El próximo 16 de julio se conmemoran los 50 años de la promulgación de la Ley 16.640, de Reforma Agraria. Esta Ley que fue sancionada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, permitió profundizar la Ley 15.040 dictada durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri. Como se sabe, en los hechos la llamada “Reforma del Macetero” solamente permitió expropiar unas pocas haciendas en manos de familias que obtuvieron un buen precio por las tierras cedidas al Estado. Con la nueva ley se crearon nuevas causales de expropiación que incluían aquellos predios mayores de 80 hectáreas de riego básicas (HRB); cuyos propietarios fueran personas jurídicas de derecho público o privado salvo excepciones contempladas por la legislación (cooperativas campesinas y de reforma agraria); que las tierras se encontrasen abandonadas o sub-explotadas; los predios que estaban en arrendamiento o mediería y que infringieran la legislación que regula los correspondientes contratos; los predios que se encontraban comprendidos dentro del área en que el Estado estuviere realizando obras de riego o de mejoramiento del mismo; etc.

En las tierras expropiadas se organizaba un sistema transitorio de expropiación – llamado asentamiento – en el cual el Estado apoyaba a los campesinos que allí habían estado trabajando por un periodo no inferior a tres años. El objetivo del asentamiento era establecer un sistema planificado de explotación en el cual se estudiara un plan de subdivisión de la tierra y se analizaran las mejores inversiones a ser realizadas en cada explotación, junto con la preparación y capacitación de los campesinos (a través de ICIRA) para que ellos realizaran una mejor gestión del asentamiento. Al final de dicho proceso, se contemplaba asignar la tierra a los campesinos bajo la forma de parcelas individuales o unidades familiares indivisibles, en forma de cooperativas de producción o en forma de sistemas mixtos, siendo una parte de propiedad familiar y la otra de propiedad cooperativa.

La Reforma Agraria de Frei (1965-1970) consiguió expropiar 3.4 millones de hectáreas correspondientes al 30% de las explotaciones y 40% de la tierra, beneficiando aproximadamente a 28 mil familias campesinas organizadas en cooperativas o asentamientos de Reforma Agraria. Sin embargo, la meta que se había planteado el gobierno de Frei Montalva en términos de expropiaciones no pudo ser cumplida. Debido a la frustración generada por las promesas incumplidas, al final de la administración Demócrata Cristiana una serie de movilizaciones y tomas de fundos se desataron en el país, presionando al gobierno para acelerar el programa de expropiaciones, lo cual solo sería posible con del triunfo de la coalición denominada Unidad Popular y de su abanderado, el socialista Salvador Allende.

Con el triunfo de Allende en las elecciones de 1970, la Reforma Agraria experimentó un ciclo de notable profundización. En respuesta al fracaso del programa de cambios conocido como “revolución en libertad” y como respuesta a su propia decepción sobre la lentitud y burocracia del proceso, los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana declararon que solamente una alianza de todas las izquierdas – marxista y cristiana- tendría la fuerza suficiente para impulsar las transformaciones que el país requería urgentemente, en oposición a la derecha política y a los grupos más conservadores que deseaban mantener sus privilegios económicos y su poder político.

El triunfo de Allende en las elecciones de 1970 significó pensar dicho proceso no solamente como una política destinada a ampliar el mercado interno, a través de la incorporación de vastos sectores de la población que se encontraban sin poder de compra de bienes industriales, fenómeno especialmente agudo en el caso de los trabajadores rurales, inquilinos y pequeños productores familiares. La Reforma Agraria era pensada sobretodo como una estrategia para hacer justicia social y también para socavar los cimientos del poder de las oligarquías agrarias que se mantenía casi incólume en el país desde los tiempos de la colonia.

En esta segunda etapa de la reforma, el gobierno de Allende intensificó y amplió el proceso de expropiaciones con una velocidad tal que con la misma ley 16.640 promulgada durante el gobierno anterior, a mediados de 1972 la casi totalidad de la tierra expropiable se encontraba en manos del Estado o de asentamientos campesinos. En el periodo que se ubica entre enero de 1971 y junio de 1972 se habían expropiado 6.4 millones de hectáreas que correspondían al resto de los predios (70%) y al 60% de la tierra. De esta manera se concluyó en 18 meses una tarea que el gobierno planificaba realizar en 6 años de mandato. Es decir, la reforma agraria en ese periodo fue realizada de una manera tan drástica y devastadora que el latifundio que había dominado por muchas décadas el Chile rural, prácticamente ya no existía en el país.

Entre las medidas tendientes a colectivizar la propiedad de la tierra, el gobierno popular se preocupó de desarrollar diferentes formas de organizaciones sociales en el mundo rural. Entre dichas organizaciones los Centros de Reforma Agraria (CERA) tomaron un nuevo impulso al asumir el gobierno. Los CERA eran formas asociativas generadas al interior de los asentamientos y su función principal consistía en proporcionar un apoyo organizado a las modalidades colectivas de pose y producción. Por su parte, las cooperativas campesinas también recibieron una fuerte sustentación desde el Estado ya fuera entre los sectores de pequeños propietarios y minifundistas tradicionales, ya fuera entre los asentados del sector reformado.

Si bien desde los tiempos de la Democracia Cristiana el proceso de Reforma Agraria logró suscitar enconadas polémicas a favor y en contra, fue durante el gobierno popular que dicha política provocó graves conflictos generando un clima de polarización acentuada entre los diversos actores políticos y sociales que la apoyaban o la rechazaban. El tema de la Reforma Agraria no dejaba a nadie indiferente e incluso entre los propios defensores del gobierno popular las disputas fueron cada vez más virulentas y frecuentes entre quienes querían construir un proyecto planificado y quienes deseaban acelerar aún más el poder popular de los sectores campesinos e indígenas.

