El 26 de mayo, se cumplieron 20 meses del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, rumbo a la  ciudad de México para asistir al acto del 2 de octubre, desaparecieron. Literalmente, “se los tragó la tierra” o, lo que muchos piensan, ya asesinados, sus cuerpos fueron consumidos por el fuego. Aunque los presuntos autores intelectuales del hecho –el alcalde y su esposa— se encuentran detenidos, no se conoce, a ciencia cierta, lo que sucedió esa noche y la madrugada del día 27.

En la víspera del aniversario, se dio a conocer un documento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos: “10 años de Desaparición Forzada por Motivos Políticos en México. Informe de 2006 al 2016”, que comprende el sexenio de Felipe Calderón y lo que va del sexenio (hasta marzo pasado) de Enrique Peña Nieto, en el que se incluye un capítulo sobre el caso Ayotzinapa-Iguala. El informe cuenta con el aval del representante en México del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Se parte de la definición de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que en su artículo II dice que, para el efecto “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Y se documentan 56 casos de desaparición forzada por motivos políticos, entre 2006 y 2012, y otros 83 casos, entre 2013 y 2016.

No hay mayor incertidumbre, que no saber si los desaparecidos se encuentran vivos o  muertos, si fueron torturados o en qué condiciones están o estuvieron, y que buscan dos cosas simples: Verdad y Justicia. En el informe del Comité Hasta Encontrarlos, viene un apartado sobre los impactos que sobre los familiares tiene la desaparición forzada, que se resume en “un dilema muy difícil: buscar a su ser querido enfrentando todo esto (desde las dificultades económicas hasta el desgaste emocional), o continuar con su vida, y olvidarse del asunto”. Las autoridades encargadas de los casos, apuestan a la desesperación y al cansancio de los familiares, para que olviden el asunto. Con ello, se piensa, “el Estado diluye su responsabilidad”.

Si anteriormente, en la época de la guerra sucia, en las décadas de los 70 y 80, la represión se centraba contra a los que consideraba enemigos o críticos del Estado, que fue el auge de los movimientos guerrilleros, frente a la cerrazón democrática del autoritarismo priista, hoy, en el periodo que comprende los gobiernos de Calderón y Peña, signados por la guerra contra las drogas, cobra visos de una política de terrorismo de Estado. En este sentido, “la continuidad de la política de seguridad en el periodo de EPN y la agudización de las reformas neoliberales, incrementaron la implementación de las desapariciones forzadas en los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto”, sumando nueve mil 384 personas.

En lo que se define como un instrumento o mecanismo de control social, cuyo fin es desmovilizar e infundir miedo en la población, entre las víctimas se cuentan también a periodistas y defensores de los derechos humanos, que incluye a los defienden los recursos naturales, y cuya lucha afecta intereses corporativos, en el que el Estado protege a dichos intereses, por encima de los de la Nación. Lo que se busca con esta política de Terrorismo de Estado es que la sociedad “no se organice y manifieste su descontento ante la imposición de una serie de políticas económicas que le perjudican”.

Por si lo anterior no fuera suficiente, al gobierno mexicano le llueve sobre mojado, pues el 7 de junio, la Open Society Justice Iniciative (OSJI), presenta su informe: “Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, junto con cinco organizaciones independientes de derechos humanos: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).

“La magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas durante varios años satisface el umbral legal para ser considerados un fenómeno ‘generalizado’. Asimismo, la amplitud, los patrones y la intensidad de los delitos sugieren firmemente que también pueden ser considerados como fenómenos ‘sistemáticos’”.

El director ejecutivo de OSJI, James A. Goldston, fue enfático: “El gobierno mexicano ha demostrado, ante la comunidad internacional, liderazgo en materia de derechos humanos durante muchos años. Ahora es el momento de exhibir la misma postura a nivel nacional y enfrentar la crisis de confianza en el sistema judicial que rige en el país, al investigar y procesar los crímenes atroces que se han cometido en México”. O séase que somos candil de la calle…

Así, los dos informes, de los aquí damos cuenta, se convierten en sendos clavos en el ataúd de lademocracia (a la) mexicana; democracia que vaga cual zombi, en un territorio sembrado de fosas clandestinas con restos de cuerpos que no sabemos quiénes son, pero seguramente tuvieron un rostro y un nombre, y que algún familiar los busca y no los olvida.