Candidatos de seis fuerzas se confrontan el próximo domingo 6 de noviembre en las elecciones presidenciales en Nicaragua. En las mismas se elegirán también los 90 diputados de la Asamblea Nacional así como los 20 representantes al parlamento centroamericano.

De las fuerzas que participan, tres son de orientación  liberal, una conservadora, otra - la Alianza por la República- reúne a varias facciones de la antigua contrarrevolución y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, liderada por el gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), está integrada por una quincena de partidos y organizaciones de los más diversos tintes políticos.

Los resultados de las urnas a las que se convocan a 3 millones 400 mil electores tendrán repercusiones internas y regionales. A nivel nacional, en tanto termómetro del respaldo con el que cuenta el sandinismo y cuyo candidato, el actual Presidente Daniel Ortega, aspira a un tercer mandato, acompañado por su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Un fuerte voto opositor o una abultada abstención podrían interpretarse como una condena a la actual política gubernamental.

En el marco geopolítico de un continente en el que la derecha neoliberal ha recuperado protagonismo en el último año –especialmente con Mauricio Macri en Argentina y con Michel Temer en Brasil- la victoria del FSLN constituiría un aval de importancia para gobiernos que apuestan a Estados sociales fuertes y que defienden una visión autónoma de Washington.

Oposición…a pesar de las encuestas y la calle

Las diversas encuestas indican desde hace ya varios meses al FSLN como neto vencedor. La simpatía política de sus candidatos supera el 70%, según el sondeo del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública (SISMO) presentado a fines de octubre por la firma M&R Consultores. Dicha previsión complementa la VI Encuesta Nacional Electoral en la que Ortega y Murillo logran el 64 % de la intención de voto, en tanto el partido gobernante alcanza el 58% de aceptación. El 37 aniversario de la revolución sandinista, el 19 de julio pasado, permitió medir el poder de convocatoria del FSLN: cerca de 350 mil personas se movilizaron en Managua y en otras ciudades y pueblos del interior del país.

Los indicadores de una casi cierta victoria sandinista pueden explicar porqué no se vivió en el país centroamericano una campaña electoral apasionada y activa como sucediera en comicios anteriores. El FSLN se confronta hoy a dos tipos de oposición. Una “light, protagonizada por las fuerzas que participarán el 6 de noviembre en la contienda. La otra, más virulenta, que llama a la abstención como sanción política.

“No reconoceremos los resultados de la farsa electoral ya en marcha. Demandamos nuevas elecciones con todas las garantías”, enfatizaba el Frente Amplio por la Democracia (FAD) en un reciente comunicado de prensa. El mismo fue publicado como reacción al acuerdo logrado entre el Gobierno nicaragüense y la Organización de Estados Americanos (OEA) en la tercera semana de octubre para “establecer una mesa de conversación e intercambio constructivo”. Proceso que incluirá la confirmada visita del Secretario General del organismo a Managua el próximo primero de diciembre y que no pone en cuestión la legitimidad de los comicios de noviembre.

Un sector de intelectuales opositores que elaboran la revista Envío, de la Universidad Centroamericana de Managua señala en su número de octubre que “…Ortega fue el más activo deslegitimador de las elecciones del 6 de noviembre”. Y enumeran como argumentos: “buscar su tercera reelección en una contienda sin observadores, excluyendo de la competencia a la única oposición creíble, dejando participar solamente a partidos apermisados por él, con control total de las estructuras electorales, llevando como fórmula a su esposa como sucesora en el cargo y con resultados conocidos de antemano”.

Dos meses antes, a fines de julio, 28 diputados – 16 titulares y 12 suplentes- del Partido Liberal Independiente (PLI) perdieron sus bancas en el parlamento por decisión del Consejo Supremo Electoral. La oposición y la gran prensa internacional denunciaron entonces el “fin de la democracia” y el “Golpe de Estado al Poder legislativo”. Según portavoces sandinistas, la decisión del Poder Electoral fue resultado de una crisis con división interna de dicho partido opositor. La Corte Suprema de Justicia interpretó que esos curules pertenecían al partido por el cual fueron elegidos. El sector del PLI reconocido como “oficial”, dirigido por Pedro Reyes, pudo de inmediato nombrar sus propios diputados en reemplazo de los destituidos.

