San Juan, 11 de agosto de 2016 (NCM) – El intercambio reciente entre Cuba y Estados Unidos sobre compensaciones –Cuba reclama 300.000 millones de dólares por medio siglo de bloqueo y EEUU 10.000 millones por las expropiaciones de sus empresas- trae a colación un estudio de 2005, que levanta más dudas sobre la estrategia estadounidense en la región.

Aquel estudio, no sólo pone de manifiesto la planificación de las maniobras de EEUU sino que, al combinarse con una serie de eventos ocurridos este mismo año 2016, plantea el problema práctico de los efectos colaterales contradictorios para las propias estrategias.

En ese contexto, quedan expuestas dificultades en las que están involucradas entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) y las fundaciones Open Society.

Este capítulo bien podría comenzar cuando el Servicio Geológico de EEUU determinó la probabilidad de petróleo explotable en grandes cantidades en el mar del norte de Cuba, allá para 2004. Menos de un año después, USAID contrató un estudio sobre la deuda a reclamarse a Cuba por las expropiaciones de las empresas y bienes estadounidenses hechas por la revolución.

El estudio fue encomendado a peritos de Creighton University, una institución que ha realizado trabajos en coordinación con entidades del sistema de Open Society, del magnate George Soros. El estudio, que se publicó en 2007, no se limitó al problema jurídico de las compensaciones, sino que evaluó a fondo la conveniencia y la posibilidad de un “colapso” del gobierno cubano, si no se lograse una “sucesión” luego de los mandatos de Fidel y Raúl Castro y ocurriese una “transición” con la participación de elites y grupos populares cubanos, escenario que tomaría años en construirse.

“La posibilidad de una transformación democrática también existe a mediano y largo plazo”, dice el informe, que añade “la probabilidad de ese cambio, sin embargo, depende de dos fenómenos relacionados: el colapso del régimen existente y la aceptación de formas democráticas de gobernanza”.

Por eso, se recomendó darle largas al asunto del intercambio de compensaciones hasta que se lograse la “transición”.

 El 26 de mayo de este año, según informe de la publicación CUBADEBATE, Open Society, en unión a otras entidades, llevó a cabo en su sede de Nueva York un “laboratorio de ideas” para promover en Cuba una “transición” hacia un sistema multipartidista. La publicación consigna que no se trata sólo de Cuba y que Open Society ha sido señalada como promotora de “la subversión de la revolución bolivariana en Venezuela”.

Esas maniobras para que el petróleo cubano quede bajo el control de un gobierno aceptable a EEUU, que también buscan lo mismo con el inmenso caudal petrolero venezolano, no se limitan al problema de los hidrocarburos, ni a esos dos países. Pero, además de abarcadoras, las referidas estrategias desatan fenómenos desestabilizadores incontrolados a lo largo del hemisferio.

La misma semana del evento de Nueva York ocurrió la casualidad de que comenzaron en Puerto Rico las audiencias en la Legislatura para un fallido sistema de control, difusión y vigilancia de información pública, promovido por los grupos de Open Society en el país. El sistema, bajo una llamada ley de “transparencia”, fue derrotado en la Cámara de Representantes, pero ha dejado una resaca amarga de división entre los propios periodistas.

En América Latina, la promoción de esas leyes de “transparencia” tiene mucho que ver con estrategias para evitar alzamientos populares contra las políticas económicas internacionales que tienden a ahogar los avances sociales. De hecho, en junio pasado se hizo público un estudio del Programa para América Latina del Wilson Center que atendió el tema, de nuevo con la participación de USAID y grupos con vínculos a Open Society.

El documento explica que “incrementar la transparencia” es una forma de prevenir que las quejas lleguen a “un círculo vicioso de escalada de conflictos, criminalización y represión”. Por el contrario, los sistemas propuestos –que incluyen plataformas cibernéticas integradas- supuestamente facilitan que los gobiernos puedan presentar, de una manera “más transparente”, los beneficios e impactos de sus propuestas.

El problema de fondo, sin embargo, está lejos de resolverse.

Según los datos del propio estudio, en los primeros años de este siglo produjo el fenómeno de la aparición de una clase media mayoritaria que, por lo menos para la América del Sur, era algo nuevo en su historia. Eso provocó, a la vez, ampliación de mercados internos, avances sociales importantes y más demanda por servicios de calidad, mientras que ahora, hay una baja sostenida en lo que los países ricos están dispuestos a pagar por los productos básicos, desde petróleo hasta productos agrícolas.

Eso obliga a buscar maneras de que la gente acepte la gobernanza del retroceso social. Así la cosa, la desmovilización de organizaciones sociales no es sinónimo de prevención del conflicto, sino de su desorganización.

En el Caribe, donde las economías dependen más de servicios como el turismo, el problema es que las reglas de transparencia financiera, supuestamente diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, han sido usadas de excusas por los bancos de EEUU y Europa para reducir o eliminar los servicios corresponsales a los bancos de la región. El Banco Mundial ha reconocido que el Caribe es el más golpeado por esa tendencia y en el Banco de Desarrollo del Caribe se ha advertido que eso traerá encarecimiento del financiamiento y más endeudamiento de los países.

Esa destrucción sostenida de las bases materiales de la confianza se complementa –de nuevo, de manera contradictoria- con la fuerza creciente de sectores que buscan zafarse del daño con una renovación del acercamiento a los centros metropolitanos. Un ejemplo dramático es la crisis del Mercosur por los intentos de aislar a Venezuela.

La combinación de factores, sin embargo, produce mayores problemas para que sean creíbles o viables las agendas políticas y diplomáticas para superar la suspicacia y devolver estabilidad a un sistema interamericano que sea aceptable, tanto para Estados Unidos, como para la América Latina.