Los especialistas en solución de conflictos armados señalan que en todo el proceso que apunta a la terminación de los mismos y que conlleva varios momentos –pre-negociación, negociación propiamente dicha, implementación, seguimiento y evaluación-, cada uno de ellos con sus propias complejidades, que el momento más difícil y donde hay alto riesgo de fracaso está en la implementación, porque es allí donde se busca materializar, las buenas intenciones que se plasmaron en un documento, el acuerdo final, pero donde se pone a prueba la capacidad de ejecución del Estado y la flexibilidad del movimiento insurgente para irse acomodando a la compleja realidad.

En este momento se evidencian las dificultades presupuestales, los engorrosos procesos administrativos, las rivalidades entre diversas unidades administrativas del Estado por asumir protagonismos, los que quieren sacar beneficios políticos personalizados, la lentitud y requisitos de la cooperación internacional, lo que llamaba el ex presidente López Michelsen ‘la dictadura de los mandos medios’, en síntesis, la complejidad que conlleva la ejecución adecuada de las políticas públicas. Pero también, la decisión política de la insurgencia que está haciendo el tránsito hacia la vida civil, para cooperar frente a las dificultades y tomar progresivamente las decisiones políticas que contribuyan al éxito de la implementación. Este es el momento que estamos empezando a vivir en la implementación del acuerdo entre Gobierno y FARC y que si no se maneja adecuadamente por las partes y por los medios de información, puede contribuir a crear una opinión desfavorable del mismo.

Está empezando la implementación normativa en el Congreso, no sin dificultades con los sectores de oposición, a través del mecanismo abreviado –reformas constitucionales y leyes necesarias para hacer realidad los acuerdos-, esa es una dimensión de la implementación –faltan las normas sobre la Justicia Especial para la Paz, el Estatuto de la Oposición, la Reforma Electoral, entre otras-. Pero al mismo tiempo estamos viviendo la implementación de lo relativo al proceso de concentración de las fuerzas guerrilleras en las zonas veredales transitorias hacia la dejación de armas, lo cual implica el compromiso del Estado de adecuarlas, tanto para la Misión Tripartita de Verificación –ONU, Gobierno y FARC-, como para la permanencia de los guerrilleros durante los seis meses acordados; en esto como sabemos se han dado demoras y retardos debidos a diferentes factores de imprevisibilidad del Estado, así como de la complejidad de los procedimientos administrativos y su falta de adecuación a las realidades de la Colombia profunda del mundo rural.

Apenas comienza la otra dimensión de la implementación, la que debe beneficiar a las poblaciones rurales más pobres de los territorios donde el conflicto tuvo mayor intensidad, la que se expresa en los acuerdos agrarios –formalización de la propiedad, catastro rural, programas de desarrollo rural con enfoque territorial- y de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, que afortunadamente esta semana ya arrancó en forma con el acuerdo de la Oficina del Ministro Consejero para el Postconflicto y las FARC de fijarse una meta conjunta de erradicar este año cincuenta mil hectáreas de cultivos de coca, desarrollando así el espíritu del acuerdo de trabajar conjuntamente en esa dirección para dar resultados a corto y mediano plazo.

No hay duda de la decisión del Presidente y sus altos funcionarios, así como de los dirigentes de las FARC, de seguir avanzando en la implementación, ojalá todos los colombianos acompañemos esa decisión.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional