“El pasado está vivo, ni siquiera ha pasado”
(Anónimo)

Es un hecho harto notorio que desde hace más de 24 meses la vida política de este país está sumergida en una especie de “enjambre” de eventos “sísmico-políticos”, cuyo epicentro se encuentra sin duda alguna en dos entidades clave: el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

Desde abril del 2015 ambas entes han sacudido las otrora inamovibles estructuras políticas de este país, generando una oleada de movilizaciones ciudadanas masivas que coadyuvaron a empujar a la cárcel a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti (expresidente y ex -vice-presidente respectivamente), y a decenas de ex –funcionarios de alto rango, todos ellos en prisión desde entonces, a la espera de que diluciden en los tribunales las acusaciones centradas en actos de corrupción y desfalco al tesoro público.    

A lo anterior se ha conjuntado  la sucesión de eventos de inseguridad y violencia social cada vez más cotidianos y de una escala nunca antes vista en las principales urbes del país; masacres en el interior de presidios, el horrendo incendio provocado que mató a más de 40 jovencitas en el interior de una casa hogar a cargo del Estado, masacres efectuadas por pandilleros en el interior de hospitales públicos y una sistemática ola de crímenes producidos en las calles a un promedio de 27 por cada veinticuatro horas.

Es en medio de este asfixiante panorama general en el cual el presidente Jimmy Morales ha hecho ingreso a su propio infierno, ganado a pulso y por voluntad propia, en especial, a raíz de su contubernio con oscuros remanentes de las viejas estructuras criminales y de corrupción ligadas a oficiales de la contrainsurgencia de los años setenta y ochenta, de quienes se dice en forma de secreto a voces, es un mero rehén o monigote.

Si bien es cierto que el presidente Morales ha mostrado una magistral inutilidad e ineficiencia durante sus casi dos años de gestión gubernamental (hospitales públicos colapsados, nulos avances en reducción de la pobreza y pobreza extrema, avances insignificantes en reducción de la desnutrición crónica y aguda infantil, colapso de los programas sociales a sectores vulnerables, imparable violencia en las calles y un largo etcétera), nada de esto logró reactivar la masiva indignación ciudadana de hace dos años, excepto una decisión política específica que muy burdamente el presidente Morales se atrevió a materializar.

Acudir a finales de agosto recién pasado al seno de las Naciones Unidas en Nueva York y solicitar la remoción de su cargo al jefe de la CICIG, el señor Iván Velásquez, y sugerir su expulsión inmediata de Guatemala, ha sido el peor paso en falso dado por el mandatario.

La reacción popular de sectores campesinos e indígenas de todos los rincones del país y diversos estratos medios urbanos no se ha hecho esperar.  Nuevas oleadas de masivas movilizaciones populares muy similares a las del 2015 se vienen sucediendo en los últimos días a lo largo y ancho del país (la más reciente de ellas movilizó durante un paro nacional por largas horas a centenares de miles de indignados en decenas de ciudades e incluso en algunas cabeceras municipales).

Los vientos huracanados sembrados por el inexperto presidente Morales han azotado fuerte sobre su propio gabinete de gobierno (al momento han renunciado varios ministros y vice-ministros), sacudiendo en su trayectoria también al Congreso, poder del Estado que Morales ha logrado cooptar casi en totalidad.

De esa cuenta que esos vientos huracanados se han redirigido también hacia un listado grande de diputados (alrededor de 108 de un total de 158), quienes sin medir las consecuencias y al intentar legislar con leyes específicas que frenan la lucha contra la corrupción, han experimentado en días recién pasados la furia ciudadana, al punto de quedar encerrados dentro del edificio del congreso hasta altas horas de la noche durante una sesión especial, pudiendo salir de las instalaciones solo por el auxilio de fuerzas policiales, liberándolos de las muchedumbres que afuera protestaban y pedían su inmediata renuncia.

Todos estos acontecimientos no se entienden a cabalidad sin la adopción de una imprescindible lectura histórica: durante su concurso directo en el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Árbenz en 1954, y la posterior lucha cruenta en contra del “comunismo” y en contra de las fuerzas insurgentes del pueblo en las décadas subsiguientes, los Estados Unidos crearon, organizaron, entrenaron y financiaron al monstruo de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, las cuales al paso de los años terminaron capturando al Estado, al punto de usarlo como medio para el apalancamiento de actividades estratégicas del crimen organizado.

Ahora que Estados Unidos ha reconocido que estas mafias criminales incrustadas en el Estado guatemalteco constituyen una amenaza a su propia seguridad interna, esta potencia se ha dado a la tarea (a través de la CICIG y el MP), de limpiar estas excrecencias peligrosas, que además de impedir la solución de problemas básicos del país, generan oleadas masivas de población migrante hacia el país del norte.

Pero las mafias se niegan a ser depuradas y ahora extensos sectores de guatemaltecos han logrado romper el terror implantado durante décadas por un ejército criminal y genocida.  En independencia de lo que las masas piensan sobre esa potencial mundial, saben que Estados Unidos está contra esas mafias y eso les alienta a movilizarse y salir a las calles.

Sergio Barrios Escalante
Investigador Social. Editor de la Revista virtual Raf-Tulum

https://revistatulum.wordpress.com/