Lo bueno de una democracia es que permite discrepar de cualquier opinión, sin importar de qué investidura esté cobijado quien la propone. En ese marco, es inevitable mostrar desacuerdos con el comunicado “ALTO A LA OFENSIVA POLÍTICA CONTRA LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”, suscrito por FUSADES, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) Sección El Salvador, y divulgado en días recientes.

El sentido global del comunicado llama la atención: la tesis de que la Sala de lo Constitucional es víctima de una “ofensiva política” no se corresponde con una dinámica nacional en la cual cualquier instancia del Estado es sometida permanentemente a cuestionamientos, algunos francamente subidos de tono, pero que no reflejan más que lo mucho que ha avanzado el país en materia de crítica pública.

No se entiende por qué la Sala de lo Constitucional o sus magistrados van a quedar fuera del escrutinio público, dejando de vivir experiencias –gratas e ingratas— que otros actores políticos enfrentan a diario. A menos que se crea que esa instancia del Estado o sus magistrados están blindados para la vigilancia ciudadana, no hay nada de qué extrañarse, y ellos mismos deberían saberlo en tanto que son actores importantes de la dinámica estatal (jurídico-política) del país. No son víctimas de nada, más que de tener que lidiar con experiencias que otros actores nacionales viven desde hace mucho tiempo atrás sin victimizarse, sino plantándoles cara pues vienen con el cargo y el poder.

En cuanto a detalles, sobran los que invitan al desacuerdo, como en ese en el que –en el primer párrafo— se dice que “la Sala de lo Constitucional es la institución llamada a defender en última instancia y con justicia los derechos de todos los ciudadanos y demás habitantes en el territorio salvadoreño, así como a limitar los abusos de poder que estos puedan sufrir”. Quién sabe de dónde salió semejante atribución, pero no sólo excede lo que la Constitución manda para esa Sala y para la CSJ, sino que usurpa funciones que le corresponden a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

El sinsentido sigue en el acápite de las exhortaciones, en las cuales, de entrada, se pide “a los funcionarios y los ciudadanos en general, a que respeten la independencia de la Sala de lo Constitucional, por tratarse de un principio fundamental de un Estado democrático y constitucional de derecho, que implica que los jueces y magistrados resuelvan los casos libres de toda presión interna y externa”. Cualquier persona razonable sabe que sólo se puede pedir respeto, cuando existe su contrario (el irrespeto), pero acaso ¿los funcionarios y ciudadanos en general han irrespetado la independencia de la Sala de lo Constitucional?

No hay evidencia de ello en ningún lado. De hecho, quienes se han atrevido a cuestionar el poder omnímodo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional siempre han sido minoría, pues argucias jurídicas y mediáticas han apagado y deslegitimado las voces críticas. Además, hasta hace muy poco ha predominado la idea de que criticar a los magistrados de esa Sala es antidemocrático, y sólo unos cuantos se han atrevido a ir en contra de esa idea.

De todos modos, si fuera el caso de que los funcionarios o los ciudadanos en general (o una parte de ellos) irrespetan a la Sala de lo Constitucional ¿cuál es el problema con ello? El respeto se gana, no se impone. Y naturalmente que ni FUSADES, ni el CEJ ni el IIEJ tienen potestad para exhortar los funcionarios y ciudadanos en general a respetar a la Sala de lo Constitucional. Si su percepción es que funcionarios y ciudadanos no respetan a esa Sala, deben preguntarse por qué eso es así, deben preguntarse si la Sala está cumpliendo con lo que la manda la Constitución, sin inmiscuirse en ámbitos que no son de su competencia.

En otra exhortación se pide “a los funcionarios que han profesado expresiones y propósitos agresivos en contra de la Sala de lo Constitucional y sus magistrados por causa de algunas sentencias, a desistir y a respetar su independencia”. Un derecho inalienable de los ciudadanos salvadoreños es el de profesar expresiones, ideas, credos, propósitos y convicciones sin más cortapisas que las impuestas por la ley. Así las cosas, nadie puede exhortar a un ciudadano salvadoreño –y los funcionarios son ciudadanos antes que otra cosa— a profesar las ideas que quiera –siempre y cuando no viole ninguna ley— en torno a lo que sea, dígase sentencias de la Sala de lo Constitucional o cualquier otra materia.

Y en la última exhortación se pide “a quienes alientan u organizan los ataques y bloqueos en contra de los magistrados de la Sala, a cesar estas agresiones, las cuales lejos de ser manifestaciones espontáneas de la ciudadanía, son acciones sistemáticas y organizadas que han llegado a limitar derechos constitucionales de los magistrados, como su libertad ambulatoria y el derecho a informarse del contenido de las sentencias de la Sala de lo Constitucional del resto de la población”. Este planteamiento refleja, para comenzar, un grave desconocimiento de la dinámica organizativa de muchos municipios del país, además de poner en duda, infundadamente, la autonomía y capacidad de toma de decisiones en distintas comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por supuesto que hay organizaciones locales capaces de realizar acciones sistemáticas para rechazar a quienes no son de su agrado, sobre todo si estas personas no van de paseo, sino a difundir planteamientos o defender posiciones. Lo que se rechazado en algunos lugares es la presencia de los magistrados cuando estos han pretendido participar en actos públicos (o casi públicos) para justificar sus actuación. No se ha bloqueado su “libertad ambulatoria”, sino su presencia con fines jurídico-políticos, lo cual no ha sido del agrado de organizaciones y líderes locales en algunas zonas del país. Ni modo, estos magistrados se han topado con otra cara de la realidad, distinta a la del sector social que los recibió en FUSAL y los elogia a cada rato. Pero en política no todo es elogio.

En fin, nada más falso que sostener que criticar a (o manifestarse en contra de) la Sala de lo Constitucional es un atentado “contra la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución de la República”, pues justamente la democracia reclama la crítica permanente y decidida a quienes tienen alguna cuota poder jurídico-político en sus manos. Así que, le pese a quien le pese, la Sala de lo Constitucional –lo mismo que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo— seguirá siendo cuestionada por quienes no idolatran a sus titulares y saben que el poder absoluto corrompe absolutamente.

San Salvador, 19 de septiembre de 2016