Hoy sabemos perfectamente como las fuerzas de izquierda que apoyaban al gobierno fueron prácticamente pulverizadas ya desde el mismo día 11 de septiembre. Lo que se siguió a esa jornada representa un genocidio sin precedentes en la historia política chilena. El nivel de consciencia política y social y de claridad ideológica alcanzado por los sectores populares durante el gobierno popular fue duramente reprimido, aniquilando físicamente a los principales líderes de izquierda, tanto en la ciudad, como en las zonas rurales.

La tragedia chilena continuó durante muchos años suscitando innumerables debates sobre cuales habrían sido los caminos más adecuados para conquistar el socialismo en el país. Con la derrota del gobierno popular por medio de un golpe, la tesis de que Allende fue muy ingenuo al confiar en los militares ganó mucho aliento. También fue predominante entre una parte de la izquierda la idea de que el gobierno tenía necesariamente que armar al conjunto de la población para resistir a la agresión militar. Sin embargo, con el pasar del tiempo fueron adquiriendo mayor destaque otras interpretaciones que insistieron en la importancia de haber construido un bloque o alianza histórica entre todos los sectores políticos empeñados en realizar cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales imperantes en el país, utilizando para ello los instrumentos y las acciones que eran permitidas en el marco de una convivencia democrática.

Además, el proyecto de Allende y la vía chilena al socialismo era una experiencia inédita, no existía ninguna referencia o un modelo histórico que permitieran ver las huellas sobre los caminos a ser recorridos en el marco de una transición pacífica, institucional y democrática hacia el socialismo. El sistema presidencialista imperante en Chile le otorgaba a Allende ciertos grados de libertad para comandar el proceso de transformaciones estructurales, no obstante, durante el transcurso del mismo fue quedando cada vez más en evidencia, que tanto en la división interna de la coalición gobernante como en el rechazo violento de las fuerzas contrarias a tales cambios, el programa de la Unidad Popular y la reforma agraria en particular, comenzaron a sufrir serios tropiezos y contradicciones, lo cual finalmente significó que el Ejecutivo solo se dedicara a administrar una crisis que aumentaba cotidianamente.

Es que al final de cuentas nadie tenía certeza hasta donde la reforma agraria podría llegar y cuál era la verdadera meta a ser alcanzada dentro del programa de expropiaciones impulsado desde el gobierno central, el cual muchas veces fue cuestionado por las organizaciones campesinas y de izquierda. Los primeros concebían una reforma agraria con objetivos y aspiraciones limitadas, intentando moldear la realidad de una determinada manera. Pero, por otra parte, este era un campo de disputas ideológicas complejas, en que diversos actores se propusieron imponer sus respectivas visiones sin percibir que esto podría agudizar tremendamente los conflictos que desaguarían en un clima de enfrentamiento sin retorno.

Pensamos que el caso chileno ilustra de manera expresiva, la importancia que representa la construcción de una gran alianza nacional o “bloque histórico” que permita ir sustentando un proyecto de transformaciones substantivas para el conjunto de la sociedad y especialmente para los más desposeídos. En ese sentido, el programa socialista en democracia y libertad que Allende aspiraba instaurar en el país no era una utopía surgida de una mente voluntarista, sino que por el contrario, se apoyaba en una lectura lúcida y consciente de la realidad, en la certeza de que era posible utilizar las instituciones republicanas para lograr impulsar con éxito el conjunto de las medidas incluidas en su programa de gobierno, especialmente, la reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales, la construcción de un área de propiedad social y la estatización de la banca y del sistema financiero.

Lamentablemente el desenlace de la vía chilena y las relevantes disputas teóricas e ideológicas que se presentaron en su seno, fueron interrumpidas por el cruento Golpe de Estado de septiembre de 1973. No obstante, permanece el gran legado de la Reforma Agraria que no solamente le entregó la tierra a los que la trabajan -a los campesinos y peones del campo que la hacían producir con su esfuerzo de “sol a sol”-, sino que les proporcionó sobretodo la calidad de ciudadanos y la dignidad que se les había negado desde tiempos remotos.

Por lo mismo, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la Ley de Reforma Agraria (16.040) en Chile, el Centro de Estudios Territoriales Urbano-Rurales del Maule (CEUT) decidió organizar un Seminario con la participación de diversos expertos, académicos y actores que participaron el proceso de Reforma Agraria iniciado con la promulgación de la Ley 16.640 el día 16 de julio de 1967. El objetivo de este encuentro consiste en generar un amplio y rico debate sobre el impacto que tuvo la Reforma Agraria sobre la sociedad chilena y de reflexionar en perspectiva histórica sobre las transformaciones que experimentó la agricultura chilena a partir de este periodo primordial de la historia nacional y su impacto sobre la construcción de aquello que somos actualmente como país. Ello no solo en el ámbito de la producción silvoagropecuaria sino que fundamentalmente en términos de identidad nacional y de una voluntad para construir una sociedad más justa, inclusiva y fraterna.

Fernando de la Cuadra

Doctor en Ciencias Sociales. Académico del Depto. de Sociología de la Universidad Católica del Maule. Investigador del Centro de Estudios Urbano Territoriales (CEUT) de la misma Universidad.