No hay duda que una característica del régimen político colombiano, desde la Regeneración y la Constitución de 1886, ha sido un centralismo que ha impedido que las regiones desarrollen sus potencialidades. El país ha sido visto y leído desde la mirada bogotana y los que vivimos en la capital tenemos la tendencia a creer que el país es lo que se lee o acontece con ojos capitalinos. Creemos que el país escucha, mira o lee solo los medios bogotanos. Tremendo error.

En los 80, especialmente con la apertura democrática de Belisario Betancur, después del periodo autoritario y represivo anterior, se empezaron a impulsar medidas tendientes a propiciar la descentralización (política, administrativa, fiscal, de la planeación) y esto lo consolidó la Constitución de 1991 (elección popular de gobernadores y transferencias de recursos importantes); aunque la descentralización no es solo trasladar competencias, aunque sin equivalente de recursos, o la ejecución de decisiones ya tomadas, sino la capacidad de decidir y los recursos presupuestales para implementar esas decisiones; pero a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo, se inició un proceso de recentralización, pero especialmente toda la prioridad que se le dio a la política de seguridad justificó a juicio de los gobernantes nacionales -que aunque sean de las regiones una vez electos asumen las mismas lógicas centralistas- cada vez más echar al olvido la descentralización y seguir creyendo que son los funcionarios de la capital los que saben cómo se resuelven los problemas y quienes tienen la bolsa presupuestal, convirtiendo a las regiones en mendicantes del nivel central.

Ahora que estamos llegando al final del conflicto armado con las FARC, es importante volver los ojos a otros problemas nacionales, dentro de los cuales sobresale el del ordenamiento territorial, que no se resolvió con la caricatura de ley de ordenamiento territorial que se aprobó, y darle vigor a la descentralización. Con excepción de algunos líderes políticos, como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, que promovió hace unos años la llamada ‘consulta caribe’, ese tema pareciera haberse ‘olvidado’, pero es un tema que permanece en el congelador de las asignaturas pendientes. Muchos de los problemas actuales, como el caso del desgobierno de la Guajira o el justo paro cívico del Choco, no son otra cosa que reflejo del centralismo. Incluso la implementación de los Acuerdos de La Habana, especialmente los relacionados con lo regional, ponen en la agenda el tema de la descentralización. Se habla de “paz territorial” y en principio eso suena bien, pero pareciera que se trata de desarrollar una paz territorial pensada y ejecutada desde el epicentro bogotano. Esta es una oportunidad para permitir que sean los territorios, sus pobladores y organizaciones, la sociedad civil regional, así como los entes territoriales -gobernaciones y alcaldías-, quienes piensen, diseñen y conduzcan la forma de implementar los acuerdos, acorde con las particularidades regionales y donde el Estado central sea en principio el músculo financiero, pero no quien dice lo que se debe hacer y cómo hacerlo, en la diversidad regional con que contamos.

Claro, hay que hacer un gran esfuerzo de control sobre las prácticas corruptas del país y, por supuesto, en muchas regiones, pero eso requiere dos tipos de frentes, fortalecer la capacidad de vigilancia, control y sanción de los entes de control -Fiscalía, Contraloría, Policía, etc.-, y trabajar en el campo de los indispensables cambios en la cultura política, de tal manera que prácticas tradicionales ligadas al clientelismo, el amiguismo y la tolerancia con gobiernos ineficientes y corruptos desaparezcan y que la posibilidad de revocatoria ciudadana de mandato, ligada al incumplimiento de los compromisos de gobierno, se fortalezca, para lo cual hay que modificar las leyes que desarrollaron la revocatoria ciudadana de mandato y hacer que se ligue realmente al voto programático que en su momento introdujo la Constitución de 1991.

Más allá de falsas polarizaciones entre líderes políticos, hay que poner en la agenda nacional problemas como el de la descentralización y el control ciudadano de los gobernantes, que pueden ser la vía construir una sociedad más equitativa y enriquecida con nuestra diversidad.

- Alejo Vargas Velásquez es Profesor Universidad Nacional

@alejovargasve