El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves último el refinanciamiento y reestructuración de toda la deuda externa y de todos los pagos externos   para hacer un equilibrio y cumplir con todos los compromisos del país”, tras destacar que la última semana se  realizó el pago de 841 millones de dólares de deuda externa y este viernes de 1.121 millones de dólares correspondientes al bono Pdvsa 2017.

“Nuestra intención es seguir cumpliendo internacionalmente pero nuestra intención es que cese la persecución financiera de los bancos internacionales contra Venezuela”, aseveró. El Jefe de Estado nombró a una comisión especial para iniciar este refinanciamiento, la cual será presidida por el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien pidió convocar a todos los bancos y tenedores de bonos.

Desde distintas corrientes ideológicas se venía planteando que  para que el país pueda salir de la dramática situación de crisis, era necesaria  una reestructuración negociada de la deuda en aras de buscar realizar una quita tanto de capital como de intereses.

Maduro dijo que en los últimos cuatro años, el país ha pagado un total de 71 mil 700 millones de dólares. Según los analistas financieros más allá de que Venezuela haya sido un pagador puntual de deuda, las presiones en forma de sanciones financieras desde Estados Unidos y la caída de los ingresos petroleros obligan ahora al gobierno a cambiar la estrategia y buscar una negociación que presenta dificultades

La sanciones financieras que el gobierno de Donald Trump impuso a Venezuela en agosto tuvieron su primer efecto visible la última semana, ya que el anuncio de Maduro refleja las dificultades de Venezuela para cumplir sus compromisos de deuda: ha duplicado su deuda en bonos en los últimos diez años, tanto a través del Estado como de la petrolera estatal PDVSA. La deuda de Venezuela supera los 130.000 millones de dólares, según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que no necesariamente son fidedignos.

La capacidad de pago del país está vinculada a la de generación de divisas procedente de las ventas del petróleo, y la sostenida caída de los precios del crudo ha dificultado unos pagos que sin embargo hasta ahora el gobierno cumplió siempre. Venezuela, como país exportador, enfrentaría problemas aún más graves que otras naciones en caso de que se confirme una cesación de pagos o "default".

La caída de ingresos –que obliga a la búsqueda de financiamiento externo- y el pago de deuda provocaron que las grandes perjudicadas fueran las importaciones en un país que casi sólo produce petróleo y trae del extranjero lo demás. En 2016 se produjo una caída de importaciones del más de 50% respecto a 2015 –admitió Maduro- lo que significó problemas de abastecimiento de alimentos y medicinas para la población y una alta inflación. Y la caída de las importaciones afecta en diferente grado tanto a la producción como al abastecimiento de bienes esenciales.

De concretarse esta reestructuración, el gobierno tendría un respiro y podría dedicar más fondos a la compra de productos básicos.

Estrategia financiera

"Un refinanciamiento es una oferta de canje de bonos que se le ofrece a los inversionistas, y que ellos aceptan o rechazan voluntariamente. En una reestructuración se elimina el carácter voluntario y se les obliga a los inversionistas a aceptar los nuevos bonos. En cualquiera de los casos, el anuncio de Maduro fue más aspiracional dado que las sanciones  del gobierno estadounidense prohíben la emisión de nuevos bonos", dijo Alejandro Grisanti, experto en deuda.

El gobierno critica que pese a sus pagos puntuales, su prima de riesgo, que mide la posibilidad de impago, sea elevada. El indicador responde a percepciones en las que tiene que ver la grave crisis económica que atraviesa el país con la mayor inflación del mundo. El riesgo concede a los bonos una alta rentabilidad, lo que los hace apetecibles para los acreedores y eso a la vez mina las arcas del Estado venezolano, señala el diario opositor El Nacional.

Maduro denunció que la firma financiera Euroclear bloqueó el pago de 1.200 millones de dólares en los bonos que vencían el último jueves. No da para sorprenderse: se trata de una compañía de servicios financieros con sede en Bélgica especializada en la liquidación de transacciones de valores, así como en la custodia y el mantenimiento de activos de estos valores. Fue fundado en 1968 como parte de J.P.Morgan para liquidar operaciones en el mercado de eurobonos en desarrollo.

El 25 de agosto último,  Maduro informó que su gobierno, a pesar de la crisis y la guerra económica, cumplió fielmente con sus compromisos internacionales.

La estrategia financiera del gobierno incluía seguir endeudándose con aliados internacionales, bien fuera a través de préstamos pagaderos con petróleo y colocando como garantía las acciones de Citgo (la filial estadounidense de la estatal venezolana);  la emisión de bonos como fue la última realizada en diciembre 2016, y la realización de operaciones de reingeniería financiera.

Algunos analistas señalan como lesivos para la nación sendos convenios firmados en torno a las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, al Arco Minero del Orinoco y la venta de deuda con apetitosos descuentos para los “fondos buitre” como la venta de bonos al Banco de Inversión norteamericano Goldman Sachs realizado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en mayo de este año con un descuento de un 69%, a través de un intermediario financiero.

