Los gobiernos de corte neoliberal en Latinoamérica aumentaron la dependencia alimentaria, al asumir como válida la (s) tesis de ajuste estructural agrícola referida a que sale más barato importar alimentos subsidiados que producirlos internamente, ya que los llamados bienes salarios no aumentan las exportaciones ni fortalecen las reservas internacionales, que si lo hace la siembra y producción de cultivos no tradicionales de exportación como el camarón cultivado, aceite de palma africana, flores y cultivos orientales.

Se fomentó y sigue haciéndose la competencia entre países por producir y exportar productos no tradicionales en el marco de los tratados de libre comercio, eliminándose todas las trabas y restricciones arancelarias al comercio. No obstante que algunos países como la Argentina, Ecuador, Brasil y Bolivia han resistido esta práctica de política agroalimentaria, en el fondo la competencia por acceder a mercados se impone sin importar la caída de los precios de los productos y la inestabilidad de los mercados de productos agrícolas.

Los países de la región centroamericano no son la excepción, más bien en su mayoría han convertido está practica en política de Estado. El caso Honduras es relevante, ya que se convirtió en un país importador neto de alimentos después de que fuera considerado el granero de Centroamérica, frente a la creciente ociosidad de tierras agrícolas en poder de terratenientes y aquella abandonada por los grupos campesinos de la reforma agraria. Se estimas que más de 450 mil hectáreas de tierra permanecen ociosas la mayor parte del tiempo en el país. Mucha de la tierra en valles fértiles para producir alimentos básicos de la población es utilizada para sembrar palma africana y cacao, con lo se ha desplazo población campesina y afectado el uso de recursos naturales como el agua y biodiversidad.

Recién el gobierno de la Republica a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) pretende autorizar la importación de 1 millón de quintales de maíz blanco, justificado según sus voceros, las “magnates” de la agroindustria por ejemplo, en el desabasto interno y aumento del precio del grano en el mercado nacional. Igual, se espera que aumenten las importaciones de arroz y frijol el resto del año, con lo cual aumenta el grado de dependencia alimentaria de la economía de las importaciones. Aunque el Ministro de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Paz, descarta la importación del maíz y frijol ya que la reserva de granos es de 160,000 de ambos productos, lo cierto es que el gobierno de la República perdió el control sobre la regulación del mercado interno de alimentos en tanto son los agroindustriales lo que tienen la última palabra sobre cuándo y cuánto importar y a que precio.

La principal debilidad del gobierno es que no cuenta con un sistema de información de mercados, y ha eliminado las oficinas de planificación regional que cumplían la función de estimar la producción a través de hojas de balance. La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) luce atomizada sin capacidad técnica y presupuestaria suficiente para poder planificar las áreas de siembra de alimentos y monitorear las producciones obtenidas y sus costos por región, departamento y municipio. Los pequeños productores de alimentos no tienen acceso al sistema de información de mercados, y están sujetos a que un grupo de técnicos burócratas se pongan de acuerdo con los agroindustriales en una mesa de trabajo dispareja sobre el precio que se debe fijar para cada cosecha, sin que ello se respete.

Los pequeños productores y unidades agrícolas familiares se vienen quejando por la falta de financiamiento para sembrar comida, donde los fondos FIRSA, un programa creado por el gobierno se orienta a benefician a los palmeros, cafetaleros y ganaderos, menos a aquellos que se dedican a la producción de granos básicos y hortalizas. Enfrentan problemas de aumento de los costos de producción por la devaluación decretada por el Banco Central de Honduras y autorizada por el FMI, el repunte en el aumento de los precios de los derivados del petróleo y falta de acceso a semilla mejorada no trangenizada; igual, en su mayoría no son sujetos de crédito del Estado y banca privada por lo que se ven obligados a obtener recursos de fuentes informales pero a un costo mayor. En el Valle de Comayagua, un comerciante salvadoreño financia la producción de maíz a un pequeño productor hondureño pactando una baja del precio del quintal entre un 30 y 40%.

A ello se agrega los problemas que trae la prolongada sequía como resultado del cambio climático y la insuficiencia de los programas de riego y reservorios de agua promovidos por el gobierno en el llamado corredor seco. Hay productores en la zona sur de Honduras que abandonaron la producción de granos básicos, dedicándose a producir rubros resistentes a la sequía como el marañón cuyo paste sirve también de alimentos para los niños y niñas.

Las cifras de la CEPAL (2013) dan cuenta que el grado de dependencia alimentaria aumentó en la mayoría de los países de la región después de la vigencia del TLC. En el caso del maíz, Honduras (42.6%) y el Salvador (44%) fueron los que más aumentaron su dependencia de la importación de alimentos y en arroz Honduras (88.1%) y el Salvador (87.1) igual. Contrario a ello, Nicaragua se resiste a depender de alimentos importados y promueve una política deliberada de Estado para producir y consumir alimentos. En Honduras, la dependencia alimentaria es estimulada además por la falta de una estrategia de desarrollo del sector agroalimentario de mediano plazo tal como sucedió en los gobiernos de Maduro (2002-2005) y Zelaya (2006-2009). En la actualidad el Congreso de la Republica acaba de aprobar el programa 20/20 donde el pariente pobre es el sector agroalimentario frente a la maquila y el turismo.

Los costos de esta política son mayores para el Estado. Por un lado tienen que comprar alimentos más caros en los mercados internacionales que afectan las reservas internacionales, y por el otro desestimula la producción y consumo de alimentos, aumenta el desempleo y la pobreza. Es más, la experiencia demostró como en el caso de las importaciones de los frijoles “chucos”, que esta practica de importaciones no planificadas ni reguladas pueden estimular la corrupción sin que se garantice un abastecimiento oportuno del grano para beneficio de los centros urbanos ni una baja en el precio de compra.

El agro hondureño necesita de un programa masivo de producción de alimentos básicos. Es lo justo frente a los beneficios fiscales que exigen los maquiladores y el turismo para poder participar y acompañar el programa 20/20 aprobado como una iniciativa del presidente de la Republica.

Tegucigalpa, 17 de abril de 2016.