Es común aceptar la tesis fiscalista de la importancia de mejorar y aumentar la recaudación de impuestos para acelerar el crecimiento económico de la economía; sin ingresos en las arcas del fisco no hay crecimiento económico sostenido.

Se busca reformar los sistemas de recaudación de tributos, simplificando y mejorando los controles, aumentando el número de contribuyentes y creando una cultura tributaria, ya que la mayor parte de los países latinoamericanos operan con instituciones tributarias politizadas y corruptas, la mayoría de la población no tributa por realizar actividades informales y vivir en pobreza, existe mucha evasión fiscal, exoneraciones y no hay credibilidad acerca que los impuestos recaudados serán empleados en beneficio de la colectividad nacional.

Esta tesis fiscalista ha resultado válida parcialmente, ya que la presión del gobierno para aumentar la tributación puede resultar en lo contrario del objetivo buscado. Ello ocurre cuando la economía del país está altamente endeudada y el gobierno utiliza los mayores ingresos producto de la tributación para pagar deudas (muchas de ellas ilegítimas) y cumplir objetivos y promesas político-electoreros. En estos casos, los nuevos impuestos no se destinan a financiar el gasto de inversión requerido por la economía para generar bienestar, sino a cumplir compromisos previos. Aquello de que la masa salarial consume la mayor parte de los ingresos tributarios y, por tanto, hay que despedir empleados para que los mayores tributos rindan al máximo (BID: 2005), no es más que una falencia cuando las cifras demuestran que la deuda externa supera el 35% del PIB y los fondos de la compensación social son manejados con poca transparencia y bajo condicionalidad política.

Los OFIs, caso particular del FMI, presionan a los gobiernos para que introduzcan reformas en la legislación e instituciones tributarias con el propósito de aumentar la recaudación de impuestos y garantizar el pago de la deuda externa, pero también para financiar la ejecución de programas de compensación social como “paliativo” al impacto negativo del ajuste económico que reduce gastos de inversión productiva y destruye empleos de buena calidad.

Honduras es un ejemplo de esta política de recaudar más para pagar. Durante y después del golpe de Estado el país se sobre/endeudó. Inicialmente para enfrentar la contracción de recursos de la cooperación externa y mantener el aparato público y de seguridad funcionando, pero después con fines políticos ejecutando proyectos con dedicatoria, poco trasparentes que involucraban a dirigentes y diputados del partido de gobierno, financiar los programas de compensación social y económica, utilizar parte de los recursos para mejorar la imagen del gobierno y publicitar sus logros, y financiar el gasto de seguridad del Estado. La deuda publica total aumentó de 4,600 millones en 2008 a 8,254 millones de dólares en 2015, estimadondose en 8500 millones de dólares para 2016. De ese monto, más del 80% de aumento se debe a deuda pública externa contratada.

Frente a esta política deliberada de mayor deuda (el botín público de los políticos), con apoyo del FMI, los gobiernos lograron poner en marcha programas de estabilización económica con un objetivo fundamental: reducir el desequilibrio fiscal vía menores gastos y aumentar impuestos; pero también liberar recursos para pagar a los acreedores externos. EL gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013) incumplió éste con el FMI, en tanto se impuso la tradición de utilizar recursos del Estado para financiar la campaña política del candidato del partido, el actual presidente de la Republica y presidente en ese periodo del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, que contaba con mayoría absoluta por sacar pocos diputados los partidos de oposición.

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido continuamente felicitado por cumplir con lo que reza el convenio con el FMI, incluso más de la cuenta como el caso de la devaluación programada del lempira que sigue su curso, incluso cuando a veces procede una revaluación del “indio” lempira. Además de reducir el déficit fiscal de -7.9% en 2013 a cerca de -3.6% para 2016 (estimado), aceleró el cierre de instituciones públicas y despido masivo de trabajadores, pero también institucionalizó una política de “cacería de impuestos” incluyendo a los microempresarios y los informales. Como resultado, los ingresos tributarios aumentaron en más de 8,700 millones de lempiras entre 2013 y 2015 y con proyecciones de aumentar más en 2016 y 2017, así también la presión tributaria pasó de 14%/PIB en 2009 a más de 17%/PIB en 2016, la más alta de la región centroamericana, pero curiosamente con una baja tasa de crecimiento del PIB.

