Tras la apabullante derrota legislativa, política, de Donald John Trump en su obtusa necedad por derogar el sistema de salud estadunidense, popularmente conocido como Obamacare, con lo cual el apoyo a la Casa Blanca quedó colocado en apenas 36 por ciento (Gallup), el nivel más bajo desde que comenzó su mandato, el magnate se dispone a emprender una nueva batalla jurídica, política, para obligar a más 300 ciudades santuarios a colaborar con las policías federales en la detención de inmigrantes.

El fiscal general Jeff Sessions reconfirmó que el Departamento de Justicia que encabeza, retirará las subvenciones a las ciudades, condados y estados de la Unión Americana que se nieguen a perseguir a “migrantes criminales” y los ayuden a “eludir las leyes federales”, en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por Donaldo Juan en enero pasado, conocida como ley federal 1373.

Sessions jura: “No deportar extranjeros que fueron condenados por delitos pone en riesgo a todas las comunidades, especialmente a las de inmigrantes”. El monto retenido por el gobierno de Trump superaría los 4 mil millones de dólares, de los 13 mil 476 millones de subvenciones de la Casa Blanca para los estados, condados y ciudades.

Entre las urbes más afectadas se encuentra Washington, misma que podría perder 30 por ciento de sus recursos presupuestales; Chicago 13 por ciento, Nueva York 10, Los Ángeles 6 y San Francisco 5 por ciento. Los fondos se destinan a la educación, la salud y las acciones comunitarias.

Apenas la semana pasada, el fiscal general hizo una crítica muy severa a las localidades que se niegan a colaborar con la intensificación de las capturas y deportaciones de migrantes indocumentados emprendida por el gobierno de Trump. Mas el origen de la beligerante amenaza contra las ciudades santuarios está ubicado en la muy exitosa campaña electoral que realizó el magnate inmobiliario para despachar en la Oficina Oval, acompañado de familiares.

En la percepción y las aparentemente estrechas entendederas del grupo gobernante gringo, los “migrantes criminales” podrían ser personas que cometieron faltas administrativas o participaron en algún accidente de tránsito. Diversos especialistas estiman que se trata de una política xenofóbica y racista, y que son endebles los sustentos legales y hasta contrarios a la Constitución de Estados Unidos.

De allí que varias ciudades y condados emprendieron demandas legales contra el titular del Ejecutivo federal estadunidense para invalidar las suspensiones de fondos federales. La primera fue San Francisco, California, y el representante legal, Dennis Herrera, postula que la orden ejecutiva además de inconstitucional resulta antiestadunidense. Las autoridades de Nueva York y Los Ángeles rechazaron de inmediato el “apremio” (chantaje) de Jeff Sessions de acatar el decreto o perder los fondos federales.

El alcalde neoyorkino fue demasiado claridoso: “La amenaza del presidente no cambia nada. Seguiremos siendo una ciudad de acogida de inmigrantes, pues ellos han ayudado a convertirnos en la megalópolis más segura de la nación”. Incluso Houston, Texas, que no es ciudad santuario, anuncia que mantendrá “la tradición de acoger a los inmigrantes, al valorar y apreciar la diversidad”.

De esta manera, las amenazas de Sessions y Trump podrían ser, con independencia de los deseos del redactor, otra gran derrota política, judicial, para el plutócrata que aún no cumple los primeros 100 días de gobierno y ya padece un desgaste al parecer sin precedente.

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