Tras haber estado privado de su libertad durante cinco años, un mes y 29 días, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió un informe a favor de la libertad del australiano Julian Assange, fundador del portal web Wikileaks

Assange, asilado desde ese entonces en la Embajada de la República del Ecuador en Londres, calificó el informe como una derrota para el Reino Unido y para Suecia, países que ahora tienen la obligación de cumplir el dictamen para subsanar esa detención arbitraria en la que han incurrido.

En declaraciones a la prensa desde el balcón de la sede diplomática, Assange indicó que el informe de la ONU representa una "victoria real y significativa" no solo para él y su familia, sino para muchas otras personas.

Assange, considerado enemigo de los Estados Unidos por revelar documentos secretos del Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA a través de Wikileaks, agradeció a la ONU por considerar y analizar su caso durante 16 meses, y por "emitir un veredicto que aporta a la habilidad de las Naciones Unidas para abordar casos complejos, incluyendo aquellos en los que están involucrados países occidentales".

Destacó que el resultado de este caso reivindica sus derechos, puesto que el "Grupo de Trabajo es el órgano experto a nivel mundial para comprender la ilegalidad de la detención de una persona".

Según su parecer, el estatus de la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria es "legalmente vinculante", señalándola como "opinio juris" (deber jurídico, en español) y que está "en el eslabón más alto de la jerarquía de normas internacionales, por encima de las leyes internas y los tratados entre países".

Calificó de "insultantes" los comentarios emitidos por el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Philip Hammond, quien tildó el informe de la ONU como “ridículo, por debajo de la estatura en la que un Ministro debe expresarse en una situación como esta".

Assange informó que el Reino Unido y Suecia tuvieron la oportunidad de apelar el informe durante las últimas dos semanas y no lo hicieron, razón por la cual "no pueden ahora pretender objetar los resultados de un proceso en el que incluso estuvieron involucrados por 16 meses", dijo.

Refirió que el deber del Reino Unido y Suecia en estos momentos es implementar el dictamen, puesto que "no pueden menoscabar la decisión de las Naciones Unidas, los derechos humanos y sus instrumentos internacionales". Explicó que, de tomar esa vía, se generarían "consecuencias diplomáticas" para ambos países por "incumplir sus obligaciones internacionales”, lo cual conllevaría a provocar su aislamiento internacional o incluso sanciones por parte del organismo.

Por su parte, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, ratificó el compromiso del gobierno ecuatoriano de seguir velando por la seguridad del australiano fundador de Wikileaks, por tratarse de un caso de violación a los derechos humanos y persecución política por “develar los delitos grabados, que otros ciudadanos del mundo cometieron”, acotó.

Patiño lamentó la posición del Reino Unido, país que optó por no reconocer la decisión del grupo de trabajo de la ONU, pese a que aceptó la institucionalidad del organismo. Agregó que el dictamen del grupo de trabajo de la ONU evidencia una persecución política en el caso de Assange, puesto que durante más de cinco años no ha sido juzgado ni sentenciado por los delitos que se le imputan.

Igualmente, consideró que se mantiene un proceso sistemático de violación a los derechos humanos, a los derechos a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a los tratados de derecho internacional. Además, tampoco se le ha permitido revisar y tener acceso a los documentos sobre su caso, que es un derecho fundamental de toda persona que atraviesa por una investigación judicial.

El canciller mencionó también que en este caso hay un “problema humanitario”, pues la Embajada de Ecuador en Londres no tiene instrumentos médicos para atender la salud de Assange, quien presenta molestias en un hombro.

Patiño dijo que se analizará, desde el punto de vista legal y de la diplomacia internacional, las reacciones de los países involucrados tras la decisión del grupo de trabajo de la ONU, para lo que esperan una respuesta oficial de la Justicia y la Diplomacia de Suecia, país que tiene a su cargo este caso, y que actualmente se encuentra en período de vacaciones.

Los especialistas que trataron el caso desde la ONU consideran que la detención debe finalizar y que Assange tiene el derecho a una indemnización. La actuación de este grupo de especialistas de la ONU responde a una demanda realizada por los abogados de Julian Assange en 2014.