San Juan, 6 de abril de 2017 (NCM) – La estrategia de evitar que el pueblo se levante ante los decretos de la junta de control para poder entregarle a Wall Street activos y recursos naturales de Puerto Rico –explicada hace apenas una semana en Washington- pareció hacerse añicos la noche del miércoles cuando se extendió la huelga universitaria por todo el país.

De poco sirvieron las amenazas y los llamados a protestar sin rebelarse, ante el hecho de que miles de estudiantes de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico, su escuela secundaria, el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas decidieron convertir en “huelga sistémica” contra los decretos de la junta impuesta por la Casa Blanca el paro iniciado el 28 del mes pasado por el Recinto de Río Piedras de la UPR.

La huelga comenzó a la medianoche, aunque algunas de las instituciones universitarias deberán ratificarla en asambleas separadas.

Mientras los estudiantes mantuvieron abarrotado el Coliseo Roberto Clemente de la capital durante doce horas y deliberaban sin prisa ni muestra de cansancio, cientos de asistentes a la asamblea de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios acordaban no cruzar las líneas de piquetes y las barricadas estudiantiles. Además, los profesores acordaron unirse al paro nacional que intentan convocar sindicatos y otras organizaciones civiles para el primero de mayo.

Pero así como los huracanes se forman al encontrarse frentes climáticos opuestos, el inicio de la gran huelga universitaria coincidió con la publicación por parte del periódico Caribbean Business de la estrategia explicada en Washington la semana pasada de dar un “escarmiento” para que el país se dé cuenta de que la junta de control va en serio. Según dicha estrategia, de esa forma se podrá entregar a los inversores recursos como bosques, playas e instalaciones de infraestructura para satisfacer parte del pago de la deuda pública sin que se produzca una insurrección, que tendría el efecto de devaluar el interés empresarial en las transacciones.

La estrategia, que fue explicada por Kevin Orr –quien reorganizó Detroit luego de que esa ciudad se fuera a la quiebra- durante una asamblea empresarial, tendría que ser ejecutada por la ex ministra de finanzas de Ucrania Natalie Jaresko, contratada por EEUU para que se haga cargo de hacer cumplir los planes de la junta. Pero aún para la controversial ciudadana de Ucrania una operación de contrainsurgencia que equivale a seleccionar un opositor, pegarle un tiro en la cabeza y luego exhibir su cadáver en la plaza pública tiene aspectos complejos y difíciles de llevar a cabo con éxito.

El primer problema está en el Palacio de Santa Catalina, donde el gobernador anexionista Ricardo Rosselló ha accedido a cumplir las órdenes de la junta reclamando que se trata en su mayor parte de iniciativas suyas, pero intenta hacerlo de manera en que no sea señalado como culpable por el pueblo. Durante el paro en el Recinto de Río Piedras, Rosselló no ha enviado las fuerzas antimotines y los estudiantes han mantenido el control indisputado del campus.

Para Rosselló, como líder máximo del anexionismo, la situación es delicada además porque para el 11 de junio próximo está convocado un plebiscito para descolonizar a Puerto Rico, en el que el país escogerá entre las alternativas de solicitar convertirse en estado de EEUU y reclamar la “soberanía”, sea mediante una libre asociación o la independencia. Hasta ahora, la anexión aparece como favorita para ganar, pero sería incierto lo que pasaría si se desata el resentimiento popular contra Rosselló y EEUU.

Hasta ahora también, Rosselló –respaldado por una legión de propagandistas y relacionistas públicos- ha apostado al “diálogo” para convencer a los universitarios que acepten el recorte de la mitad del dinero que les asigna el Estado a cambio de ayudarles a conseguir otras fuentes de financiamiento para la universidad.

El segundo problema para poder implantar la estrategia es el de las dimensiones económicas, políticas y hasta geopolíticas de la crisis de Puerto Rico, que son gigantescas en comparación con las quiebras de ciudades de EEUU como Detroit y Washington. En el caso de esta pequeña nación isleña y colonia estadounidense, el endeudamiento del país por encima de su capacidad de pago ha sido el modo en que Washington y Wall Street han administrado esta colonia por lo menos desde el año 1900, hasta el punto de que en 1917 ya le deuda equivalía al doble del presupuesto del Estado.

La política de endeudamiento, que fue acogida con entusiasmo por la institucionalidad política puertorriqueña y el Congreso de EEUU durante décadas ayudó a prevenir que hubiese una conciencia generalizada del problema que representaba la brecha entre el producto nacional bruto y el producto interno bruto, que creció de 10 por ciento en 1972 hasta llegar al 33 por ciento anual desde 1996. Cuando la situación hizo crisis, a mediados de la década pasada, la economía colonial entró en una recesión profunda que ya lleva diez años y propició toda una serie de maniobras de dudosa legalidad en Wall Sreet para emitir cada vez más deuda con la que sufragar los gastos del Estado.

De hecho, uno de los reclamos principales de la huelga universitaria es el reclamo de que se haga una auditoría independiente para separar la “deuda ilegal y odiosa” de lo que pueda ser la responsabilidad real con los inversores. Sin embargo, Rosselló desmanteló el comité para la auditoría, mientras la junta no atiende el tema de la responsabilidad de Wall Street en la deuda de Puerto Rico, ni mucho menos el de la fuga de capitales.

La situación ha motivado que la Coalición Ecuménica e Interreligiosa, cónclave de los jerarcas de la iglesia católica y las iglesias protestantes del país esté convocando protestas para exigir la auditoría de la deuda.

Mientras tanto, se anticipan más medidas de empobrecimiento, con las que la junta espera sentar las condiciones propicias para reorganizar la economía, siempre y cuando no se produzca una rebelión.