Uno de los temas que está ocupando en este ciclo a las dos delegaciones en La Habana es de la implementación de los Acuerdos. Este es un tema de la mayor importancia, porque hace la diferencia entre una retórica que se queda en el papel y que debemos recordar es bastante frecuente en nuestra tradición política -se hacen acuerdos, o se expiden normas, o se deciden políticas públicas y tienden a quedarse en buena medida en el papel, como simples constancias históricas-, o la base para una serie de reformas que apunten a aspectos relacionados con las causas históricas del conflicto armado y que buscan su reforma.

La implementación conlleva por lo menos tres dimensiones. Primero, la financiación de los Acuerdos: al respecto existe una gran incertidumbre porque no hay certeza de cuáles son los montos y las fuentes de financiación -algunos sectores sociales parecen actuar con la lógica de señalar que están de acuerdo con la paz, siempre y cuando eso no les cueste nada, aunque fueron generosos para financiar la guerra-. No hay duda que la financiación de los acuerdos va a requerir nuevos impuestos o destinar, por lo menos parcialmente, los que antes se orientaban a financiar la guerra; igualmente va a necesitarse créditos blandos de la banca internacional -Banco Mundial, BID, la CAF, etc.- y claro una, ojalá importante, cooperación internacional -en esto se mide en realidad el apoyo de la comunidad internacional al esfuerzo de Colombia por cerrar el conflicto armado y no sólo en palmaditas en la espalda al Presidente o sus embajadores-;  igualmente habrá que re-direccionar parte del presupuesto nacional del actual Plan de Desarrollo y los siguientes, así como de los planes territoriales y por supuesto la vinculación del capital privado en este sentido. Pero hasta el momento nada parece estar claro en esa dirección.

Segundo, la estructura administrativa que va a orientar la implementación de los Acuerdos. ¿El actual Ministerio del Postconflicto? Independiente de la persona que está actualmente nombrada, que no tengo duda que en general conoce del tema, el problema es que esto no ha sido acordado en la Mesa de Conversaciones y especialmente cuál va a ser el o los diseños técnicos e institucionales para implementar los acuerdos en los territorios, ni se ha definido el rol de las administraciones regionales y locales, de las organizaciones sociales, empresariales, académicas, es decir no hay nada definido y esto no se resuelve solo trayendo expertos, sino mirando nuestra propia experiencia que es rica y se puede aprender mucho de ella.

Tercero, los mecanismos de seguimiento y verificación de esta implementación de acuerdos, que ojalá al Gobierno y las FARC les guste y la consideren prioritaria y que son fundamentales para hacerles el seguimiento, presionar la ejecución de estos acuerdos y si es necesario introducirle ajustes a los mismos. Allí seguramente una Comisión Nacional de Seguimiento y Verificación, con participación de Gobierno, FARC, la ONU y una serie de representantes de organizaciones de la sociedad sería el mecanismo fundamental para esto y que dicha Comisión Nacional tenga expresiones territoriales.

Por último, ¿ya está diseñado el modelo de copamiento del territorio por parte de la Fuerza Pública una vez se produzca la concentración de los Frentes de las FARC? y ¿la presencia del Estado civil en su conjunto también? Porque si esto no está diseñado hay alto riesgo que la implementación de los acuerdos comience mal.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia.