La Secretaría de la Defensa Nacional habló fuerte, demasiado, por la voz del general José Carlos Beltrán, para rechazar las críticas que analistas, contados políticos, destacadamente Andrés Manuel López Obrador, y no pocos ciudadanos hacen sobre los excesos cometidos por integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal en la lucha contra el súper fragmentado y cada vez más violento crimen organizado, merced a las estrategias militaristas aplicadas en la última década por los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña.

Con tono sobreactuado, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, calificó de “injurias” y “ofensas” las documentadas críticas que produjeron procesos penales sin concluir y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También retó a los “actores sociales” (¿AMLO?) que tengan pruebas en contra de soldados que vulneraron las garantías individuales a que las presenten para que sean investigadas.

Y mintió abierta y deliberadamente: “Se han mencionado estas supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia, por hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis”. Todo lo contrario, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyó su participación en México sugiriendo en forma clara la presunta participación en la desaparición de los 43 de estudiantes de Ayotzinapa de algunos elementos del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero.

Miente, reta y descalifica un subordinado del divisionario Salvador Cienfuegos que, se comprende, cumple lealmente las órdenes del jefe castrense. Pero ambos se equivocan porque la sociedad civil y política de 2017 no es ni remotamente la del México de 1993, cuando ilegalmente secuestraron al general José Francisco Gallardo, lo chantajearon con tirarlo al mar desde un avión, encarcelaron, sometieron a múltiples procesos (hasta por el robo de una pila de radio) y sentenciaron por órdenes del fallecido Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre. Y me hostigaron hasta la desmesura por publicar en Forum una síntesis de la tesis de maestría sobre el ombudsman militar.

Vale la pregunta: ¿A quiénes pretenden asustar, inhibir, los que se presentan como ejemplares observadores de los derechos humanos de los presuntos delincuentes, de los civiles y de los mismos soldados atropellados por sus mandos?

El propósito está fuera de lugar, tanto que a las 24 horas de los desplantes del general Beltrán Benítez, el mismísimo presidente de la CNDH lo colocó en su lugar.

Luis Raúl González Pérez fue directo: “Las fuerzas armadas sí han violado derechos humanos y ello ha quedado acreditado en las recomendaciones que les hemos dirigido, entre ellas, por casos de tortura y de desaparición forzada de personas”. Además ‘‘han recibido y aceptado recomendaciones por violar derechos humanos. Y eso está acreditado”. Pero “no basta con aceptarlas, deben acatarlas y cumplirlas; necesitamos que se procese y sentencie a los responsables”.

Más aún, la recomendación 26/2001, sobre la llamada guerra sucia –donde se acreditaron más de 275 desapariciones forzadas de personas y actos de tortura y tratos crueles, muchos de ellos cometidos por elementos militares–, sólo ha sido “parcialmente cumplida”, pese a que el informe data de hace 16 años.

¿Así, o más claro todavía generales Beltrán y Cienfuegos?

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