Hoy, 25 de agosto de 2017, la Casa Blanca ha dictado un nuevo acto de dominio. Una declaración donde fija la primera sanción económica general contra Venezuela camuflada en una acción que declara que fue quirúrgicamente tomada para afectar lo menos posible al pueblo y lo más severamente posible al gobierno.

Quizás esa frase suene bien para un titular, no lo sé pero es una mentira de las tantas que nos hemos acostumbrado a escuchar. Primero por el elemental hecho que internacionalmente los Estados tienen un gobierno, una población y un territorio, que de manera conjugada e indivisible conforman una unidad.

Segundo porque las sanciones económicas, incluso individuales, han sido denunciadas desde las agencias de la ONU como una práctica que afecta siempre al pueblo porque dentro de los países o del sistema de países que las adoptan sirven para advertir a las empresas y a los ciudadanos que actúan a su riesgo en países que tienen hábitos de aplicar con mayor severidad y eficiencia sus normas que nosotros.

Pero si eso va sobre la generalidad quiero presentarles una primera y urgente lectura del texto según la redacción en inglés que del mismo hizo Rusia Today a través de un RT de lo publicado por Eva Golinger.

Al final del séptimo párrafo precisa el documento que las medidas supuestamente tan comedidas van a favor de asfixiar al gobierno y permitir la ayuda humanitaria. Quiero llamar la atención que las crisis humanitarias, de la que tanto posicionamiento mediático se ha hecho no son simplemente una situación más difícil que la ordinaria para acceder a los derechos.

La crisis y la ayuda humanitaria son conceptos típicos del derecho. Es decir, tienen un contenido preciso y se da en el marco del Derecho de Ginebra, de la guerra, de la hambruna, de la catástrofe.

¿Una declaración abierta de que se favorecerá la ayuda humanitaria? ¿Es decir, que se admite frontalmente que la situación que vivimos es provocada y que empeorará? ¿Cómo va a empeorar?

La redacción integra del comunicado, haciendo alusión a la decisión del Estado de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente –obviando por ejemplo que la misma nació de una elección-, de cortar la entrada de canales de televisión al espacio radioeléctrico nacional y por último, que la Asamblea Nacional Constituyente asuma la omisión parlamentaria. Son todas decisiones nacionales enmarcadas dentro del concepto de la soberanía nacional.

Este es el insumo primero que nos enfrenta a la tarea del presente, la supervivencia de la autodeterminación de los pueblos, la negación que pueda un tercer Estado reducir el marco de protección de los derechos humanos –integral y ordinario- a la penuria del socorro de la ayuda y el derecho humanitario de todo un pueblo.

La humanidad, insisto, está enfrentando la peor crisis de refugiados de la que se tenga registro. Este decreto empuja la situación venezolana a la despiadada situación a la que se ha sometido a Siria.

Miremos esta acción de modo concatenado con lo que viene de hacer Panamá. No estamos frente a una sanción contra PDVSA sino la negación del derecho a la vida, dentro o fuera de Venezuela, para los venezolanos. Esta acción, como tanto se ha dicho desde Chávez, es como las bombas no existe un radar que haga que sólo la paguen los chavistas.