En otra oportunidad comenté como Zaffaroni (2006) inicia su explicación sobre el enemigo en el derecho penal ubicándose en la Roma imperial, con la figura del hostis quién era el “enemigo público”, respecto al cual se planteaba la guerra. Éste era la negación absoluta del otro ser (hostilidad). Esta categoría serviría para varias subclasificaciones entre las que se encontraría la del hostis alienigena considerado como “el núcleo troncal que abarcará a todos los molestos al poder, por insubordinados, indisciplinados o simples extranjeros”. En fin, el extranjero, el enemigo, el hostis, era el que carecía de derechos, el que estaba fuera de la comunidad. Tanto es así que la pena máxima en muchas sociedades era la expulsión de la comunidad, el exilio, la pérdida de la paz, justamente porque dejaba al sujeto en la situación de extranjero, de extraño, privado de todo derecho. Este desconocimiento del otro lo heredan de cierta manera las tradiciones judeo-cristianas, se expresarán en las cruzadas, en el genocidio americano y también en la inquisición. Esta rémora premoderna ha permeado al pensamiento moderno, a la política y en consecuencia al derecho. No en vano uno de los más importantes ideólogos del nacionalsocialismo, Carl Schmitt, considerará a la distinción entre amigos y enemigos como la “esencia de lo político”. En resumen: el enemigo no es persona y en consecuencia no tiene derechos, es una categoría bélica, no jurídica (Jakobs sería la carátula “jurídica” de este discurso). En este proceso de construcción de enemigos los estereotipos difundidos por las empresas de comunicación y del espectáculo, junto a la exacerbación de los miedos asociados con los mismos, son fundamentales para la legitimación de políticas bélicas. Esta introducción es perfectamente aplicable a algunos casos en los que la OLP tuvo como objetivo militar a extranjeros residentes en Venezuela.

Se calcula que las cifras de detenidos de manera arbitraria por las OLP superan las 14.000 personas. En un seguimiento que he estado haciendo sobre estos casos, de unas 820 personas detenidas de las que se ha podido identificar algunas características sociales como ocupación o nacionalidad, el segundo grupo mayoritario fue el de los extranjeros con un 40% de los casos; el primer lugar lo ocupó la clase obrera con un 49%. En fin, los pobres, los excluidos, terminaron siendo los blancos de estos operativos.

¿Esta persecución de extranjeros tiene alguna justificación fáctica? ¿Hay evidencia científica para asegurar que los extranjeros son la causa de nuestros problemas de violencia e inseguridad ciudadana?

Analicemos la poca información que se tiene a la mano. Por ejemplo, en el año 2011 el Ministerio de Relaciones Interiores publicó un Diagnóstico sociodemográfico de la población penitenciaria en Venezuela. En éste el 96,07% de la población era venezolana por nacimiento, apenas un 3,84% eran extranjeros –de los cuales 0,77% estaban naturalizados- . Claro está, esto es un dato que viene mediado por la institución penitenciaria, con todo el proceso de selectividad, racista y clasista que caracteriza a todos nuestros Sistemas Penales occidentales; y en el caso latinoamericano, hay que considerar además que un 60% de los privados de libertad son “procesados”, es decir, técnicamente “inocentes”; sólo sobre un 40% de los privados de libertad puede afirmarse que son delincuentes, ya que es ese el porcentaje de condenados.

Otro dato que puede servir de indicador es la investigación sobre victimización de policías en casos de homicidios. En cuanto a la nacionalidad de los victimarios, en el 86,8% de los casos son venezolanos, el resto no presentó información sobre la nacionalidad, no se encontraron casos de victimarios extranjeros. Por lo que tesis con rasgos xenófobos que en ocasiones han intentado posicionar en la agenda mediática durante los últimos meses en el país, al menos en estos dos estudios con esos casos concretos, no encuentran sustento.

Por último, pero no menos importante ni interesante, están también los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de 2009, en la que la gran mayoría de los encuestados consideraba que ni los paramilitares colombianos (95,6%), ni los venezolanos (97%), eran quienes cometían principalmente los delitos en el país; el 95,9% consideraba irrelevante la regularización de indocumentados como una política para mejorar la inseguridad. Si bien estos últimos resultados pudieran ser catalogados como “percepciones”, nos indican el imaginario de la población respecto a estos temas y la legitimidad que pudieran tener este tipo de políticas ¿Qué habrá ocurrido en los últimos 6 años para que algunos actores concentraran buena parte de su discurso securitario en los migrantes colombianos? ¿Por qué a pesar de saber que la gente no relaciona sus problemas securitarios con los extranjeros se insistió con ese discurso? Esto sería un buen tema para una investigación: el extranjero como phármakos.

“En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de las ciudades, se celebran las ceremonias. Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente alivio ante la enfermedad que la acosa. La muerte de cada malviviente surte efectos farmacéuticos sobre los bienvivientes. La palabra farmacia viene de pharmakos, que era el nombre que daban los griegos a las víctimas humanas de los sacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis.”

Eduardo Galeano. Patas arriba. La escuela del mundo al revés.

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Publicado originalmente en Contrapunto.com