanitarias, aumentar sus exportaciones a Europa y enfrentar la competencia futura.

En el caso del apoyo de la UE a la industria extractiva, especialmente minera, energética, forestal y turística, las demandas de comunidades y pueblos indígenas es que se apruebe la Consulta Previa para la ejecución de los proyectos, lo que permitirá su participación voluntaria e informada sobre los beneficios, costos e impactos negativos de estos; igual su rechazo. Miembros del Parlamento Europeo son del criterio que esta demanda es justa, por lo que debe legislarse en los países sobre el tema, siendo el Pilar del Diálogo Político un instrumento fundamental, en tanto se asocia la industria extractiva a actos de corrupción, destrucción del patrimonio ambiental, violaciones de derechos humanos y muerte de dirigentes comunitarios.

Ligado a ello, organizaciones campesinas, gremiales y ambientalistas han denunciado la sobreexplotación del trabajo de mujeres y niños referido a largas jornadas de trabajo, bajos salarios y ausencia de medidas de protección física y social. Frente a la ausencia del pilar de diálogo político, las medidas tomadas por los gobiernos se hacen en forma unilateral a través de los Ministerios de Trabajo donde se ha cuestionado la participación de dirigentes campesinos y gremiales no representativos de sus agremiados y acusados de corruptos.

Existen organizaciones de sociedad civil que vienen realizando un monitoreo de los resultados e impactos del Tratado, pero también de las violaciones de derechos humanos. Un ejemplo es la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENNIC), la Red COMAL de Honduras y el Observatorio de los Tratados Comerciales; sin embargo, es evidente la ausencia de la Academia y de expertos de cada país en dicho Tratado, que además de sistematizar la información en forma conjunta con las asociaciones campesinas, gremiales, indígenas, ambientalistas, empresariales, acompañe el proceso de evaluación interna del mismo.

Con apoyo de la Fundación Ebert este grupo de académicos y expertos ya ha sido identificado, por lo que la evaluación de cinco (5) años de vigencia del AdA por la UE, debe tomarlos en cuenta. Ello, va más allá de los grupos de trabajo que se han conformado por los gobiernos centroamericanos para darle seguimiento al Tratado y facilitar el diálogo político que, por cierto, no han funcionado.

Tegucigalpa, DC. 6 de Noviembre de 2017