A más de dos años de la suspensión contra la siembra de maíz transgénico en México, las trasnacionales se desesperan y en el alud de argumentaciones de todo tenor –medias verdades, datos fuera de contexto o falseados, mentiras descaradas­–  Monsanto y Syngenta admitieron que con la siembra de maíz transgénico, habrá contaminación del maíz campesino nativo. En su rescate, la secretaría de agricultura (Sagarpa), afirmó cínicamente que la contaminación transgénica será buena para el maíz nativo, aunque admitió al mismo tiempo que la presencia de transgenes persistirá por varias generaciones y que esto “modificará” el entorno.

Son algunas de las afirmaciones que empresas y autoridades entregaron en documentos a los tribunales, contradiciendo sus propios dichos de que los transgénicos pueden coexistir con el maíz nativo y que no afectarán el medio ambiente o la biodiversidad. La Sagarpa admite además que el maíz transgénico no está diseñado para aumentar la producción, y en una opinión enviada por la Secretaría de Salud, ésta afirma que “no es de su competencia” sobre el tema en disputa , mostrando por tanto que ¡no hace evaluación de riesgos a la salud sobre la siembra de maíz transgénico!

Estas respuestas forman parte de las miles de páginas que constituyen actualmente el expediente sobre la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico presentada por 53 individuos y 20 organizaciones, representadas legalmente por Colectivas AC. La selección de textos que muestran que las empresas y autoridades conocen los riesgos de los transgénicos para el maíz, la biodiversidad y la salud –pero privilegian las ganancias empresariales– se puede consultar en la página de Expediente Maíz, en el documento “Las empresas de transgénicos nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad”. 

En octubre 2013, el 12º. Juzgado de distrito en materia civil en el Distrito Federal, aceptó la consideración de esta demanda colectiva –que aún no se resuelve– y ordenó la suspensión de siembras de maíz transgénico y de consideración de autorizaciones por parte del gobierno. Esta medida precautoria fue para evitar que mientras se discute la demanda, la siembra de maíz transgénico continuara y avanzaran las afectaciones que se demanda prevenir.  Desde entonces, las trasnacionales de agronegocios más grandes del planeta se han dedicado a combatir esas resoluciones. Junto a los ministerios de agricultura y medio ambiente –que están usando sus competencias y recursos públicos para defender intereses de las trasnacionales– la demanda y la suspensión han sido atacadas con 100 impugnaciones en 17 tribunales, en el intento de agotar a los demandantes y conseguir jueces afine$ a las empresas. Lo consiguieron parcialmente, pero sus logros momentáneos de cancelar la suspensión y la demanda, fueron revertidos por otros jueces que aceptaron la apelación del colectivo demandante.

Mantener la suspensión es un punto clave, ya que si se cancela esa medida precautoria, aunque continúe el juicio, las empresas rápidamente inundarán los campos con transgénicos para generar una situación de contaminación de hecho, sobre la que argumentarán que como no hay vuelta atrás, es “mejor” rendirse y legalizar la siembra ilimitada.

Este es precisamente el camino que tomaron las trasnacionales en los países que hoy están invadidos de transgénicos, y que años después presentan epidemias de cáncer, abortos, malformaciones neonatales y agrotóxicos en leche materna en zonas de siembra, por el aumento del uso de venenos que conllevan los transgénicos.

En casi todos esos países la contaminación fue intencional, promovida por las empresas directamente o través de agentes en connivencia con éstas, por contrabando de semillas o distribuyéndolas a agricultores que no sabían su  contenido. Lo hicieron justamente para forzar la legalización a pesar de los impactos negativos. También en México, pese a ser ilegal, se ha constatado la contaminación transgénica de maíces campesinos nativos, sea por la estrategia de distribuir semillas transgénicas a agricultores que no lo saben, por la mezcla de semillas transgénicas en programas de gobierno o por la distribución de granos mezclados o contaminados a través de tiendas de Diconsa. Los transportes de maíz importado, en su mayoría transgénico, tampoco son segregados ni observan medidas de bioseguridad.

De por sí, la contaminación transgénica desde su origen es intencional y es parte constitutiva del maíz  transgénico: las empresas lo sabían desde que manipularon un cultivo de polinización abierta –que necesariamente se cruzaría con otras plantas– y patentaron esos genes, de tal forma que la contaminación se convirtió en un negocio, al llevar a juicio y cobrar a las víctimas de la contaminación.

Por todo esto, en la concurrida pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Contaminación Transgénica del Maíz Nativo,realizada el 26 y 27 de abril 2013 en Oaxaca, con decenas de testimonios de campesinos, científicos y organizaciones, el panel de dictaminadores concluyó que “Las empresas saben que la contaminación es inevitable una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias.” (http://goo.gl/cV3X46).

La resistencia a los transgénicos no empieza ni termina con medidas legales, sino desde los territorios y comunidades que mantienen las semillas y el control comunitario. Pero además, para no aumentar exponencialmente la carga y los riesgos sobre las y los campesinos y la biodiversidad que mantienen y es base y futuro de la vida de todos, se debe mantener la suspensión y prohibir la siembra de transgénicos.

Silvia Ribeiro

Investigadora del Grupo ETC

www.etcgroup.org