La Argentina vive el nivel más alto de conflictividad social desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri.  Los días 6, 7 y 8 de marzo, resultaron ser una demostración de fuerza de convocatoria y de descontento contra el “modelo Macri”, un modelo neoliberal reciclado que ya ocasionó el despido de 249.143 trabajadores directos, especialmente del sector industrial[1], y un marcado aumento de la pobreza.

En los medios concentrados de comunicación el modelo Macri va bien, pero los datos estadísticos indican que, a pesar de la “recuperación económica” que anuncia el gobierno, en menos de 15 meses su gestión destruyó los salarios de la mayoría de los trabajadores, disminuyendo entre 7 y 10 puntos el poder adquisitivo[2], lo cual ha afectado el consumo con un efecto negativo sobre toda la economía. La inflación continua al alza impulsada por la devaluación, los aumentos exorbitantes en las tarifas de los servicios domiciliarios de al menos el 400%, el endeudamiento externo y la quita de impuestos a los más ricos. Según las últimas cifras oficiales del INDEC, la inflación del mes de febrero fue del 2,5%, la más alta en los últimos 8 meses. Todo ello configura un panorama catastrófico para los trabajadores, los empresarios nacionales, los pequeños comerciantes, las pymes y las cooperativas.

Contextos y lecciones del Paro Docente 6 y 7 de marzo

La paritaria nacional docente está prevista por la Ley 26075 del año 2006, una norma exigida por los docentes y establecida para evitar la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, como ocurrió en los años 90. Desde entonces, cada año se venían realizando reuniones de concertación entre los gremios docentes y el gobierno nacional donde se acordaban un piso salarial nacional, teniendo en cuenta la inflación y otras variables económicas. El modelo Macri decidió para el 2017 pasar por encima de la ley y no realizar la paritaria nacional, dejando a las provincias el debate salarial con la intención de dividir (focalizar) los reclamos y dejar a su suerte a las provincias más pobres.

Las campañas mediáticas en contra de los dirigentes docentes, no sólo van dirigidas a quitarle peso a los reclamos salariales, también pretenden generar un “estado de opinión” contrario a la educación pública. Y es que el gobierno de Macri no sólo está decidido a destruir el salario docente. Sus pronunciamientos y los del Ministro de Educación, Esteban Bullrich, indican que el objetivo es implantar un modelo de financiarización y la privatización de la educación, con el método de trasladarle a las familias el costo directo de la educación y quitarle poco a poco al Estado el deber de financiarla. El primer paso es dejar a su suerte la discusión salarial en las provincias, y no invertir en infraestructura, investigación y capacitación docente[3].

Después de las movilizaciones, el gobierno nacional no ha convocado a los docentes a ninguna conversación y sigue empeñado en que las provincias negocien una a una el salario, insinuando un techo salarial del 18%. Los sindicatos docentes ya convocaron nuevas medidas de fuerza nacional para el 15 y 16, y el 21 y 22 de marzo. Así, se configura un escenario que indica el comienzo de una etapa de confrontación al modelo Macri desde los gremios docentes, los estudiantes y otros sectores que defienden la educación pública financiada por el Estado. Esta disputa será fundamental para el rumbo del país, pues lo que está en juego es mucho más que un techo o un piso salarial.

La movilización que rebasó a la CGT, 7 de marzo

La Confederación General del Trabajo-CGT encabezó una multitudinaria movilización realizada el pasado 7 de marzo. Desde la perspectiva de la conducción de la central, la medida pretendía ser una demostración de fuerza que no necesariamente debía derivar en un plan de lucha o en la convocatoria a sumar medidas de acción. En lugar de eso, estaba orientada a conseguir un clima favorable para descomprimir la presión de los sindicatos de base.

Sin embargo, la situación económica ha generado un escenario social crítico, que impulsó a muchos otros sectores sindicales y sociales a participar de la movilización. Es el caso de la Central de Trabajadores Argentinos-CTA, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo-CNCT, movimientos políticos, movimientos territoriales, estudiantes, que convirtieron la movilización en una jornada de protesta para aumentar las presiones hacia las centrales obreras para que convoquen un paro general, mandándole un mensaje de descontento más claro al gobierno. Más de medio millón de personas se congregaron en el centro de la capital argentina y rebasaron simbólicamente a la dirección cegetista, profundizando la discusión interna entre los afectados por el modelo Macri: trabajadores de la industria, estatales, comercio, servicios, que piden el cierre de importaciones y aquellos aliados del presidente que piden esperar para que el modelo funcione, como camioneros y los peones rurales.

El efecto de la marcha es importante porque muestra la gran capacidad de movilización que tiene el movimiento popular, y logra marcar unas líneas de frontera con el modelo Macri que notifican a la dirección cegetista del límite que tienen los trabajadores. Se empiezan a mostrar otros gremios sindicales y la acción coordinada del movimiento popular para empujar a una acción decidida en contra de la apertura económica neoliberal, el endeudamiento externo y la destrucción del trabajo y el salario nacional. El próximo jueves 16 de marzo el triunvirato que dirige la CGT deberá decidir la fecha del paro general, o deberá explicarles a los trabajadores sus negociaciones con el gobierno de Macri.