Al precisar las sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense, aparecen en la lista de los activos financieros perdonados, tres bonos identificados: ISIN XS0838835451, XS0504851535 y XS0838864808 que suman la cantidad de 1.022 millones de dólares que no forman parte de la deuda, sino que son de carácter privado y fueron constituidos por “empresas de maletín” en paraísos fiscales.

El mandatario dejó en claro que el país ha cumplido con sus compromisos internacionales, aunque desde Estados Unidos se trate de presentar al país como incumplidor de los mismos. La campaña es dura y este fin de semana se sumó a ella el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien señaló que el país “ha incumplido los plazos estipulados en los reglamentos del organismo” y dio un plazo de seis meses a Venezuela para que proporcione estadísticas sobre su economía (exportaciones e importaciones locales, operaciones de seguridad social)

Alcance de las sanciones de EEUU

Es indudable que las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela, están dirigidas a generar ahogo financiero, ya que restringen el uso de la plataforma bancaria de Estados Unidos para la estrategia que en materia financiera ha venido ejecutando el gobierno en aras de paliar en el corto plazo, las necesidades de flujo de caja en dólares y poder garantizar  el perfil de buen pagador.

La administración de Donald Trump golpeó aún más las finanzas venezolanas al prohibir en agosto "transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal" (Pdvsa). Fueron las primeras sanciones más allá de las individuales contra un gobierno al que Washington trata de derrocar por cualquier forma. Maduro afirmó que las sanciones le impidieron emitir un bono que tenía listo hace dos meses y que le habría supuesto entre tres y cinco mil millones de dólares al país.

Pero, a su vez, estas sanciones contribuyeron a fortalecer las relaciones que en el plano de la geopolítica mundial viene consolidando con los capitales chinos y rusos, aun cuando ello signifique, como efectivamente está ocurriendo, ceder progresivamente soberanía.

Hay quienes opinan que Trump ha sido el mejor aliado del gobierno de Venezuela, ya que le genera situaciones de donde sale con posiciones y alianzas que no hubiese logrado si el presidente estadounidense no se mete al mismo tiempo con China y con Rusia, conforman un Club que tienden a ser solidarios con Venezuela porque también son afectados con sus sanciones suicidas. China sabe, desde hace tiempo y por experiencias, que el manejo macroeconómico del gobierno bolivariano es un desastre y que la corrupción ahoga toda inversión útil.

Hasta la segunda mitad de 2018 Venezuela no tiene más obligaciones, aunque aún restará el pago de 800 millones de dólares en intereses, para los que hay un periodo de gracia de 30 días, según la agencia Reuters.

La reestructuración plantea ya de inicio un inconveniente formal. Según Maduro, el encargado de la comisión reestructuradora de la deuda será el vicepresidente Tareck el Aissami, sancionado por Estados Unidos, país sede de la gran mayoría de acreedores. O sea, los tenedores de bonos no podrán negociar con El Aissami ni con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, igualmente en la "lista negra" de Washington, que con sus medidas obliga al gobierno de Maduro a cambiar de estrategia.

Llama la atención que integran esta comisión personas sin conocimientos económico-financieros, ni experiencia en temas tan especializados como la renegociación de la deuda, y resalta asimismo la ausencia del BCV, tal vez el único rincón institucional donde queda algún equipo con experiencia y conocimiento. Lo que se teme es que este equipo sea presa fácil de los expertos que llegarán del mundo de las finanzas globales, los cuales disfrutarán imponiendo esquemas que les resultarán en altísimos beneficios particulares.

Las arremetidas de la administración Trump contra Venezuela se amplificaron en agosto  y profundizaron mediante la asfixia focalizada por parte de operadoras financieras contra el principal activo venezolano en Estados Unidos: Citgo Petroleum, filial de Pdvsa especializada en la refinación de crudo, que se traducen en un embargo petrolero no abiertamente declarado, pero que se ejecuta rigurosamente contra los activos petroleros del país. Es parte de un golpe financiero.

 Washington creó las trabas que dificultan obtener las líneas de crédito necesarias para comprar los 760 mil barriles diarios de petróleo y así sostener el abastecimiento normal de sus tres refinerías en Illinois, Texas y Luisiana, que necesitan unos 380 mil barriles diarios de crudo liviano, que es comprado en EEUU, México o Canadá, para así mantener las actividades de refinación y generación de combustibles con destino al mercado estadounidense.

La operación de asfixia consiste en que pocos proveedores de petróleo están dispuestos a vender cargas a Citgo en crédito abierto, y en lugar de eso exigen el pago anticipado o cartas de crédito bancarias para abastecer su red de refinación. 

Citibank, JP Morgan, Credit Suisse, BNP Paribas, ABN Amro y Deutsche Bank, parte de la élite financiera global, con un historial consolidado de ataques financieros a Venezuela, son las que se niegan a dar las cartas de créditos a los suministradores de crudo a Citgo.

