Una vez refrendado el acuerdo para la terminación del conflicto armado entre el Gobierno y las FARC, por el Congreso de la República, órgano por excelencia de la democracia representativa, se coloca en la prioridad las tareas de la implementación del mismo. En esa dirección se conformaron e instalaron dos mecanismos que son fundamentales, la Comisión de seguimiento, implementación y verificación y el Consejo Nacional de Reincorporación. La primera, el órgano político por excelencia para hacer el seguimiento a las políticas de implementación de todo el acuerdo y el segundo, el órgano técnico que orientará las políticas de reincorporación en lo político, lo económico y lo social de los miembros de las FARC.

Cuando hablamos de implementación estamos haciendo referencia, por lo menos a cuatro dimensiones paralelas:

1) la implementación normativa, a cargo en lo fundamental del Congreso y que por ahora tiene la incertidumbre de si es o no posible acudir al mecanismo rápido que hemos denominado fast track o si se debe acudir al procedimiento ordinario, quizá utilizando en algunos casos el mensaje de urgencia que tiene a su disposición el ejecutivo –no hay duda que el procedimiento ordinario lo que hace es dilatar el proceso, además de que el Congreso pueda llegar a introducir cambios que desvirtúen la naturaleza de lo acordado;

2) la implementación del calendario de concentración de los miembros de las FARC y el inicio del proceso de entrega de armas a la misión de Naciones Unidas en las zonas veredales de transición hacia la reincorporación;

3) el proceso de reincorporación de los miembros de las FARC, una vez dejen las armas, en lo político, lo económico y lo social, que es definitivo para evitar que haya reincidencias y lograr que se integren en las distintas dimensiones de la vida social;

4) pero no el menos importante, iniciar la implementación de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, de desarrollo alternativo y de desarrollo rural integral, con enfoque territorial, que serán los que beneficiarán de manera sustancial a los colombianos más pobres de las zonas en que el conflicto fue más intenso, así como las reformas políticas acordadas, especialmente el estatuto de la oposición, la reforma electoral, con base en las recomendaciones de la Misión Electoral creada para ese propósito y por supuesto la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, que en lo fundamental debe dar respuesta a las demandas de las víctimas de todos los actores del conflicto.

Viene la hora de la verdad del acuerdo logrado entre Gobierno y FARC y mostrar qué tanto las dos partes están en la disposición y la posibilidad de cumplir lo pactado. Recordemos para refrescar la memoria, que nuestra tradición es que se firman documentos para desactivar conflictos –sociales o armados- pero poco se cumple de lo acordado; esperemos que en esta ocasión sea la excepción. El tiempo nos dirá qué sucedió.

Por el lado del ELN la situación no da mucho margen a la esperanza; todo indica que el ELN no parece haber decidido totalmente ir a un proceso de tránsito de las armas a la política y el Gobierno, ya entrando en la fase final del mismo, no es claro sí tiene capital político para avanzar en acuerdos con esta insurgencia.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional