La globalización del comercio y de la banca central propulsaron a las empresas privadas a posiciones de poder y control nunca antes vistas en la historia humana. Bajo el capitalismo avanzado, las exigencias estructurales para un retorno de la inversión requieren una expansión infinita del capital centralizado en manos de cada vez menos personas. El centro financiero del capitalismo global está tan altamente concentrado que unos pocos miles de personas dominan y controlan riquezas por 100 billones de dólares. Quienes controlan las enormes cantidades globales del capital representan menos del 0,0001 por ciento de la población mundial. Son la clase capitalista transnacional (CCT), que, como élite capitalista del mundo, dominan a los Estados-nación a través de acuerdos comerciales internacionales y organizaciones estatales transnacionales como el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional.

La CCT comunica sus requerimientos de políticas a través de redes globales, como el G-7 y el G-20, y varias organizaciones políticas no gubernamentales, como el Foro Económico Mundial [Davos], la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg. La CCT representa los intereses de cientos de miles de millonarios y multimillonarios que forman parte de las personas más ricas en el 1 por ciento top de la jerarquía mundial de la riqueza.

La CCT está muy consciente de su estatus de élite y de su creciente vulnerabilidad a los movimientos democráticos y al malestar social desde abajo. El imperio militar dominado por Estados Unidos y la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) sirve para proteger las inversiones de la CCT en todo el mundo. Las guerras, los cambios de régimen y las ocupaciones se realizan como servicios de apoyo a los inversores del imperio para facilitar su acceso a los recursos naturales y fortalecer sus ventajas especulativas en los mercados.

Cuando el imperio es lento para llevar a cabo sus planes o se enfrenta con la resistencia política, las empresas particulares de seguridad y las compañías militares privadas (CMP) deben cumplir cada vez con más demandas de la CCT para la protección de sus activos. Estos servicios de protección incluyen seguridad personal de ejecutivos de la CCT y sus familias, protección de zonas seguras residenciales y de trabajo, asesorías en táctica militar y entrenamiento de policías nacionales y fuerzas armadas, recolección de información de inteligencia sobre los movimientos democráticos y grupos de oposición, adquisiciones y gestión de sistemas de armas, y fuerzas de ataque para acciones militares y asesinatos.

La expansión de la crisis de masas desesperadas/refugiados, fuerzas de trabajo alienadas y agotamiento del medio ambiente significan una oportunidad ilimitada para la participación de las CMPs en los servicios de protección de la élite mundial.

Se estima en más de 200 mil millones de dólares al año el gasto en seguridad privada que consumen unas quince millones de personas en todo el mundo. G4S es la CMP más grande del mundo, con 625.000 empleados que abarca los cinco continentes, en más de 120 países [en Chile declara 8.400 empleados]. Nueve de las mayores empresas de gestión de dinero en el mundo tienen participaciones en G4S. Algunos de sus clientes más importantes son los gobiernos del Reino Unido, EEUU, Israel y Australia. En el sector privado, G4S trabaja con empresas como Chrysler, Apple y Bank of America. En Nigeria G4S tiene contratos con Chevron para operaciones de contrainsurgencia que incluyen mercenarios de respuesta rápida. G4S lleva a cabo operaciones similares en el sur de Sudán y proporciona equipo de vigilancia a los puestos de control y a las cárceles de Israel, y vende seguridad a los asentamientos judíos en Palestina.

Otra contratista militar privada, Constellis Holdings –formalmente Blackwater y Triple Canopy–, es proveedora líder de seguridad, apoyo y servicios de asesoramiento militar al gobierno de Estados Unidos, gobiernos extranjeros, corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales. Constellis está conducida por un consejo, todos hombres, con directores como el multimillonario Red McCombs, el ex fiscal general John Ashcroft, el almirante retirado Bobby Inman y Jack Quinn, un relevante asesor demócrata que se desempeñó como jefe de gabinete del vicepresidente Al Gore y como asesor del presidente Clinton.

Cientos de contratistas militares privados juegan ahora un papel importante en la seguridad del CCT durante esta evolución neofascista del mundo corporativo del siglo 21. El capital tendrá la libertad de viajar instantánea e internacionalmente a cualquier lugar donde haya beneficios posibles, mientras los estados-nación se convertirán en nada más que zonas de contención de población con un creciente control represivo de la mano de obra. Por estas razones, las CMP deben entenderse como un componente del imperialismo neoliberal que ahora complementa los poderes policiales de Estados-nación y, finalmente, podría sustituirlos.

La tendencia hacia la privatización de la guerra es una grave amenaza para los derechos humanos, el debido proceso y la transparencia y responsabilidad democráticas. El imperio militar de EEUU/OTAN establece las normas morales para la negación de los derechos humanos en varias regiones de resistencia al imperio, mediante el uso de aviones no tripulados para matar civiles sin tener en cuenta el derecho internacional. Etiquetando a los civiles muertos como insurgentes y terroristas, en completa ausencia de un debido proceso y sin observar los derechos humanos se desmiente cualquier punto de vista de la legitimidad moral del gobierno. Esta falta de legitimidad moral a su vez fija las normas para que las empresas militares privadas operen a la sombra del imperio con la misma malicia.

La globalización de las operaciones CMP junto a la inversión de capital transnacional, los acuerdos comerciales internacionales y la creciente concentración de la riqueza en el CCT significa que las prácticas represivas de seguridad privada y de guerra, inevitablemente, volverán a establecerse en casa, en EEUU, la Unión Europea y otras naciones del primer mundo.

El 99 por ciento de nosotros, sin la riqueza y el poder de policías privadas, encaramos la amenaza de represión abierta y pérdida total de derechos humanos y protecciones legales. Vemos a diario signos de esto en los asesinatos de la policía (ahora cerca de un centenar por mes en EEUU), espionaje electrónico sin orden judicial, encarcelación en masa, puestos de control de tráfico aleatorios, listas de seguridad en aeropuertos/exclusión aérea y compilaciones de residentes sospechosos en bases de datos del ministerio de  Seguridad Doméstica de EEUU.

Cada vez que miramos más allá de los crímenes del imperio perdemos una parte de la integridad de nuestro yo. Hacer caso omiso de la represión se convierte en parte de la continuación del compromiso en nuestra vida diaria que llevan a un malestar moral y a una mayor sensación de impotencia. Hay que levantarse y exigir transparencia democrática y aplicación internacional de los derechos humanos. A menos que colectivamente desafiemos el imperio, nos enfrentamos a un mundo que se está convirtiendo en una nueva edad oscura del totalitarismo neo-feudal como nunca antes fue conocido.

Peter Phillips es profesor de sociología en la Universidad Estatal de Sonoma, California, y presidente de la Fundación Libertad de Medios / Proyecto Censurado.

Fuente: http://www.projectcensored.org/private-military-companies-in-service-to-the-transnational-capitalist-class/

Traducción: Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado de Proyecto Censurado