SAN JUAN, 13 de febrero de 2017 (NCM) – Un recurso legal para detener el proyectado plebiscito entre anexión a Estados Unidos, libre asociación con esa potencia o independencia, fue presentado ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por un veterano político autonomista, que alega que el gobierno puertorriqueño se ha extralimitado en su autoridad.

El reclamo, del ex senador y ex comisionado electoral del opositor Partido Popular Democrático Eudaldo Báez Galib, viene a ser la segunda barrera colocada este mes para la celebración de la consulta, pautada para el 11 de junio próximo.

La semana pasada y por petición del Partido Independentista Puertorriqueño, el congresista Luis Gutiérrez (D-Illinois) presentó en la Cámara de Representantes de EEUU el proyecto H.R. 900 para que Washington descarte oficialmente la anexión de Puerto Rico, reconozca su condición de nación y ordene un plebiscito entre libre asociación e independencia. Aunque la medida no recibió de inmediato respaldos de otros congresistas, el PIP ya inició gestiones para poner al tanto de la misma a la jefatura del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que tiene desde el año pasado el mandato de promover por canales diplomáticos la solución del caso puertorriqueño.

El recurso presentado por Báez Galib solicita que el organismo electoral paralice los trabajos para la celebración del plebiscito porque –según su argumentación- el gobierno de Puerto Rico está tratando de pasarle por el lado a un “campo ocupado” por el de EEUU al no seguir el orden establecido por la ley del Congreso que asignó fondos para esa consulta. De acuerdo al documento, Puerto Rico tenía que someter primero, antes de aprobar la ley para la consulta, el texto propuesto para la papeleta de votación –con la definición de cada alternativa- y todos los demás documentos relativos a la campaña de educación y administración del proceso para que fuesen avalados por el Departamento de Justicia y el propio Congreso de EEUU.

Una negativa de la CEE a responder la solicitud de Báez Galib, o una declaración de “no ha lugar”, allanaría el camino para que el asunto pase a los tribunales, ruta que ha usado con éxito en otras ocasiones el estratega autonomista para descarrilar acciones del gobierno de Puerto Rico relativas a la condición política de esta nación caribeña y colonia de EEUU.

De momento, las acciones de Gutiérrez en el Congreso de EEUU y Báez Galib ante la CEE no aparentan tener la fuerza necesaria para detener la consulta, con la que el oficialista Partido Nuevo Progresista espera validar su reclamo para que Puerto Rico se convierta en un estado de EEUU. La noción generalizada en el país es que el movimiento anexionista es el favorito para ganar la contienda, que no incluye la condición política actual y eliminaría de forma definitiva –al menos tal es la creencia de sus proponentes- la lucha legítima por la independencia.

De hecho, ya se conoce que la esperanza anexionista de eliminar la lucha por la independencia de Puerto Rico tiene visos de creencia prematura.

En días recientes, el nacionalista Rafael Cancel Miranda, quien cumplió varios decenios de prisión por el ataque al Congreso de EEUU en 1954, advirtió que no le reconoce a Washington autoridad alguna para un plebiscito en Puerto Rico, que fue bombardeado e invadido en 1898 sin que para eso se efectuase una consulta electoral. Cancel Miranda, que se ha convertido con el correr de los años en una figura muy respetada en el país, dejó claro que el derecho a la independencia de Puerto Rico no se somete a un resultado electoral.

Mientras tanto, EEUU ha logrado mantener en silencio la voz de otro ex prisionero, Oscar López Rivera, quien fue trasladado a Puerto Rico la semana pasada para que cumpla en condiciones de restricción domiciliaria los últimos meses de su sentencia hasta que entre en vigor la conmutación de su pena decretada por el anterior presidente, Barack Obama, lo que está previsto para el 17 de mayo. Entre las condiciones impuestas está que durante ese tiempo López Rivera no puede hacer expresiones públicas ni participar en eventos políticos.

Pero aunque mantenga el silencio impuesto, la amnistía a López Rivera dejó claro otra barrera frente a los intentos de anexión de Puerto Rico.

La conmutación de su pena fue firmada por Obama el mismo día que EEUU y Cuba firmaron un acuerdo diplomático para, entre otros asuntos, coordinar acciones conjuntas contra el terrorismo y el tráfico de armas. Además, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) saludó el evento y reiteró su posición por la independencia puertorriqueña como parte del objetivo de un Caribe sin colonias.

El papel que finalmente juegue la comunidad diplomática latinoamericana todavía es incierto y parece depender mucho de cómo se desarrollen los acontecimientos en Venezuela, país que ejerce un liderato importante en el Comité de Descolonización de la ONU. Las gestiones que se lleven a cabo o no en torno al H.R. 900 pudieran dar algún indicio.

Otro aspecto de mucha incertidumbre es el nivel de apoyo que pueda haberse incrementado o menguado en el pueblo para que EEUU siga teniendo bajo su bandera esta nación isleña del noreste del Caribe. En ese contexto, está por verse si el oficialista PNP y el gobierno anexionista mantienen suficiente respaldo popular para llevar ese mensaje luego de actuar bajo el mando de la Junta de Control impuesta por EEUU y que está empobreciendo de forma sistemática el país para estabilizarlo y cobrar la deuda con los inversores de Wall Street.

En días recientes, una reunión banquete de la Asociación de Industriales con el Gobierno se llevó a cabo en un hotel rodeado de fuerzas policiales mientras afuera miles de obreros marchaban en oposición a las medidas para enriquecer más a empresarios e inversores. Durante el evento, un alto oficial de la Policía nacional se quejó en voz baja con la prensa de que ahora los uniformados tienen prohibido mencionar la palabra Dios.