La deuda

La deuda pública total (soberana y de PDVSA) de Venezuela se ubica - -según cálculos académicos-en unos 181.038 millones de dólares, de la cual entre el 77%  y el 80% está organizado en bonos que si bien  fueron adquiridos en bolívares, tanto su cupón como su pago al vencimiento, se deben realizar en dólares.

Este tipo de operaciones de deuda (deuda interna externalizada), se inició en 2007, cuando PDVSA emitió bonos pagados en USD  (7.500 millones de la deuda total de 16.006 millones de dólares de Pdvsa para ese año). El uso de la deuda como mecanismo de captura de capitales, se puede sostener en el hecho de que el país incrementó su deuda durante el período de mayor boom petrolero de toda su historia

En cuanto a la deuda pública total (sin incluir la de Pdvsa) como porcentaje del PIB,  pasa de ubicarse para el año 2008 en torno a un 17,6%, a un 71% en el año 2015. Incluyendo PDVSA, pudiera estar en 2016 alrededor del 100% del PIB. La deuda total, sin incluir a PDVSA, pasó de estar ubicada en torno al 104%  en relación a las reservas internacionales en 2008 a 1502% este año (hasta marzo).

¿Recompra?

El sorpresivo anuncio del gobierno venezolano de iniciar una reestructuración de la deuda externa se produce en un momento complicado para el país, por lo que para lograr esa meta tendrá que sortear una serie de obstáculos que van desde asuntos domésticos hasta relaciones internacionales.

Al anunciar una negociación con sus acreedores, encabezados por China y Rusia, Venezuela quiere ganar tiempo para recomprar eventualmente más tarde una parte de su deuda a precios muy bajos, afirmó Juan Carlos Rodado, del banco Natixis, quien es enfático al descartar un default, al no tener pendientes pagos importantes en el corto plazo. Para  Pdvsa el próximo pago vence en octubre de 2018 (los pagos mensuales en promedio de 142 millones de dólares) y para Venezuela viene en agosto de 2018, con  pagos de 240 millones de dólares.

Al no tener ningún pago fuerte en los próximos meses, Venezuela tiene tiempo para recomprar su deuda. Tras el anuncio de Maduro, el precio de los bonos cayó y si hoy quiere comprar sus propios bonos (otra cosas es que lo pueda hacer), los va a pagar a la mitad del precio. Para algunos analistas financieros internacionales, ésta puede ser una estrategia de Venezuela, pero la realidad es que no tiene recursos. Amenos que lo haga a través de Rusia y China, por ejemplo.

Desde el gobierno de Estados Unidos se viene presionando a los tenedores de bonos y los grupos de reestructuración de deuda (Cleray Gottlieb, Millstein) para que exijan negociaciones con la opositora Asamblea Nacional y no con la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legalidad cuestiona. Por ejemplo, Mark Walker, de Millstein, aseguró que no estarán dispuestos a negociar con un régimen si existe el riesgo de que los valores que reciben en una reestructuración puedan ser impugnados por un gobierno posterior.

En un proceso de reestructuración lo natural es ofrecer nueva deuda para extender los plazos de pago. Los bonos venezolanos y de Pdvsa están regulados por las leyes estadounidenses y ese país prohibió la emisión de nuevos papeles de ambas entidades por un plazo mayor a 30 días, lo que significa un gran obstáculo para negociar.

Las perspectivas económicas del país no son alentadoras y las señales de cambios que ayuden a resolverla son escasas, tanto en lo referente a la recuperación de la producción petrolera y de la economía en general, mientras se espera que el gobierno haga público el presupuesto de la Nación para el año 2018. Según las cifras de la OPEP, en el último año, la producción ha caído en 249 mil barriles diarios (-10,7%), lo que significó tres mil millones de dólares  millones menos de ingresos. Además, Venezuela ha comprometido parte de su producción con préstamos realizados de forma bilateral con China y Rusia.

Y, paralelamente, la capacidad de producción de la industria petrolera, lejos de incrementarse ha venido sufriendo un deterioro vertiginoso, denunciado no solo por el exministro de Petróleo y presidente de Pdvsa Rafael Ramírez sino también por el Fiscal General provisional (Tarek William Saab), quien vincula los hechos de corrupción en la Faja del Orinoco con un posible plan conspirador para hacer caer la producción petrolera.

Había consenso en el país sobre la necesidad de una reestructuración negociada de la deuda en aras de buscar realizar una quita tanto de capital como de intereses, alejándose de la asesoría-negociados de algunos asesores extranjeros, más allá de las consideraciones de que una gran parte de la deuda venezolana está asociada a un mecanismo delictivo de captura de renta petrolera. Lo de Maduro fue el anuncio de un anuncio: el tiempo y la realidad dirán que significará realmente.

Claudio della Croce

Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)