A los asesinados el 10 de junio de 1971 por el grupo paramilitar Los

Halcones y la decisión criminal tomada por Luis Echeverría Álvarez.

Como en los tiempos del partido prácticamente único –como los llamó Carlos Salinas, el asaltante de México durante 1988-94–, el ayuntamiento de la capitalina Aguascalientes, autoridades estatales y presumiblemente federales pusieron en juego el viejo y desgastado recurso de afrontar las demandas sociales con el uso desmedido de la fuerza pública para enseguida negociar, en este caso frente a las estudiantes de la Escuela Normal Rural Femenil Justo Sierra Méndez, de la comunidad de Cañada Honda, y posponer el proyecto de convertir la normal en mixta, y de reducir de 120 a 100 las plazas de nuevo ingreso. Ello con la venia de la “reformadora” Secretaría de Educación Pública, dirigida por el presidenciable Aurelio Nuño, quien forma parte del círculo íntimo de Enrique Peña.

Durante más de dos semanas, las aguerridas muchachas se pusieron en movimiento para defender uno de los reductos de la educación cardenista, del general Lázaro, por medio de marchas, plantones y bloqueos en la apacible capital hidrocálida, preferida de las trasnacionales para realizar inversiones.

El conservadurismo de la alcaldesa y el gobernador panistas, del partido de Ricardo Anaya y Margarita Zavala, subestimaron no sólo la decisión de las normalistas, sino también la capacidad solidaria de sus compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, los que se movilizaron y acudieron a apoyarlas, provenientes de los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, Puebla y Zacatecas.

Después de agredir a estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán; detener a 26 estudiantes, mandar a varios al hospital (“¡Por rateros y desmadrosos!”) y provocar choques automovilísticos en la persecución policiaca al camión en que se transportaban los alumnos, el gobernador panista Martín Orozco Sandoval descubrió el hilo negro:

“Luego de privilegiar el diálogo como la única vía para alcanzar acuerdos y garantizar la paz social que debe prevalecer (…) ambas partes llegaron a un consenso que coadyuvará a fortalecer el sistema de normales de la entidad (…)”

Como todas las normales rurales, incluida la de Ayotzinapa con todo y su fama mundial, el plantel, un internado donde viven las alumnas, opera en condiciones precarias. La escuela carece de mantenimiento, profesores, materiales educativos y servicios médicos. Para los alimentos de las 358 alumnas se destinan 6 millones 700 mil pesos al año, es decir, 51 pesos al día por cada una.

La extraordinaria falta de conocimientos sobre los antecedentes del problema, llevó a las autoridades formadas y deformadas en el Partido Acción Nacional, a soñar con imponer un proyecto excluyente; como en 2010 con base en el uso y abuso de las fuerzas policiacas para asfixiar la protesta de las jovencitas. También lo intentaron en 1994. Aún antes, en 1969 en que participé, el genocida presidente Gustavo Díaz Ordaz, la emprendió contra el sistema del normalismo rural, desapareciendo planteles, y contra la FECSM. Lo que es evidente no resultó a la larga, aunque en la inmediatez sí logró desarticular a la organización más antigua de los estudiantes mexicanos.

Son muy pertinentes, a mi juicio, las preguntas que se hacen en Rayuela, del diario La Jornada: ¿Por qué las odian tanto? ¿Por qué desde hace tantos años la traen contra las normales rurales? (11-VI-17).

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