El gobierno, por su parte, ha decidido comprar estabilidad. Le entregó al grupo Clarín la concesión de la telefonía 4G y seguramente repartirá, entre este grupo y otros interesados, el multimillonario negocio de las transmisiones del campeonato del futbol argentino. Un negociado que podría explicar también la actitud de concertación del sector de la CGT liderado por los camioneros en cabeza del clan Moyano, quien es arte y parte de la puja por el negocio del futbol, al ser el histórico dirigente sindical Hugo Moyano ahora presidente del Club Atlético Independiente y aspirante a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino-AFA.

Un día después de las movilizaciones, el gobierno también anunció la reglamentación de la Ley de emergencia social, pactada con la Confederación de Trabajadores de la Economía Social-CTEP para desactivar el conflicto en el mes de diciembre. Con esa ley el modelo Macri, había ganado tiempo para impulsar sus medidas neoliberales, bajando de intensidad a la conflictividad en el populoso conurbano bonaerense. Pero incumplió lo pactado durante más de tres meses. Después de las demostraciones de fuerza y los ruidos de paro general, el jefe de gabinete, Marcos Peña, explicó que ya está todo listo para la entrada en funcionamiento de los subsidios y apoyos a los más necesitados.

El paro de las mujeres 8 de marzo

Las mujeres de todo el país pararon y se movilizaron a Plaza de Mayo reclamando el cese de la violencia machista, en contra del ajuste económico del modelo Macri y por la libertad de Milagro Sala. Es la cuarta marcha de las mujeres: la primera fue el #NiUnaMenos el 3 de junio de 2015, repetida el 3 de junio de 2016 y el primer Paro de Mujeres el 19 de octubre, lo que permitió poner en el centro del reclamo la trama económica de la violencia patriarcal^[4].

Esta masiva movilización, puso sobre el tapete las desigualdades a las cuales se enfrentan las mujeres y las múltiples formas de violencia que las someten. Durante 2016, hubo 290 casos de femicidio. En lo que respecta al mercado laboral, 43 madres de cada 100 deben dejar de trabajar para ocuparse del cuidado de sus hijos. Además, la diferencia remunerativa entre la mujer y el hombre por el mismo cargo es de -27 %.

El reclamo contra Macri en el Paro de Mujeres tiene razones de peso, el 19 de octubre de 2016 mientras se realizaba un primer paro de las mujeres en rechazo al femicidio de la joven Lucia Pérez en Mar del Plata[5], Macri eliminaba la Unidad Fiscal Especializada de violencia contra las Mujeres (UFEM), la única del país dedicada a la investigación de femicidios mediante un proyecto de ley. Todo lo contrario a la demagogia de la campaña del 2015 que pocos recuerdan y que al gobierno no lo desvela.

La respuesta del gobierno macrista frente a los reclamos de las mujeres ha sido la criminalización de la protesta. La jornada del 8 de marzo terminó con 20 mujeres y cuatro varones detenidos. En medio de un descontrol policial que atenta contra los fundamentos del Estado de derecho se llevaron a cabo detenciones arbitrarias sin orden judicial. Incluso Amnistía Internacional repudió lo sucedido. Por otro lado, la respuesta estatal del gobierno ha perjudicado la defensa de los intereses de las mujeres: cuando era Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri cerró el programa de atención a víctimas de delitos sexuales dejando sin la asistencia estatal a las víctimas de abusos sexuales. Además, desde su gestión como presidente, descendió el nivel de participación femenina al frente de dependencias estatales.

Un dato no menor es el presupuesto que recibe el Consejo Nacional de las Mujeres, órgano responsable de implementar la protección contra la violencia de género. La cifra es 87.629.846 pesos, lo que equivale a 4,25 pesos por mujer representando el 0,0055% del total del presupuesto nacional. Como Colofón, con la modificación del Decreto N° 357/2002 que reglamentaba la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, dejó de darle prioridad al programa, que era de alcance nacional^[6].

En suma, el incremento del nivel de conflictividad, en el marco de un año electoral, tiene al gobierno en problemas. En este escenario es probable que continúe la profundización del conflicto ante la negativa gubernamental de cambiar el rumbo del modelo económico neoliberal, aunque también es esperable que el gobierno apueste a una desaceleración del ajuste para aumentar sus chances en las elecciones de octubre donde se juega la gobernabilidad, para después optar por seguir implementando sus medidas de shock neoliberal. Esos escenarios se decidirán en buena medida por las acciones que emprendan los sectores movilizados durante esta semana y del mensaje que envié la movilización del 24 de marzo -día de la memoria-.

- Javier Calderón (@javiercc21) y Maria Florencia Pagliarone (@Floripa_2012) / Investigadores CELAG

Notas

[1] Centro de Economía Política Argentina (2017), Documento de Trabajo No. 8, Hecho en Argentina, Análisis de los despidos a febrero de 2017.

[2] http://www.agendaabierta.com.ar/2017/02/argentina-es-el-segundo-pais-del...

[3] http://www.perfil.com/politica/vidal-desafio-a-baradel-y-justifico-que-n...

[4]http://www.nodal.am/2017/03/argentina-analisis-los-hechos-dieron-pie-al-...

[5] http://www.telam.com.ar/notas/201610/167011-niunamenos-paro-mujeres-marc...

[6]http://www.eldestapeweb.com/a-un-ano-del-ni-una-menos-el-macrismo-vacio-...

Artículo publicado en: http://www.celag.org/argentina-en-movimiento/