El servicio de la deuda externa total viene en aumento ya que en 2015 se pagaron 1,757,6 millones de dólares, unos 39,000 millones de lempiras; se estima en 2016 será mayor de 43,000 millones de lempiras, por lo que el gobierno como buen alumno del FMI está en la obligación de cumplir su tarea: cobrar y pagar. Un “alegrón” es que Honduras ha mejorado la calificación en su riego de deuda soberana, por lo que puede endeudarse más y a menores tasas de interés. Aunque esta posibilidad, al parecer, se esfuma con la aprobación de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal que pone un techo al déficit fiscal, pero basta con declarar una emergencia nacional para poder disponer de más recursos de los OFIs.

Se ha cuestionado la vigencia de una tasa única (Tazón) que, a decir de la oposición política, es manejada por Casa de Gobierno y asciende a cerca de 2,200 millones de lempiras, la cual curiosamente se encuentra sobregirada en 1,770 millones de lempiras y no se sabe-el detalle- en que se gastó. El programa Vida Mejor acompaña el programa suscrito con el FMI y supera los 7,200 millones de lempiras, en su mayor parte préstamos. Este programa es utilizado para fines políticos ya que aquellas familias que reciben sus beneficios deben prestar la firma para apoyar la reelección presidencial y, obviamente, el voto en las elecciones generales en caso de celebrarse.

El crecimiento de la economía hondureña ha sido bajo. La tasa de crecimiento promedio durante 2010-2015 fue de menos de 3.4%, y para 2016 se espera un crecimiento real de 3.2%. Este bajo ritmo de crecimiento se ha visto afectado por la caída en el gasto de inversión publica que se redujo de 9% antes del golpe a cerca de 4% en 2016 (estimado). Como se sabe la baja tasa de crecimiento de la inversión pública impacta negativamente en la generación de empleo productivo, pero también en el apalancamiento de la inversión privada. Se habla que a través de la APP se han movilizado cerca de 1,800 millones de dólares, pero una parte de esa inversión es inversión pasada (ya realizada) materializada en carreteras, puertos, terrenos, y otra parte, es inversión futura (no desembolsada); es más, hay evidencia que parte de la nueva inversión sale de la bolsa de los usuarios ya que las empresas se comprometieron a aportar plata de entrada, pero lo que hicieron fue cobrar por el servicio prestado y con ello pagarle al gobierno.

El gobierno de la Republica ha hecho una alianza con los maquiladores y parte de los empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), para ejecutar el programa 20/20 que tiene rango constitucional. Se espera un ritmo de crecimiento del PIB arriba del 5% y la generación de 600,000 mil empleos en la maquila, turismo, infraestructura y agroalimentario. Pero también blindaje de las exoneraciones y exenciones fiscales y mayor flexibilidad en las disposiciones para el pago de impuestos, cobro de multas y cierre de negocios, medidas consensuadas con estos empresarios que se recogen en el nuevo Código Tributario.

Mientras tanto, los recursos del Estado para combatir el ZICA siguen siendo insuficientes, como también aquellos recursos para combatir los efectos negativos en los bosques de Honduras del gorgojo cortesador de pino cuyas pérdidas visibles superan los 300 millones de dólares. Una de las causas para la propagación del ZICA y sus consecuencias como la microcefalia con 24 casos confirmados de junio-agosto de 2016 y 133 casos con Síndrome Guillain-Barré a nivel nacional, en la falta de recursos financieros para apoyar los programas de medicina preventiva a nivel nacional, integrando el voluntariado en salud y las organizaciones de sociedad civil con programas de salud familiar y protección ambiental. A ello se agrega que menos de 3% de los productores agrícolas tienen acceso a los servicios de crédito y más de 80% no son sujetos de crédito por la banca, por lo que la inseguridad alimentaria y el hambre se suman al flagelo de la crisis de salud.

Tegucigalpa, DC, 16 de Agosto de 2016