Se conoció esta semana el Informe Simci sobre estimados de área sembrada de coca y de producción de cocaína en nuestro país y nos muestra incrementos en ambas dimensiones –se estima en 146.000 has los sembrados de coca y en 940 toneladas la producción de cocaína-. Llevamos varias décadas inmersos en ese ‘sube y baja’ o en ese ‘circulo vicioso’ de la producción de coca-cocaína y todo indica que un problema complejo, como éste, no se resuelve con soluciones simplistas, que normalmente son las que tienen a mano para dar la sensación de que están ’haciendo algo’.

Recapitulemos: hasta los años 70s del siglo pasado Colombia era un productor pequeño de marihuana y los cultivos de coca eran casi inexistentes –los capos del naciente Cartel de Medellín traían pasta de coca del Perú para procesarla y luego enviarla a los grandes mercados consumidores-. Lo anterior lo posibilitaba un Estado débil y con una presencia precaria o inexistente en el territorio. Se empieza a sembrar coca, especialmente en zonas marginales, con lo cual la cadena, de la producción al procesamiento se va a desarrollar acá; luego aumentan los cultivos de amapola para producir derivados de opiáceos. Todo esto aprovechando la debilidad del Estado y su precaria presencia en un territorio que no controlaba. Posteriormente los grupos guerrilleros encuentran en los cultivos de uso ilícito y progresivamente en el negocio del narcotráfico, una fuente de financiación de su guerra contra el Estado, pero también una base social que los apoya en los campesinos y raspachines que viven de esta actividad ilegal, pero lucrativa. Algunos dirigentes, civiles y militares, para justificar inicialmente la utilización de la ayuda norteamericana en la lucha contra el narcotráfico, contra la guerrilla, venden la idea de que la lucha contra la droga y contra la guerrilla era lo mismo. Pero se desmovilizó la guerrilla más numerosa y a la cual se le consideraba más involucrada en esta actividad ilícita y el negocio ilegal no desaparece; crece.

Pero también hay alta producción de coca en Perú y Bolivia y allí no hay guerrilla –de hecho prácticamente toda la coca y cocaína del mundo se produce en la región andina-. El gobierno colombiano propone disminuir este año en cien mil las has sembradas de coca -la mitad en sustitución concertada con los campesinos-.

Nosotros, por ahora como país, tenemos la responsabilidad, una vez terminado el conflicto armado con las FARC, de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los territorios -con toda su capacidad demostrada de inteligencia y operativa- para combatir todas las actividades ilegales, incluida ésta y además construir Estado en los mismos, para cerrar al máximo las posibilidades a este tipo de actividad ilegal.

Pero hay grandes debates que están pendientes –sólo en ciertos momentos se han tratado de dar- ¿Qué papel juega el consumo dentro de esta actividad ilegal, transnacional y generadora de grandes ganancias? ¿Es un fenómeno global que requiere políticas y compromisos de ese mismo nivel? ¿La responsabilidad es solamente de los países productores? ¿Qué peso tienen en el consumo las drogas sintéticas? Por eso, el miembro de la Comisión Global para la Política de Drogas, Michel Kazatchkine plantea que los Estados deberían ir hacia una regulación legal, que no es igual a legalización, sino apunta más hacia la reducción de daños.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional