En Venezuela, durante los gobiernos de Hugo Chávez, los cambios fueron profundos en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo no obstante los persistentes intentos desestabilizadores, incluido el golpe de Estado conjurado y fracasado de 2002. Un hito fundamental de este proceso es la reforma constitucional de 1999 que busca garantizar la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y la construcción de poder social.

El proceso de cambios incluyó el desarrollo de formas de propiedad estatal y social, tales como la comunal y el cooperativo; sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantuvieron hasta ahora por presiones externas y por debilidades políticas internas.

Durante casi una década el petróleo tuvo precios mucho más altos que en períodos anteriores y eso posibilitó un aumento significativo de los recursos de que disponía Venezuela para llevar adelante proyectos de cambios profundos. Eso se modificó sustancialmente con la crisis de la economía mundial y la caída de los precios del petróleo.

La situación es particularmente compleja porque lo que queda del progresismo, luego de perder el gobierno en Argentina y Brasil, debe enfrentar: a) una ofensiva del capital por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la tasa de ganancia y trasladar los costos de las sucesivas crisis a los países periféricos y a los trabajadores; b) una agudización de las agresiones imperialistas para desplazar de las posiciones de gobierno a fuerzas de izquierda o simplemente progresista y sustituirlas por gobiernos estrictamente subordinados a sus intereses.

El objetivo principal e inmediato de los Estados Unidos es derrocar al gobierno de Venezuela - el país donde más esfuerzos se hicieron para fijar un horizonte de cambio social y una integración regional antiimperialista – al que trata de aislar internacionalmente, a la vez que su aparato comunicacional desarrolla una masiva, persistente, y sistemática campaña mediática buscando condiciones para legitimar todo tipo de confrontación interna y/o agresión externa.

En ese contexto Luis Almagro aparece a la cabeza de una ofensiva desestabilizadora contra Venezuela desde la OEA en “defensa de la democracia”, violando groseramente el principio de autodeterminación de los pueblos y tomando partido por la oposición de derecha que busca desesperadamente un golpe militar contra la actual administración y la intervención extranjera.

Almagro es un hombre cuestionado, entre otros aspectos, porque como ministro de Relaciones Exteriores comprometió en secreto al país – a espaldas del pueblo y del Frente Amplio - en las negociaciones de un acuerdo plurilateral impulsado por Estados Unidos: el Trade in Services Agreement (TISA). Un acuerdo absolutamente perjudicial para el desarrollo económico y la soberanía del país, como lo demostró el retiro de Uruguay del mismo en 2015.

Lo hecho por Almagro como canciller demuestra que tiene una “agenda” personal que se corresponde con los intereses de Estados Unidos, lo que da mayor verosimilitud al papel que se le atribuye en el documento “Venezuela Freedom-2”, fechado el 25/02/2016. En él se señalan sus acuerdos con representantes militares del imperio para derrocar el gobierno de Venezuela. En efecto, en el punto “h” de ese documento - firmado por el responsable del Comando Sur de Estados Unidos, general Kurt W. Tidd- se sostiene:

“h) Al mismo tiempo, en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA y los ex-presidentes, encabezado por el ex-secretario de la OEA, César Gaviria Trujillo.”

En dicho documento se plantea ostensiblemente una política de agresión militar contra Venezuela, que incluye la posibilidad de provocar una guerra civil y/o una intervención armada directa. Lo anterior estaría “justificado” desde el 9/03/2015, por la Orden Ejecutiva de Obama, declarando que la situación de Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

En los siguientes puntos se describen tanto los principales objetivos de una intervención armada como las fuerzas de que dispone Estados Unidos en la zona para hacerlo directamente.

“ j) En otro ámbito, tenemos que prestarle atención a la cuestión militar. Si bien hasta ahora ha resultado exitosa la campaña que hemos impulsado para disuadir y ganar adeptos en sectores institucionalistas… existe una alta probabilidad que los mandos identificados con el chavismo duro ofrezcan resistencia, sobre todo en unidades élites que históricamente se han alineado con el régimen. Por eso, hay que sostener el trabajo de debilitar ese liderazgo y anular su capacidad de mando.

k) Lectura similar es necesario hacer en relación al empleo que va a hacer el gobierno de las llamadas milicias y colectivos armados. La presencia de este personal combatiente y fanatizado en las ciudades priorizadas en el plan, se convierten en obstáculos para las movilizaciones de calle de fuerzas aliadas y grupos opositores, siendo también un impedimento para el control efectivo de instalaciones estratégicas. De allí la demanda de su neutralización operativa en esta fase decisiva.

l) Si bien en este terreno foco de la situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presente hay que concretar lo ya anteriormente planificado para la fase 2° (tenaza) de la operación. Los entrenamientos y aprestos operacionales de los últimos meses, con la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en la base de Palmerola, en Comayagua, Honduras, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur –Jiatfs, permite colocar tales componentes en condiciones de actuar rápidamente en un arco geo-estratégico apoyado en las bases militares de "control y monitoreo" en las islas antillanas de Aruba (Reina Beatriz) y Curazao (Hato Rey); en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo, Florencia y Leticia en Colombia; todo ello como Lugar de Operaciones de Avanzada (FOL con proyecciones sobre la región central de Venezuela donde se concentra el poderío político-militar).”

La OEA es el instrumento internacional principal para dar cobertura a la agresión que están realizando los Estados Unidos, al igual que persiguió y expulsó a Cuba y se ha mantenido al margen de las más evidentes violaciones de la democracia y de los derechos humanos si eran ejecutadas por gobiernos de derecha pro capitalistas. Hoy pone la “lupa” sobre Venezuela y se rasga las vestiduras por un conflicto de poderes que se dirime, mal o bien, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana. Es la misma OEA que calla lo que sucede en el resto del continente: los “golpes blandos” que han sucedido en Brasil, Paraguay y Honduras; los fraudes electorales concretados reiteradamente en Haití; los asesinatos y desapariciones de dirigentes sociales en, por ejemplo, Colombia, Guatemala y México.

La lucha de clases en Venezuela se agudiza, las confrontaciones internas crecen impulsadas, en buena medida, desde el exterior y se aproximan momentos decisivos. Para evitar que se siga avanzando hacia situaciones de enfrentamientos mucho más cruentas debemos exigir la aplicación del principio de no intervención en los asuntos internos de las naciones y la autodeterminación de los pueblos, repudiar el nefasto papel de la OEA y el deplorable papel de Almagro, rechazar tajante y claramente la actual intervención encubierta de Estados Unidos y su posible escalada hacia una agresión militar directa.

- Antonio Elías es Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) y de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay(REDIU).

(1) http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/operacion_venezuela_freedom-2-2.pdf

Publicado en el Semanario “Voces”, Montevideo, el 11 de mayo de 2017.