Genocidios, falsos positivos y violaciones sexuales -consideradas como tortura- entre otros hechos de barbarie, producto de la venganza y del odio, están por fuera de las acciones de guerra, no hacen parte de los crímenes que podrán ser exonerados en el marco de una justicia restaurativa de fin del conflicto -que no es de perdón y olvido- y tendrán que ser investigados y sancionados penalmente, aunque quien los haya cometido lo justifique por la patria, la democracia o la revolución. Decir y hacer verdad le hace bien a la paz esperada, que tampoco puede ser un objeto que para canjear por carreteras, ni comprar con regalías, ni con promesas de que todo tiempo de conflicto terminó.

Los llamados falsos positivos de Colombia, -a pesar de la necesidad de pasar la página de la terrible tragedia, de la que pocos escapan unos como víctimas, otros como victimarios, unos como alentadores, otros como ejecutores-, no caben en la justicia restaurativa de fin del conflicto armado por ser crímenes de lesa humanidad que afectan la dignidad de la humanidad entera, contravienen el sentido de ser humanos de este tiempo. Son delitos que agravian no solo a las víctimas y sus propias comunidades sino a todos los seres humanos, lesionan el núcleo de humanidad que todos compartimos y nos distingue de los demás seres de la naturaleza. Con los falsos positivos, hubo una agresión planeada contra miles de jóvenes extraídos de la población civil no combatiente que fueron asesinados con sevicia por miembros activos de las fuerzas militares. Fue una trasgresión generalizada y sistemática con pleno conocimiento del ataque humillante y bárbaro, que convierte a los agresores en objetivo legítimo de la humanidad que el pueblo debe llevar a la justicia.

Los agresores asesinaron sin piedad a indefensos e inocentes compatriotas suyos en desarrollo de un plan criminal, con un modus operandi meticulosamente elaborado y cientos de veces repetido, que incluyó como fórmula acciones de: selección de la víctima, citas previas, estrategias de confianza, engaño y preparación para que abandonaran sus casas y familias sin levantar sospecha, traslado de su ciudad de origen, amenaza, tortura y asesinato, modificación de las escenas de los crímenes, prensa para anunciar a la opinión publica hechos e imágenes falseadas e informes oficiales con engaño dirigidos a entidades de observancia de derechos humanos y del DIH. Nada de la cadena de horror corresponde siquiera a actos de guerra o hechos de combate, hubo violencia premeditada, un ataque organizado contra un sector definido de población civil discriminada y asediada por el hambre finalmente asesinada a veces uno a uno, otras veces en masacre, todos ellos jóvenes excluidos, sin seguridad social, pobres, desempleados, olvidados, nadies, victimas del modelo de desigualdad.

Fueron crímenes contra la humanidad y la civilización, que pusieron al descubierto una faceta del régimen de odio que gobernó con una política temeraria sin respeto por la humanidad. La especial gravedad de los crímenes repercute también en la comunidad internacional, compromete al gobierno de entonces, dada la existencia ya probada de conductas prohibidas en todo tiempo, sea de guerra o de paz.

Son crímenes no cobijados por las reglas de la guerra, aquí hubo simplemente barbarie y es alentador, que a pesar del blindaje con pactos de silencio entre la alianza político-económico-militar- respecto a actuaciones extrajudiciales en nombre de la guerra- y de los altos índices de impunidad, ya hay probada responsabilidad penal sobre individuos con mando en brigadas y batallones institucionalmente organizados para la defensa nacional, lo que deja en claro -política y jurídicamente- que no fueron actos aislados, ni aleatorios, cometidos por dementes, ni mercenarios, si no acciones cuidadosamente planificadas por expertos, con conciencia plena de su abuso de poder y con vasta capacidad para instrumentalizar y usar recursos, bienes, equipamientos y armas del estado en una causa contraria a la de proteger la vida y derechos de los hombres y mujeres bajo su protección.

El Estado tiene la obligación de continuar y acelerar las investigaciones judiciales y determinar las responsabilidades políticas del alto gobierno y de los mandos en el hecho criminal, en cuanto se trata de delitos imprescriptibles, execrables actos crueles cometidos al margen de la guerra.

 En virtud de la gravedad ética y política, ninguna voz asociada al Estado y el gobierno sea civil o militar, hace bien a la paz, calificando estos hechos como simples faltas o contravenciones a normas y los anuncios de que habrá exoneración de penas y responsabilidades con el fin de la guerra provocan distorsiones, conducen a la opinión pública por pasiones a favor o en contra del delito y crean condiciones favorables al chantaje. Al estado le compete mostrar el real sentido y valor de la paz, sin promesas y salvaguardando la capacidad restauradora de la ecuación de verdad, justicia, reparación y no repetición y asumir que los responsables de falsos positivos serán juzgados y así superar equivocados mensajes que desinforman, crean confusión y revictimiza a la víctimas.

P: D. La balanza de las negociaciones FARC-EP-Estado, contiene mensajes esperanzadores unos y equívocos otros. En el lado esperanzador hay una negociación sin marcha atrás, una insurgencia que ya silenció sus armas, inmovilizó su aparato de guerra y cerró su accionar indicándole a propios y extraños que hay una sola comandancia y que nadie podrá volver a actuar en su nombre, ni usar sus recursos, armas y discursos. Del otro lado el impuesto plebiscito le hace olvidar al gobierno que la paz es un asunto de conciencia, no de votos, ni de adhesiones selladas con regalías y promesas de un paraíso que no vendrá. El plebiscito aparte de innecesario, tiene una sola dirección: Se gana o se gana, perderlo es una sin salida. ¿Qué haría el gobierno si ganara el NO? ¿Promover un golpe de estado por la paz?, ¿usar una fórmula de hecatombe Uribista u otra de extraterrestres, creada por sus expertos minero energéticos, que como sea quieren paz para despojar rápido? Si ganara el NO, la insurgencia ya desarmada tampoco volvería a la guerra, quizá vendrían otras violencias, pero no esa. En cualquier caso la paz no perdería su condición de derecho humano y de construcción colectiva desde abajo, y tampoco caería al vació la inquebrantable potencia de lucha de un pueblo mil veces engañado, que sabe resistir y obtener sus conquistas en medio de las más adversas condiciones.