La crisis de la Corte Suprema de Justicia refleja una profunda descomposición del actual sistema político panameño que se estructuró después de la invasión militar de EEUU a Panamá en 1989. El gobierno militar panameño (1968-1989), que sostenía una precaria alianza entre una burguesía industrial y sectores de la clase obrera organizada, se hizo añicos tras la ocupación militar del país por EEUU. En su lugar, se levantó un régimen oligárquico con los partidos tradicionales ocupando el sillón presidencial, los escaños de la Asamblea de Diputados y las magistraturas de la Corte Suprema. Durante los últimos 25 años se aplicaron políticas neoliberales y creció la influencia del capital financiero. La llamada ‘burguesía nacional’ se desmoronó y la clase obrera perdió la  influencia alcanzada a mediados del siglo XX.

La consigna que levantan algunos sectores para convocar a una Asamblea constituyente en Panamá se remonta a la década de 1980. En aquella época era un grito de las fuerzas políticas anti-militares y anti-‘populistas’. En los últimos 25 años ha crecido y extendido a otros sectores de la sociedad. En la actualidad, la carta magna se parece a un parche debido a las numerosas reformas que ha experimentando.

En 2014, el actual presidente de la Republica, Juan C. Varela, prometió una ‘Asamblea constituyente’. En 2015 - desde el poder –dio un paso atrás y anunció que no era el mejor momento para hacer realidad la promesa. Obviamente, una convocatoria lo dejaría a él y a su partido Panameñista en una extrema minoría convirtiéndose en títere de los partidos de oposición y sus intereses económicos.

En 2015, el gobierno del presidente Varela promovió las investigaciones contra los colaboradores de su predecesor, Ricardo Martinelli, por los abusos de corrupción y el asalto al Tesoro Nacional. El mismo Martinelli es, actualmente, investigado por la Corte Suprema de Justicia. Este detalle complica el escenario creado por los escándalos surgidos dentro de la Corte por los magistrados que están enfrascados en una lucha por el poder.

Todos los sectores hacen propuestas sobre las reformas que necesita la Constitución. La mayoría hace propuestas puntuales. Lo que hace falta es definir que país queremos los panameños para entonces discutir que ordenamiento constitucional es el más adecuado para alcanzar ese objetivo.

Panamá es un país muy dividido y existen varios proyectos de país. Actualmente, el que tiene el poder considera que Panamá es un país ‘pro mundo beneficio’. Consigna concebida por los próceres, Bunau-Varilla y aprobada por Washington. Es la visión de los rentistas y sus partidos políticos representados en la actual Asamblea Nacional. El pueblo rechaza esta noción que ha predominado, con interrupciones, por casi 200 años. Hay una mayoría que todavía no está lo suficientemente organizada para imponer el proyecto de Nación, incluyente y democrático (que ponga fin al régimen oligarca, sus políticas neoliberales y corrupción rampante).

Las políticas neoliberales impuestas en Panamá han debilitado a la clase obrera, a los trabajadores y al pueblo, en general. En 1999, después de una lucha de décadas, Panamá se encargó de la administración del Canal de Panamá. Los ingresos anuales del Canal, que representan 2.5 mil millones de dólares, le ha dado a la clase rentista (oligarquía) mucho poder para corromper el tejido social del país.  En vez de invertir en el sector productivo para generar riqueza y una clase trabajadora próspera, los rentistas invierten en actividades especulativas que sólo benefician a una pequeña elite de empresarios, quienes junto con los rentistas, monopolizan el poder político.

El pueblo tiene que seguir luchando por hacer realidad la ‘soberanía’ que expulsó a EEUU del país. En esta etapa, la lucha del pueblo consiste en desplazar a los rentistas de sus posiciones hegemónicas y recuperar la posición geográfica del país y el Canal para ponerlo al servicio de un plan de desarrollo nacional.

En mi libro La democracia en Panamá (1998) escrito cuando el país era ocupado militarmente por EEUU, hablamos de una democracia ‘restringida’. En la actualidad, EEUU sigue presente política y militarmente, con una oligarquía gobernante. Panamá tiene una democracia ‘restringida y oligarca’.

La coyuntura ha hecho que muchos sectores sociales exijan una Constituyente. No hay que olvidarse, sin embargo, que el problema de fondo es la descomposición del actual sistema político panameño. La podredumbre de la Corte Suprema de Justicia y la urgencia de una Constituyente son productos de la descomposición del sistema político actual.

28 de enero de 2016.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) 

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