Desde 1999, la sucesión de gobiernos progresistas y de nueva izquierda en América Latina abrió un nuevo ciclo histórico en la región. Desde luego, no todos tenían similares orientaciones, ni ejecutaron políticas reformistas o radicales capaces de marcar el rumbo claro hacia una sociedad poscapitalista.

En todo caso, los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Hugo Chávez/Nicolás Maduro en Venezuela se colocaron a la vanguardia de las transformaciones, afirmando Estados nacional-populares y antiimperialistas, y asumiendo la construcción del “socialismo del siglo XXI” como alternativa al capitalismo.

En abril de 2002 se produjo un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela y el 30 de septiembre de 2010 otro en contra de Rafael Correa. Ambos fracasaron. Pero Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por la Suprema Corte de Justicia de Honduras (2009), y Fernando Lugo fue destituido por otro golpe de Estado del legislativo paraguayo (2012). Sin embargo el triunfo de Mauricio Macri para la presidencia de Argentina (2015), se ha considerado como una campanada de alerta y hasta el inicio del “fin” de los gobiernos progresistas latinoamericanos.

La alerta es válida. Después del auge político e incluso del ascenso económico motivado por altos ingresos y fuertes inversiones públicas, los gobiernos progresistas y de nueva izquierda enfrentan la arremetida de sus enemigos más poderosos: el alto empresariado junto a las élites adineradas (burguesías), el imperialismo y los medios de comunicación identificados con esos intereses.

El clima para esa restauración conservadora se volvió favorable a partir de 2013-2014, conforme las dificultades económicas empezaron y en 2015 la “crisis” se hizo evidente. Los gobiernos citados pudieron mantener su “modelo” mientras la economía les ofreció capacidad estatal para construir un capitalismo social (que es, hasta hoy, lo conquistado) y relativa independencia frente a las fuerzas contrarias y opositoras.

Pero la “crisis” empezó por afectar al Estado promotor económico y social, de manera que, ante esta situación, comenzó la guerra económica de las burguesías internas, respaldadas por el imperialismo, a la que se suma la guerra política de los opositores y la que adicionalmente libran los medios de comunicación privados en el campo ideológico diario.

El dilema para los gobiernos latinoamericanos citados es, por tanto, cómo afrontar tan adversa situación sin ceder ante las burguesías, incluso porque aquellos no han desarrollado ni una teoría ni políticas económicas para atender la crisis precisamente desde la perspectiva de la nueva izquierda. Puede comprenderse que se restrinja el gasto público sin descuidar la inversión social; pero es un suicidio caer en las demandas del sector privado que, como ha comenzado a experimentarse en Ecuador, empieza a utilizar el boicot, la restricción de créditos, la paralización de inversiones, etc., como reproducción de ese tipo de guerra económica ya desatada en Venezuela.
 

Ecuador, lunes 7 de diciembre de 2015

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com

Publicado en El Telégrafo  7/12/2015