La revista Envío de octubre subraya también lo que considera como una seria advertencia de los Estados Unidos contra el Gobierno de Nicaragua. El 21 de septiembre, 435 legisladores demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron la Nicaraguan Investiment Conditionaly, conocida como Nica Act, que condiciona préstamos de instituciones financieras a la realización de elecciones libres. La misma no fue aprobada todavía por el senado norteamericano pero queda planeando como una amenaza real contra Managua.

Alianzas amplias, infraestructura, crecimiento y programas sociales

Lejos de sorprenderse por la posición de los diputados norteamericanos, “que expresa el intento de una recuperación de hegemonía en Centroamérica,  lo que me impactó positivamente fue la respuesta crítica de la gran mayoría de sectores nacionales, sea políticos, religiosos o empresariales, ante esa actitud norteamericana”, explica el sociólogo Orlando Núñez Soto, director del CIPRES (Centro para la Promoción, la Investigación  y el Desarrollo Rural y Social) con sede en Managua y analista de la revista Correo.

Un eje programático esencial del sandinismo en esta nueva etapa de gobierno es “la política interna de alianzas con todo el mundo, consciente que el piso de base del FSLN corresponde a un 35% del electorado”. Alianzas con diversos sectores políticos; con los movimientos sociales – que tienen una gran fuerza en el país centroamericano - ; con las iglesias evangélicas y católica romana. “Quizás la más sobresaliente sea con el sector privado, es decir con las principales cámaras empresariales del país, incluyendo al capital extranjero…”, enfatiza Núñez.

¿El argumento y la necesidad de un acuerdo de esta naturaleza? “La evidente falta de capital que aqueja a los pequeños y medianos sectores empresariales así como al mismo Gobierno para gestionar su presupuesto”, responde.

Mujer campesina beneficiada con el Bono Productivo en Matagalpa. Foto: Sergio Ferrari

En el balance retrospectivo desde la vuelta del FSLN al Gobierno, Núñez subraya los avances productivos y sociales. “El Gobierno sandinista heredó en 2007 el segundo país más pobre de América Latina, luego de 17 años de gobiernos neoliberales”.  En la última década, “gracias a la cooperación de Cuba, Venezuela y los organismos internacionales, así como a las políticas públicas, el sandinismo logró aumentar un 40% el Producto Interno Bruto, manteniendo un promedio de crecimiento del 4.5% anual, más del doble de lo que ha existido en toda América Latina –a excepción de Panamá”. Con una particularidad, agrega: el 45% del PIB lo produce la economía popular. Nicaragua, enfatiza, logra ya su soberanía alimentaria dado la producción diversificada de alimentos, incluyendo una sobre producción de carne y leche que va para la exportación.

Datos macros que se trasladan a la vida cotidiana: “avances en carreteras y electrificación que son altamente valorados por la gente. La educación y salud públicas y gratuitas. Planes sociales de impacto como Hambre Cero, Usura Cero, Bono Productivo etc. Y la alta seguridad ciudadana que marca la diferencia con respecto a países como Honduras, El Salvador o Guatemala,  en una región en que se encuentra entre las más violentas del mundo”, enfatiza.

¿Podrá el sandinismo en las urnas y en la eventual continuidad de su gestión escapar a la contraofensiva neoliberal que toma fuerza en Latinoamérica?, preguntamos a manera de balance final.  Sin duda, se trata de la excepción nicaragüense -y de una revolución singular- responde. Y ratifica los elementos que diferencian al sandinismo de otros procesos latinoamericanos en retroceso: “la amplitud de las alianzas para disputar la hegemonía y las instituciones públicas; una oposición dividida; nuestra particular forma de comprender e integrar el mercado; los avances macro de crecimiento que se traducen en la mejora de las condiciones de vida de toda la población”, enumera Núñez.

¿Fracasos o tareas pendientes? “Poder traducir mejor las conquistas, avances y particularidades del sandinismo en el plano internacional.  Y despejar las interrogantes - al decir de algunos el “secreto” o la “fórmula”- sobre el caso nicaragüense, donde el sandinismo en vez de perder sigue ganando popularidad, a diferencia de lo que pasa en otros países latinoamericanos” donde se da un retroceso de los proyectos populares, concluye.

Sergio Ferrari, en colaboración con la ONG de cooperación solidaria E-CHANGER y el cotidiano suizo Le Courrier