Según los números que maneja la Caja de Seguro Social (CSS), la Asamblea de Diputados y, obviamente, el Presidente de la República, esta institución de los trabajadores panameños es la más rica del país. El presupuesto anual de la CSS supera los 5 mil millones de dólares.

A pesar de los enormes recursos que maneja, los asegurados no cuentan con las atenciones de salud mínimos, su capacidad administrativa es criticada a diario y – lo más extraño – sus directivos y los políticos señalan que en menos de dos lustros su programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) quebrará. Es decir, los 245 mil pensionados que actualmente tiene la CSS quedarán sin protección alguna. Los actuarios calculan que para 2024 habrá más de 300 mil pensionados.

Hay un problema serio que debe ser resuelto con urgencia. La CSS recaudó por concepto de cuotas en el último ejercicio fiscal, un total de 1,750 mil millones de dólares, según su director. Además, tuvo ingresos significativos por otras partidas producto de sus gestiones administrativas. Esta cantidad, aparentemente, no es suficiente para cubrir las necesidades de los dos grandes programas de la CSS: IVM y Salud y Maternidad.

Hay que buscar las causas de este problema que ya está golpeando los cimientos de la institución. Conocemos el mal, ahora es necesario encontrar la solución. Hay tres causas. Uno grande: 1. La Ley 51 de 2005 que desvió las cuotas de todos los nuevos asegurados a compañías aseguradoras privadas. Dos menos graves: 2. El desgreño administrativo y 3. La corrupción que constituye un fardo cada vez más pesado que cargan los asegurados y el país.

Veamos primero la causa más grande del descalabro. Según los directivos de la CSS, “el IVM cuenta con dos sistemas de pensiones, uno es el antiguo sistema de beneficio definido (solidaridad) y el otro con cuentas individuales o subsistema mixto, creado por la Ley 51 de la CSS”. ¿Qué quiere decir esto? El sistema solidario funciona sobre la base de los aportes que hacen los asegurados que se suman al sistema de pago de cuotas. Cada generación apoya a la anterior. Con la ley que se aprobó en 2005, los nuevos asegurados no contribuyen a la Caja para cubrir las pensiones de los asegurados más viejos.

Si el sistema de pensiones que descansa sobre la solidaridad no tiene ingresos, ¿cómo cubrirá las necesidades de los trabajadores pensionados? Los fondos que tenía en 2005 y algunos adicionales deberán cubrir las demandas de los asegurados en el sistema solidario hasta ‘el último pensionado’ que en teoría se moriría en 2060. Imposible.

Quienes concibieron y aprobaron la Ley 51 de 2005 sabían muy bien las consecuencias de esta pieza legislativa nefasta. La promovieron pensando en dos objetivos: Primero, beneficiar a los especuladores capitalistas que recibirían los aportes de los asegurados en el nuevo sistema de ‘cuentas individuales’. En buenas cuentas, es un despojo. Segundo, los legisladores en 2005 calcularon que los gobernantes tomarían una medida ‘heroica’ antes del colapso del IVM. Por ejemplo, podrían crear una partida especial para los asegurados despojados en el presupuesto nacional o destinar una parte de los peajes del Canal de Panamá al programa del IMV para cubrir el déficit.

En segundo lugar el desgreño ha sido implacable. En los primeros seis meses de 2016, la CSS tenía un presupuesto para la compra de medicamentos de $369 millones. Sólo utilizó $188 millones, es decir, el 51% de los recursos asignados.

Nadie sabe cuál es la situación financiera de la institución desde hace tres años. Un directivo dijo que “se requiere tiempo para conocer la situación financiera de la entidad, la cual en este momento está siendo evaluada”.

En tercer lugar, la corrupción ha hecho millonarios a unos pocos. Por un lado, la malograda construcción de la Ciudad de la Salud ha sido un fiasco, Mejor sería convertir esa estructura en el Cuartel Central de la Policía Nacional. En el gobierno anterior la corrupción fue rampante. En los primeros 18 meses de gestión la CSS sumó a la planilla 2,177 funcionarios. Un incremento casi del 10 por ciento de los empleados. Además, la CSS aumentó los gastos en casi el 15 por ciento sin tener los ingresos.

Es urgente reformar la Ley Nº51 de 2005 y regresar al sistema solidario. Además, hay que acabar con el desgreño administrativo y la corrupción rampante.

10 de noviembre de 2016.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)

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