Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991, que  es la figura política más importante de su país, Myanmar (antes Birmania),  desde finales de marzo de 2016 (ocupa los ministerios de Exteriores, Energía, Educación y la Oficina de la Presidencia, además de ser una de las figuras más protegidas por el Departamento de Estado y la prensa internacional a nivel mundial)  se ha visto obligada a impedir el arribo a su país de una misión de Naciones Unidas (ONU) para investigar las denuncias de asesinato, torturas y discriminación de la minoría ética musulmana Rohingya ( Ver: Los Rohingya más allá del mar).  Con una población cercana al millón de personas, en el remoto estado noroccidental Rakhine viven hacinados en campos de concentración, despojados de todo tipo de derechos políticos y sociales, incluido trabajar, vivir en pareja y tener hijos. En esos campos, la mayoría de los pobladores sufren de hepatitis B o C.

El gobierno birmano volvió a negar las acusaciones de estar sometiendo al pueblo Rohingyas a un genocidio. Aunque recientes denuncias han demostrado que el gobierno birmano en febrero último perpetró una nueva matanza contra menores que fueron ejecutados con cuchillos y machetes, en un nuevo capítulo de la operaciones de limpieza ética en el área de la provincia de Rakhine,  que incluyó por parte de las fuerzas de seguridad golpizas, desapariciones, violaciones colectivas, torturas y asesinatos, también perpetrados contra la población adulta. La gente de Birmania, que es un país de mayoría budista, ha visto durante mucho tiempo a los rohingyas como inmigrantes ilegales de Bangladesh (Ver Rohingya, sin derecho a nombre).

Se calcula en cerca de 80 mil los rohingyas que desde Rakhine huyeron a Bangladesh el año pasado tras las operaciones del ejército birmano. Por lo que en marzo, la UE pidió que una misión examinara las denuncias de abuso en el norte del país.

Hace más de dos años los medios internacionales relataron con detalle los padecimientos de este grupo racial y religioso originario de Bangladesh, pero que desde hace por lo menos diez siglos están instalados en la antigua Birmania. (Ver Rohingya la deriva constante).

Tras el estallido de los enfrentamientos en 2009 y  2012 entre musulmanes y budistas,  que fue la eclosión de décadas de hostigamientos por parte de la larga y sangrienta dictadura  militar, el fundamentalismo budista del grupo 969 y el ultranacionalista e islamofóbico Ma Ba Tha (asociación patriótica de Myanmar), recientemente ilegalizada, aunque ya actúa encubierta bajo otro nombre, continuó la persecución contra la minoría rohingya, obligando a muchos de sus integrantes a lanzarse al mar en una desesperada huida sin rumbo prefijado en embarcaciones improvisadas y obsoletas.

Así fue como miles de niños, ancianos, mujeres y hombres a costa de sus propias vidas intentaron llegar a países como Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia, de donde también fueron rechazados por las autoridades que les impidieron atracar, quedando al garete y sin víveres, de aquellos nada se sabe tampoco.

Jamás se conocerá el número de muertos de la gran huida de 2015,  acontecimiento que, tras varias semanas de atención por la prensa, se terminó hundiendo en la nada, sin que los rohingyas tuvieran una respuesta humanitaria, más allá de algún urgente y fallido encuentro de países de la región.

Las autoridades de Naypyidaw consideraron como “exagerado” el informe de la ONU y negaron cualquier tipo de acusaciones tras haber destruido los vestigios de las matanzas.

Mientras que dan como buena la investigación encabezada por el ex teniente general y actual vicepresidente Myint Swe, un hombre de la línea dura del ejército,  puesto en el cargo para monitorear al presidente Htin Kyaw, un civil de máxima confianza de Aung San Suu Kyi.

A su vez el mes pasado, la señora Suu Kyi, en Bruselas, sostuvo, frente a los cuestionamientos de la Unión Europea de que no aceptará la resolución de la ONU y el envió de una comisión investigadora: “La desconfianza entre las dos comunidades (budistas y musulmanes) se remontaba al siglo XVIII y que lo que su país necesitaba era tiempo” y que: “La resolución de la ONU había creado una mayor hostilidad entre las diferentes comunidades”.

Recién llegados de toda la vida

La comunidad de Myanmar, de amplia mayoría budista (un 89 % de los cerca de sesenta millones de habitantes) ha considerado desde siempre a los rohingyas como inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh. Asentados en el norte de la provincia de Rakhine, constituyen apenas un 4% del total de la población, pero las diferentes dictaduras militares que asolaron el país los convirtieron en el enemigo jurado.

En 1982, la dictadura militar dividió a la población en tres estamentos: los ciudadanos de pleno derecho de la Unión de Myanmar, los reconocidos por asociación y por naturalización. Siendo los musulmanes de Rakhine considerados como inmigrantes ilegales, y se los llama “bengalíes”, a pesar de que su presencia se remonta siglos atrás.

A los rohingya se les otorgó una tarjeta temporal conocida como “tarjeta blanca”, que, a pesar de ser considerados como ciudadanos de segunda clase, les permitía votar. En 2014, el gobierno birmano puso en marcha un proceso de verificación de la ciudadanía de las poblaciones musulmanas, y se había comprometido a naturalizar a las personas que se registraran como bengalí pero no como rohingya.

Aunque a partir del 31 de marzo de 2015, las tarjetas blancas perdieron validez dejando a la comunidad rohingya en un estado de inmigrantes ilegales, a pesar de poder constatar varias generaciones en el país.

El poderoso ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw,  desde 2009 ha organizado la Border Guard Force (BGF) que actúa particularmente en la frontera norte donde existe una fuerte presencia de carteles del opio. Myanmar es el segundo productor mundial de opio detrás de Afganistán, junto a un importante grupo de organizaciones armadas separatistas: unas veinte en todo el país como las Kachin Independence Army (KIA), T’ang National Liberation Army, National Democratic Alliance Army (NDAA) Shan State Army (SSA) Myanmar National Democracy Alliance Army (MNDAA) o la Shan State Arm. Estas, junto al Tatmadaw y los carteles del opio, conforman alianzas netamente “comerciales”.

Esta situación ha convertido el norte del país en una de las regiones más controladas y permite abiertamente el abuso constante contra los rohingyas, que siguen huyendo de Myanmar, sin encontrar refugio en ningún lugar. Por ejemplo el de Kutupalong, ubicado apenas cruzando el río Naf,  límite natural entre ambas naciones,   es el mayor campamento de refugiados rohingyas de Banglades con una población aproximada de 70 mil personas, a las que se les niega el rango de refugiada, siendo denominadas “ciudadanos indocumentados de Myanmar”.

Los rohingyas siguen flotando en la burocracia y el desinterés de las grandes potencias que esperan, como todo el mundo, que finalmente se hundan en el olvido.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.

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