4 de febrero 2016

Senadora María de Lourdes Santiago

San Juan, Puerto Rico

Estimada senadora,

Le escribe Carmelo Ruiz Marrero, periodista, autor y educador ambiental, y fundador del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico, un colectivo que durante una década de existencia ofreció perspectivas críticas sobre el tema de la biotecnología transgénica para contrarrestar la propaganda de la industria y del gobierno de Puerto Rico al efecto de que ésta sería una bonanza para el país y sin efectos negativos.

Primero que nada le agradezco y felicito a usted y al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) por hacer cuestionamientos acertados y oportunos sobre las corporaciones transnacionales de biotecnología agrícola activas en Puerto Rico, sus cultivos transgénicos, y los venenos agrotóxicos asociados a estos, como el infame Roundup. El PIP fue la primera institución en la nación en abordar estos temas de una manera crítica y escéptica. Recuerdo muy bien cuando en el cuatrienio que comenzó en 2001, los legisladores Víctor García San Inocencio y Fernando Martín, con la orientación experta de los asesores Jorge Fernández Porto y Lirio Márquez, presentaron legislación de avanzada para el etiquetado de alimentos transgénicos y para investigar las actividades de la industria biotecnológica semillera en el territorio nacional.

El pasado mes de mayo el partido creó precedente de nuevo cuando usted presentó un proyecto de ley para prohibir las fumigaciones de glifosato en terrenos públicos. Un número creciente de estudios y datos científicos muestran los daños al ambiente y la salud humana del glifosato, ingrediente activo del herbicida Roundup de la empresa Monsanto. La Organización Mundial de la Salud lo ha identificado como probable carcinógeno humano. Es necesario reconocer la labor de Víctor Alvarado, asesor de la delegación legislativa del PIP y activista comunitario ambiental de conocida trayectoria en su pueblo de Salinas, y la doctora Graciela Rosario, asambleísta municipal de Aibonito, quienes han documentado y denunciado la nefasta práctica de algunos gobiernos municipales de usar indiscriminadamente el glifosato para desyerbar los bordes de las carreteras.

Como senadora, usted está en una posición muy apropiada para investigar más a fondo las actividades de estas compañías en Puerto Rico. Permítame hacer unas recomendaciones de investigación:

1) Filantropía. Las corporaciones dan dinero a causas filantrópicas para crear una opinión pública favorable y para comprar el silencio y complacencia de individuos e instituciones. ¿Quiénes en Puerto Rico están recibiendo, o han recibido en el pasado, donativos de Monsanto o de otras compañías de pesticidas o biotecnología agrícola? Estas empresas documentan sus actos de “caridad” hasta el más mínimo centavo, sus gerentes no pueden decir que no saben a dónde van a parar esos fondos. ¿Qué instituciones educativas, becas estudiantiles, equipos deportivos, proyectos comunitarios o actividades artísticas financian?

2) Donativos electorales. Monsanto y sus competidores dan grandes cantidades de dinero a campañas electorales en Estados Unidos. ¿Y en Puerto Rico no? Hay que averiguar qué donativos han dado a campañas electorales municipales, legislativas y para la gobernación en las elecciones de 2012 y 2016.

3) Contactos con servidores públicos. ¿Cuáles empleados públicos han sido contactados por estas compañías, sean legisladores, funcionarios de agencias, extensionistas agrícolas o profesores y decanos de la UPR? Estos deberían rendir cuentas públicamente. ¿De qué hablaron? ¿Se les pidió algo? Y si es así, ¿A cambio de qué? No sería mala idea solicitar los correos electrónicos de los empleados del Departamento de Agricultura, Servicio de Extensión Agrícola, Estaciones Experimentales, la Universidad de Puerto Rico y la Legislatura que tendrían alguna potestad sobre la otorgación de permisos para cultivos transgénicos y/o hacer discurso público en favor de las compañías transnacionales semilleras, biotecnológicas agrícolas y de pesticidas. Siendo empleados públicos al servicio del pueblo puertorriqueño, no pueden reclamar privacidad en cuanto a tales encuentros y comunicaciones.

Tal pesquisa podría rendir informaciones interesantes. En Estados Unidos el profesor Kevin Folta, de la Universidad de Florida, realizaba una ruidosa y agresiva campaña pública en pro de los productos transgénicos, y exclamaba a todo pulmón que no recibía un solo centavo de Monsanto. Un grupo activista usó la Ley de Libertad de Información (FOIA) para examinar sus correos electrónicos y encontró que el profesor, que tanto se cantaba independiente y desinteresado, había recibido $25 mil de Monsanto para que hiciera campaña en su favor. ¿Habrá alguna versión criolla de Folta en la UPR?

4) La puerta giratoria. En Estados Unidos se ha documentado exhaustivamente el movimiento de funcionarios entre agencias de gobierno y compañías privadas, y de cómo éste ha creado conflictos de interés dañinos al bienestar público. Sabemos, por ejemplo, que el abogado Michael Taylor, quien goza de un alto puesto en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), fue entre 1996 y 2000 vicepresidente de Monsanto. ¿Podría haber en Puerto Rico una puerta giratoria entre los sectores público y privado como la que hay en EEUU? De los empleados de las compañías de biotecnología agrícola en Puerto Rico, ¿Cuántos de ellos trabajaron para el gobierno de Puerto Rico anteriormente? Y viceversa, ¿Hay personal en el gobierno que trabajó en el pasado para estas compañías?

Como senadora, usted está bien posicionada para presentar estos cuestionamientos y solicitar testimonios y documentación. Sería una gran aportación a nuestro país en su último año en el Senado y en el curso de su campaña para la gobernación. Le felicito por su ejecutoria como senadora y por su candidatura a la gobernación de Puerto Rico

Quedo a sus órdenes,

Carmelo Ruiz Marrero

Periodista y educador ambiental

Autor de El Gran Juego de Ajedrez Botánic