La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México recibió 140 denuncias contra las inmobiliarias, constructoras y promotores de vivienda, por quienes perdieron su casa con el sismo del 19 de septiembre, en las cuatro mesas receptoras de quejas instaladas en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, así como en las fiscalías de las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez.

Además, anunció la misma PGJ, se iniciaron 38 carpetas de investigación de manera oficiosa por cada inmueble colapsado, por el delito de fraude específico relacionado con el tema de constructores y comercializadores de inmuebles, cambio de uso de suelo y homicidio culposo. También se investiga el delito ambiental de responsabilidad de directores responsables de obra y corresponsables, por lo que se formaron unidades de operación en ministerios públicos con peritos del Colegio de Ingenieros Civiles.

A punto de concluir la fase del rescate de las víctimas de los escombro de las construcciones derrumbadas hace dos semanas por el sismo de 7.2 grados en la escala de Richter, y en el arranque de la reconstrucción “de un nuevo México” (dice Enrique Peña Nieto con exageración escandalosa), importa sobremanera que previa investigación exhaustiva e imparcial se finquen responsabilidades penales en contra de los desarrolladores inmobiliarios, los funcionarios delegacionales y capitalinos que con las añejas prácticas de la corrupción evadieron las normas de construcción, aprobadas después del trágico 19 de septiembre de 1985, y auspiciaron así que el “fenómeno natural” cobrara muchas más víctimas mortales, heridos y la pérdida del patrimonio de miles de familias.

A diferencia de hace 32 años, la reconstrucción es indispensable que contemple un combate abierto a las sólidas estructuras de la corrupción capitalina que están bien aceitadas por autoridades de origen perredista –avaladas por partidos “opositores” cooptados o de plano comprados– y el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, el doctor “apartidista” pero influyente como muy pocos en el PRD.

Un paso demasiado importante son las denuncias penales presentadas por la delegada de Tlalpan en contra de la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, donde 19 niños y seis adultos perdieron la vida; así como del director general de Jurídico y de Gobierno en 2010, Alejandro Zepeda Rodríguez, y Miguel Ángel Guerrero quien ocupó el mismo cargo en 2014.

El día que presentó los recursos jurídicos, los reporteros hicieron ver a Claudia Sheinbaum que su antecesora Maricela Contreras es aliada del Movimiento Regeneración Nacional, y la respuesta fue clarísima: “Como persona y como jefa delegacional, esto es indignante y tenemos que actuar porque estamos del lado de las víctimas, del lado de la ley y queremos que se haga justicia. Le pedimos al procurador de Justicia de la Ciudad de México que revise con cuidado todos los expedientes”.

La buena recepción mediática de la conducta de la hija del ingeniero y empresario de la industria curtidora hasta septiembre de 2013, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, desapareció por desgracia bajo el pretexto de que aspira a gobernar la capital del país, lo cual es así, pero lo que importa es la certeza del camino iniciado.

Queda en manos de la ahora muy reconocida sociedad civil para que en la justicia a las víctimas del 19 de septiembre de 2017, no permita la reedición de la impunidad de 1985 sólo porque son socios, parientes o conocidos del poder y del dinero.

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