Desde la década de los años 40 del siglo pasado, México se convirtió en un proveedor de drogas de Estados Unidos. Con el consumo, el mercado, y con ello, el negocio, estaba garantizado. Así crecieron y se desarrollaron las primeras bandas que, al paso de los años, se transformaron en cárteles regionales y verdaderas empresas transnacionales. Es imposible que a este nivel, los gobiernos en turno no supieran, y que, por comisión u omisión, no fueran parte del negocio.

Con la llegada del PAN a la presidencia en el 2000 (el PRI mantuvo su poder a través de la mayoría de gobernadores), este dejar hacer, dejar pasar (neo)liberal, aparentemente se dislocó. Una de las primeras acciones del segundo sexenio de la alternancia, en diciembre de 2006, fue lanzar a la calle a las fuerzas armadas (Ejército y Marina), frente a la ineficiencia/insuficiencia de las policías. Con ello, el narcotráfico –parte del crimen organizado—, se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Once años después, achacados a la inseguridad y violencia, hay más de 80 mil muertos y más de 26 mil desparecidos, sin contar los desplazados. Muchos, se dice, son producto de ajustes de cuentas entre las bandas. Y pasado todo este tiempo, se discute una Ley de Seguridad Interior, a fin de normalizar la presencia y actuación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública y, sobretodo, su relación con la población.

No hay duda que hay una escalada de violencia que el regreso a Los Pinos del PRI no ha podido contener. Un regreso acotado, pues se dice que el régimen priista nunca perdió el poder, entre otras cosas porque la política económica neoliberal es transexenal, es decir, la misma desde hace seis sexenios, con crecimiento errático, pero con una narco economía boyante, que es parte substancial de las cuentas nacionales (en el rubro de errores y omisiones). El regreso priista (recargado) es, de hecho, una restauración. Para decirlo en palabras de Bolívar Echeverría, se trata de la consolidación de la “restauración de la república oligárquica prerrevolucionaria”, cuyos gobernantes, agrego, operan como meros administradores del despojo y la explotación.

Las víctimas de la violencia, ya no son solamente entre el crimen organizado y las fuerzas armadas, sino alcanza ya a miembros de la sociedad civil, que, en lenguaje militar, son daños colaterales. Entre las víctimas se encuentran los defensores de los derechos humanos –muchos de ellos familiares de quienes han padecido la violencia, y ellos mismos violentados— y periodistas que cubren tales asuntos o que investigan presuntos nexos entre las autoridades y la delincuencia organizada. Terreno minado. El resultado es que, por ejemplo, al estar buscando a sus muertos, descubren otras fosas clandestinas de otros muertos.

La semana pasada, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) organizó el foro: Mujeres Periodistas. El poder de sus voces, en el que se resaltó la doble violencia que sufren por su género y por su labor, que van desde amenazas hasta asesinatos, que no se atienden ni resuelven, al estar en medio de un círculo de impunidad, que más bien resulta un laberinto. Labor que está considerado de alto riesgo y convirtiendo a México como uno de los lugares del mundo más peligrosos para el ejercicio periodístico. Aquí vale recordar lo que Guillermo Prieto, en sus Lecciones de Historia Patria afirmó sobre los objetivos de la libertad de prensa: ser “correctivo de la tiranía y afiance de todas las libertades”.

El mismo día, desde Londres, el Instituto de Estudios Estratégicos, que se aboca a asuntos de defensa y conflictos, advirtió que el año pasado México fue el país con mayor número de “homicidios intencionales”, sólo por debajo de Siria. Naturalmente, las autoridades descalificaron el reporte, al estar basadas en “metodologías inciertas”. Lo cierto es que hay personas que no únicamente son parte del extendido grupo de los vulnerables, sino que su actividad es de alto riesgo. 

Al día siguiente, 10 de mayo –Día de las Madres— fue asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, en su casa en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Ella se volvió activista, a raíz del secuestro de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez en 2012. Sin ayuda gubernamental, dos años después halló los restos de su hija en una fosa clandestina, y logró la detención de 13 personas. En abril pasado, denunció ante las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos que había sido amenazada de muerte… Tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas se encuentran bajo el amparo de un mecanismo de protección, que se creó en noviembre de 2012.

Si no fuera suficiente, el fin de semana, siete periodistas fueron detenidos por un centenar de encapuchados armados en un retén de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, en el norte de Guerrero, y fueron despojados de una camioneta y de sus equipos de trabajo; situación que el gobierno estatal achaca al crimen organizado. El día anterior, había llegado a la zona un contingente del Ejército.

No estamos en guerra, pero parece.