Primero dos hechos simples y cotidianos en el México que construye el Estado de derecho y un país de leyes, proclamados casi todos los días por los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña.

1. Elementos de la Policía Federal reprimieron con golpes y retuvieron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el 26-27 de septiembre de 2014, que intentaron entrar a una de las reuniones de la 47 Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos, realizada del 19 al 21 de junio, en Cancún, Quintana Roo, para demandar justicia y denunciar las irregularidades en las investigaciones sobre el caso Iguala. La información proviene de medios tanto oficialistas (la absoluta mayoría) como independientes.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 100 agentes de la Federal formaron una valla y golpearon a los padres y estudiantes para impedirles el paso. “Madres, padres y normalistas fueron replegados y agredidos física y verbalmente, impidiéndoles su derechos a la libre manifestación”.

Tres días después, 10 legisladores y dirigentes de algunos de los muy violentos partidos que forman la Mesa de Unidad Democrática, de Venezuela, “irrumpieron” con la plena tolerancia de los organizadores de la cumbre de la OEA en el salón de la plenaria para protestar con gritos de “¡Asesino!” en alusión a Nicolás Maduro, y “¡No queremos dictadura!” Al incidente los opositores le sacaron buen provecho, pues en ese momento el duopolio televisivo realizaba transmisiones en vivo.

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, llamó al presidente Maduro para “que no los reprima cuando regresen a su país: Se puede estar con ellos o no, pero hacemos votos para que el haber estado aquí no sea motivo de persecución política”.

2. Fue en Tiripetío, Michoacán, donde sí hubo represión mientras Videgaray abogaba por los vivales de la MUD. Policías estatales se enfrentaron con estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, a quienes reprimieron con el saldo de ocho lesionados (entre ellos un alumno y un menor heridos de bala) y seis policías, así como varios detenidos. Los estudiantes demandan el pago de becas de mayo y junio (de mil pesos por alumno) y recursos para el mantenimiento del plantel.

Los padres de los normalistas rurales de Ayotzinapa demandan “justicia” y denuncian “irregularidades en las investigaciones” sobre la desaparición de sus hijos. Y los de Tiripetío piden el pago de modestas becas. Pero ninguna autoridad mexicana los atiende porque Peña enarbola –como en los tiempos del presidencialismo absolutista– la máxima de “Candil de la calle, oscuridad de la casa”; el gobernador Silvano Aureoles está muy atareado en su precampaña gastando recursos públicos y el gobierno mexicano ocupadísimo en representar y defender los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe.

En Venezuela lo que se desenvuelve, en el fondo, es una cruenta disputa que no repara en las formas pacíficas y legales por el poder político y las inmensas riquezas petroleras que alberga, bajo los marbetes de la democracia, la libertad y los derechos humanos, mismos que niega la Mesa con acciones violentísimas que cuentan con el decidido apoyo de Washington y la solidaridad (¿voluntaria?) de 20 países de la OEA, “que representan el 93 por ciento de la población y el 98 del producto interno bruto”, como dice Videgaray quien, valga preguntar, ¿está haciendo méritos con Donald Trump para La Grande?

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