Esta semana se conoció por boca del Presidente Santos que el nuevo vicepresidente será el General ® Oscar Naranjo, sin duda un colombiano que tiene todos los merecimientos, por su trayectoria policial, con un claro enfoque de colaboración y respeto con los gobernantes civiles elegidos democráticamente y como responsable de tareas muy sensibles, para ocupar este cargo y ser el coequipero del Presidente en la fase final de su gobierno. Muy buena noticia.

Pero no se trata simplemente de reconocer honores a un compatriota que los merece con creces. Se trata de uno de los colombianos que mejor conoce los desafíos y amenazas de seguridad, especialmente en este sensible período de transición. Porque se trata de garantizar que en aquellas regiones donde los frentes guerrilleros de las FARC cumplían un rol de ’control’ del orden, una vez replegados sean copados por el Estado, mejor dicho, se empiece a construir Estado en serio, con presencia permanente de Fuerza Pública, de inspectores de policía, maestros, médicos, fiscales, jueces, etc., es decir, el Estado en su totalidad, para cumplir la función constitucional y legal. No se trata que funcionarios, regionales o locales, anden diciendo en los medios de comunicación que grupos de crimen organizado están comenzando a controlar estos territorios sin que estén haciendo nada –a ellos se eligen no para que denuncien, sino para que actúen-, o que ante el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios, la discusión sea semántica, acerca de cómo se llaman esos grupos criminales –si paramilitares de nueva generación, si grupos de crimen organizado, si bacrim-, cualquiera que sea su denominación están produciendo daño y el Estado debe combatirlos y neutralizarlos.

Todo lo anterior refleja la incoherencia de la política de seguridad pública para las nuevas circunstancias del país –que conlleve inteligencia centrada en estos nuevos objetivos, presencia de ‘unidades multimisión’ de la Fuerza Pública como las ha venido denominando el Comandante del Ejército, que utilice toda la capacidad aprendida-, que garantice a los habitantes de esos territorios que han vivido el conflicto armado y sus horrores, puedan empezar a tener seguridad y tranquilidad, porque el Estado a través de su institucionalidad se la garantiza.

Pero, igualmente en lo relativo a la seguridad ciudadana, se requiere una revisión de las políticas locales de seguridad, empezando por aquellas ciudades y regiones donde grupos de crimen organizado han generado situaciones de inseguridad y especialmente apoyando a los alcaldes y responsables locales con estrategias adecuadas, que no siempre son, simplemente aumento del pie de fuerza.

Para estas tareas, no hay duda que el nuevo vicepresidente, que tiene el conocimiento a fondo de estas problemáticas –recordemos que no solo ha sido el más exitoso comandante de la Policía Nacional, sino quien estructuró los sistemas de inteligencia policiales que han sido tan importante en la lucha por la seguridad-, es la persona indicada para coordinar con el Ministerio de Defensa, los Comandantes de Fuerza y la Fiscalía.

Sin una robusta y eficaz política de seguridad pública y ciudadana no es posible que tengamos un postconflicto exitoso y a ello puede contribuir de gran manera el General Naranjo.

Alejo Vargas Velásquez
Profesor Titular Universidad Nacional
Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa