De entrada digamos que en estas líneas no se entra en la discusión de las diferencias entre la ética y la moral (si la primera se refiere a una disciplina filosófica y la segunda a un tipo particular de comportamiento), sino que, para efectos prácticos, las tomamos como sinónimas, usándolas a veces unidas o a veces separadas, según se estime conveniente. Quien desee entrar en esas disquisiciones que lo haga, y quizás aporte su granito de arena al entendimiento de un tema tan interesante.

Dicho lo anterior, hay que señalar que en los últimos años en El Salvador se ha suscitado una especie de cruzada ético-moral que en distintos momentos ha adquirido tonos casi enfermizos. De estar focalizada en temas de lo que se conoce como “moral sexual” y “moral familiar”—estos fueron los asuntos a ser moralizados en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX— en la primera década del siglo XXI comenzaron a ser objeto de abordaje ético-moral asuntos propios de la esfera política: la transparencia, la corrupción, el uso de recursos públicos y el estilo de vida políticos y funcionarios públicos se hicieron objeto de juicios ético-morales que fueron adquiriendo un carácter cada vez más intransigente.

Desde 2009, desde ciertos ambientes –y con voceros bien identificados— se enarboló una cruzada moral, rígidamente maniquea, en contra de la corrupción y a favor de la transparencia: de un lado estaban los corruptos y poco transparentes, y de otro los moralmente intachables que, en cuanto tales, iban a “limpiar” las malas práctica de la política.

Con los “malos” no se tenía que transigir bajo ningún concepto: se tenía que ser intolerante e implacable en la denuncia y persecución de sus abusos. Más aún: todo en ellos despedía un olor a truco, a fraude, a corrupción, a abuso, a poca transparencia. Sus ingresos, su alimentación, sus viajes, su vestimenta… todo en ellos se consideraba, a priori, mal habido. Y cualquier explicación, cualquier justificación una trampa urdida para (mal) legitimar su aprovechamiento de los recursos públicos.

Gritos en el cielo no han faltado desde 2009 por parte de quienes estaban del lado de los buenos, los limpios, los incólumes, los que nunca –a juzgar por la dureza con la que juzgaban moralmente a los demás— se habían beneficiado ilícitamente (bajo ninguna forma) de los recursos del pueblo.

Para los buenos, los puros, los transparentes había una línea de demarcación nítida entre ellos y los malos (los corruptos, no transparentes, etc.). Y por eso desde su trinchera de una moral intachable podían señalar con el dedo acusador la bajeza de los demás, con una actitud de superioridad, petulancia y arrogancia propias de quienes se creen moralmente superiores.

Ahora bien, si algo enseña la historia de la cultura (que incluye religión, arte, moral, filosofía, ciencia, etc.) es que el maniqueísmo moral no sólo parte de una visión absolutamente discutible del bien y del mal, sino que supone una nitidez entre ambos que en la realidad no se ve por ninguna parte. Asimismo, el maniqueísmo moral suele generar intolerancia, cacería de brujas, “moralina” y dificultades enormes para entender los matices y las zonas grises propias de la realidad y las prácticas humanas. Al maniqueísmo se le escapa que la realidad humano-social no se divide en buenos y malos (en morales e inmorales), sino que bondad y maldad, virtud y bajeza, se mezclan en híbridos que constituyen a cada ser humano concreto.

Algo nefasto del maniqueísmo moral es que quienes lo cultivan –humanos al fin y al cabo— suelen hacer cosas que han condenado sin contemplación en otros. Claro está, una persona dominada por el maniqueísmo moral no aplica a sí misma la intransigencia mostrada cuando condena a otros por sus fallas; en su caso siempre se trata de prácticas limpias, honestas y transparentes, aunque para justificarlas como tales se tuerza la lógica más elemental y se elaboren los argumentos más extraños.

En estos momentos, están saliendo a la luz pública algunas prácticas y tratos económicos con recursos estatales que desde un maniqueísmo moral no tienen “perdón moral”. Y en esas prácticas y tratos aparecen los nombres de algunas personas que, paradójicamente, han abanderado, desde 2009, una cruzada moral en contra de la corrupción y a favor de una transparencia absoluta en el gobierno.

La evidencia más reciente de lo anterior la constituyen los miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), formada en el gobierno de Armando Calderón Sol. La información revelada por uno de sus integrantes –y haciendo alusión a su remuneración como integrante de la CND y al tiempo que estuvo en el cargo— sería de las delicias de cualquier crítico moral intransigente: esta persona informa que estuvo en la CND desde mediados de 1997 hasta mayo de 2009, y que recibió honorarios mensuales, por servicios profesionales, por $2,047 hasta 2006, y por 2,300 en adelante¹.

Antes de la dolarización, esta persona recibía unos 16 mil colones mensuales, lo cual era en ese tiempo un ingreso extraordinario para un profesional con credenciales y capacidades semejantes a las suyas. Con la dolarización, el costo de la vida se elevó, pero 2 mil dólares de ingresos mensuales eran un buen pago. Este miembro de la CND estuvo muy bien pagado, y es de suponer que los otros integrantes estaban igual que él en sus remuneraciones.

La figura “servicios profesionales” indica que se trataba de una especie de consultoría y a primera vista se justifica un buen ingreso, dado la corta duración que suele tener ese tipo actividades. Sin embargo, en el caso de la persona que hizo públicos sus ingresos, resulta que estuvo contratada más de 10 años, lo cual en la práctica la convirtió en una empleada del Estado (en concreto, de los gobiernos de Calderón Sol, Francisco Flores y Saca). Y desde esa perspectiva, los elevados pagos –quizás justificados en una consultoría de corta duración— no dejan de resultar llamativos porque eran, en la práctica, un salario mensual por un vínculo laboral de largo plazo. Y en efecto, sólo acabó con la llegada del FMLN al Ejecutivo, en 2009. Es presumible pensar que si hubiera ganado ARENA en 2009 ese vínculo laboral –con esos pagos—se hubiera mantenido por más tiempo.

Lo propio de una consultoría son los tiempos cortos (y cerrados) de duración de los vínculos contractuales, en los cuales el contratante quiere sacar el mayor provecho a los recursos invertidos en la consultoría. Por supuesto que el contratado (el consultor) quiere obtener el mejor pago por sus servicios, a sabiendas de que su tiempo de contratación es corto. En el caso de la CND el contratante (tres gobiernos de ARENA) violaron la temporalidad propia de un esquema contractual de consultoría, otorgando pagos elevados a los consultores por un periodo de tiempo extraordinariamente largo. ¿Fue este trato conveniente para los intereses del Estado salvadoreño? Si no lo fue, ¿tenía como finalidad beneficiar a los consultores?

Dos mil dólares de pago mensual en los noventa y en el 2000 son un muy buen salario. Habría que comparar ese ingreso con quienes en el Estado –dejando de lado a los altos funcionarios (pues los miembros de la CND no lo eran) y dejando de lado la antigüedad (los miembros de la CND obtuvieron esa remuneración al entrar a trabajar para el Estado)— tenían en aquel entonces las mismas cualificaciones profesionales para tener una idea del privilegio que ello suponía.

¿Estaban los miembros del CND dedicados preferentemente a sus labores en el Estado o estas labores eran secundarias respecto de otras actividades privadas que también les generaban ingresos? ¿Cuánto tiempo dedicaban a estas otras actividades? ¿Cuál fue la rentabilidad obtenida en ellas? ¿Cuáles son los productos dejados al país por la CND? ¿Justifican esos productos las enormes sumas de dinero pagadas a sus integrantes? Sólo para tener una idea, con papel y lápiz se pueden hacer cálculos rápidos: resulta que uno de los integrantes recibió anualmente unos 24 mil dólares ($2,000 x 12) y esto durante casi trece años, o sea unos 300 mil dólares ($24,000 x 13). Si todos los miembros de la comisión recibieron pagos iguales, la cifra se dispara.

¿Estaban destinados esos pagos a comprar voluntades políticas? Quién sabe. Lo que sí es cierto es que desde 2009 algunos de los ex miembros del CND han atacado con dureza a los gobiernos del FMLN. Y los han atacado con dureza moral. Su maniqueísmo se revela sumamente endeble, y lo que sale a relucir en estos momentos es su techo de vidrio. Tiraron la primera piedra sin estar libres de pecado.

En el caso de quien esto escribe –humano y con limitaciones de todo tipo— no tiene la intención de juzgar moralmente a los miembros de la CND, ni de cualquier otra comisión del pasado o del presente. La moral es asunto de cada cual. Y los delitos, malos manejos y abusos de poder deben ser tratados desde el marco legal, desde el cual sí se pueden castigar las prácticas ilícitas. Eso sí, quienes condenan moralmente las prácticas ilícitas (o presuntamente ilícitas) de los demás deben ver antes por su propia moralidad, aplicar a sí mismos el resero que usan para otros y no andar inventando excusas que contradicen su “elevados valores morales”.

San Salvador, 15 de noviembre de 2016