Guatemala está dividida. Cierto. Siempre lo ha estado, y esa división tiene múltiples y complejas expresiones, desde las ideológicas, que se manifiestan en visiones del mundo y de vida distintas, hasta aquellos enfrentamientos que han devenido en crímenes de lesa humanidad, como el genocidio planificado y ejecutado desde el Estado.

Esta división es el resultado del proyecto y de los intereses de quienes han tenido el poder para diseñar, controlar e imponer un tipo de Estado y, por consiguiente, configurar un conjunto de relaciones sociales de explotación, exclusión, marginación y racismo, así como patriarcales, que configuran la sociedad guatemalteca.

Uno de los principales factores que explican la división de la sociedad guatemalteca hoy en día es la disputa que mantienen quienes controlan la economía y pretenden imponer un modelo económico basado en la sobreexplotación laboral y en el expolio de la naturaleza frente a un conjunto de pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos sociales que lo adversan y resisten.

En este sentido, en las últimas semanas ha sido relevante la pretensión del sector empresarial de suprimir los obstáculos jurídicos que enfrentan proyectos mineros e hidroeléctricos, en especial aquellos que fueron activados por la legítima acción legal de representantes de comunidades, pueblos y organizaciones. En este objetivo se articulan las cámaras empresariales y sus centros de pensamiento paraempresarial, como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el Movimiento Cívico Nacional y la Fundación contra el Terrorismo, así como el poder gubernamental y la mayoría de bancadas (de derecha) en el Congreso.

 Para el efecto, este sector minoritario de la sociedad emite discursos en los cuales recuperan los viejos conceptos de certeza jurídica, libertad de empresa, garantías de inversión y competitividad, y lanza acusaciones de socialistas y comunistas a quienes se oponen a sus proyectos, tal como lo hacen desde 1954 contra todo aquel que se opone a sus intereses. Ha activado una campaña mediática con campos pagados, editoriales, columnas de opinión y programas radiales y televisivos con los cuales intenta convencer de las oportunidades de inversión, empleo y desarrollo que el país pierde con resoluciones judiciales y acciones políticas de resistencia contra este tipo de proyectos. Asimismo, desarrollan acciones judiciales para revertir algunas de las resoluciones judiciales que les afectan, de modo que los organismos judiciales resuelvan a su favor y se armen casos de persecución contra las dirigencias de tales resistencias.

 Es evidente que el interés del sector empresarial, antes que la vigencia de los derechos constitucionalmente reconocidos, es la defensa de sus intereses particulares. Por esa razón ha sido insistente en la exigencia de que se reglamenten las consultas comunitarias (cerca de 90 hasta ahora), en las cuales pueblos indígenas y mestizos han decidido su oposición a los proyectos extractivos por los impactos ambientales, económicos y sociales que han experimentado y que han sido ampliamente documentados. En este sentido, se pretende invalidar las consultas realizadas por comunidades y pueblos, derecho ejercido y fundamentado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (de carácter constitucional), en el Código Municipal y en la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. La búsqueda es, asimismo, normar las consultas de tal manera que se logre (complementariamente) limitar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, así como lograr su consentimiento a los proyectos mencionados o, en su defecto, que la oposición a dichos proyectos no los impida.

 Es indudable que la división en la sociedad guatemalteca se agudiza, lo cual se debe a la falta de legitimidad de tales proyectos, que son cuestionados por su carácter impuesto, por los impactos que provocan en los territorios, por significar una apropiación en pocas manos de riquezas que son concebidas como bienes comunes por las diversas resistencias y por la insignificancia en lo que a ingresos fiscales se refiere. Asimismo, por la violencia con la cual han sido implantados, en especial contra líderes defensores de derechos que han sido encarcelados, amenazados e incluso asesinados, casos por los cuales organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han mostrado su preocupación y están activando procedimientos de verificación.

En este contexto surgen varias preguntas cuyas respuestas las encontraremos en discursos y políticas concretas del sector empresarial, que tiene su principal expresión política en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). ¿Continuará imponiendo sus proyectos e intereses minoritarios a costa de los intereses de las grandes mayorías que los adversan y no se benefician directa o indirectamente de ellos? ¿Trascenderá su visión estrecha para repensar el modelo económico? ¿Escuchará las voces y los intereses de los sujetos de las resistencias, quienes, en ejercicio de sus derechos y con legitimidad, se oponen al extractivismo? ¿Reconocerá que estos sujetos en resistencia (pueblos indígenas, comunidades rurales y campesinas, clase trabajadora) son coincidentemente los grandes perdedores de este proyecto de Estado y de esta sociedad construida desde el poder que representa como sector empresarial organizado? ¿Reconocerá que tienen preeminencia los derechos e intereses mayoritarios antes que sus intereses sectoriales?

Si revisamos la historia, respuestas positivas a estas preguntas son casi imposibles. Lo previsible es que la imposición de dicho modelo económico, de estos intereses minoritarios y de un Estado a su servicio provocará que se agudicen las contradicciones, que son expresión de la división histórica y renovada de la sociedad guatemalteca.