El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera ha desatado una intensa polémica de proporciones internacionales al hacer comentarios mordaces y críticos sobre cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en su país. Las expresiones del vicepresidente, funcionario número dos en el gobierno de Evo Morales, provocó que intelectuales de varios países se suscribieran a una carta abierta en la que defienden el desempeño de las organizaciones en cuestión. García Linera les respondió con su propia carta abierta, y la controversia continúa.

El roce del gobierno boliviano con las ONG no es nada nuevo. Morales lleva años acusando estas organizaciones de estar al servicio de agendas imperialistas, pero el que lleva la voz cantante en el discurso anti-ONG del gobierno es el vicepresidente García Linera. Otros gobiernos progresistas de la región, particularmente el de Ecuador, también se han sumado a la diatriba.

La prensa reportó el pasado 10 de agosto que el vicepresidente boliviano señaló específicamente a cuatro ONG, Milenio, Fundación Tierra, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y el Centro de Estudios y Desarrollo Laboral (CEDLA) durante una visita a la ciudad de Santa Cruz. “Milenio depende de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, gonista a morir. Fundación Tierra ha sido dirigida por un ex-ministro de Sánchez de Lozada (Miguel Urioste fue parte de la alianza MNR-MBL) que recibe financiamiento de fuentes extranjeras, y la fundación CEDIB y la fundación Cedla a la cabeza de unos trotskistas verdes”.

(Nota aclaratoria: Gonzalo “Goni” Sánchez de Losada fue el presidente neoliberal de Bolivia justo antes de Morales. Sus allegados son conocidos como “gonistas”.)

García Linera “declaró que estas ONG se reunieron con dirigentes de organizaciones sociales a quienes les dieron datos para generar controversia sobre la política gubernamental para la explotación de recursos naturales. Aseguró que si mantienen su trabajo político, se exponen a ser expulsadas”, según un artículo publicado en el portal cibernético Oxígeno.

“Les decimos a estas transnacionales que financien a otros países, no tienen por qué venir a entrometerse en nuestro país”, advirtió el vicepresidente. “Nuestras relaciones con gobiernos extranjeros y empresas extranjeras es clara: servicios en función de nuestra política y utilidad en función de un Estado soberano; pero no en esta función de acción política encubierta".

Revisando la documentación producida por estas organizaciones uno puede entender la irritación del vicepresidente. Un buen ejemplo de esto es un documento-libro de sobre 240 páginas publicado recientemente por CEDIB, titulado Extractivismo: Nuevos contextos de dominación y resistencias, el cual condena fuertemente las políticas de extracción de recursos naturales y exportación de materias primas de los gobiernos latinoamericanos que se autodenominan progresistas, particularmente Argentina y Bolivia.

En el primer capítulo, titulado “Amistades peligrosas: Notas sobre movimientos sociales y gobiernos progresistas”, el colaborador Pablo Villegas establece la tónica del libro:

Bolivia y Ecuador se destacaron mundialmente con sus constituciones que proclaman los derechos de la Madre Tierra. Esto acabó en Ecuador con el encantamiento de (el presidente Rafael) Correa con la minería a cielo abierto, la caída del Yasuni y la represión a los opositores al extractivismo y, en el caso de Bolivia, entre abundantes ejemplos, con la nueva ley minera que castiga con años de cárcel al que se oponga a su expansión; muestra de que las constituciones de estos países no eran las más avanzadas sino simplemente una manipulación cultural. (p. 30)

En cuanto a las muy celebradas políticas sociales de los gobiernos progresistas, dice Villegas:

... la seguridad social fue desplazada por el asistencialismo; la caridad sustituyó a la institución de la seguridad social por un régimen arbitrario dependiente de la bondad de los políticos de turno, y por tanto condicionado a la fidelidad electoral de los beneficiados sin atacar las raíces de la pobreza… esta política “social” es, hasta ahora tímida: su peso en los gastos públicos es muy pequeño cuando se compara con el servicio de la deuda interna, el cual enriquece a los más ricos. (p. 46)

Según otro colaborador, Marco Antonio Gandarillas, director ejecutivo de CEDIB, el gobierno de Evo Morales ha sido un “retroceso” para Bolivia:

...es posible constatar un marcado retroceso en donde, junto con la revitalización de las prácticas políticas tradicionales, se verifica la exacerbación de la dependencia hacia la exportación masiva de recursos naturales. De forma inversamente proporcional a la profundización del extractivismo, se produce una marcada erosión de la democracia y graves vulneraciones de los derechos más básicos. (p. 103)

Las transnacionales petroleras no se fueron. Permanecen en el país con el control de las reservas, la producción y desde esa posición condicionan y definen la política sectorial... La nacionalización de los hidrocarburos que pregona el gobierno de Evo Morales profundizó esta orientación exportadora, traspasando los costos de inversiones y mantenimiento de los ductos, de las empresas privadas al Estado. (p. 109)

En cuanto a los derechos humanos, Villegas denuncia un paulatino deterioro y una preocupante tendencia hacia la criminalización de la protesta en Ecuador y Bolivia:

La criminalización es de tal gravedad en Ecuador que el año 2008 la Asamblea Nacional Constituyente dictaminó que el sistema de justicia había sido utilizado para intimidar a los líderes, y esto lo demuestra la amnistía posterior a más de 350 personas procesadas por delitos cometidos en protestas contra la explotación de recursos naturales. Pese a todo, los responsables del abuso judicial no fueron sancionados y la criminalización continúa. (Aprodev, y otros, 2012) En julio del 2010, el Presidente Correa presentó una propuesta legislativa que incluía el incremento de sanciones para delitos tales como el cierre de vías de comunicación, la acumulación de sentencias hasta 15 años en caso de cometerse más de un delito. (CIDSE, 2011) Por otra parte, la discrecionalidad del Estado para disolver organizaciones no gubernamentales (ONGs) ha sido ampliada mediante varios decretos a la disolución de organizaciones sociales. Entre las causales están la injerencia en políticas públicas (¡!), el atentado contra la seguridad interna o externa del país y la desviación de los fines para los cuales fueron creadas. Adicionalmente, no existe una vía efectiva para impugnar la disolución de una organización. (p. 55)

...el gobierno (bolivano) ha criminalizado a opositores políticos y dirigentes sociales con numerosos procesos; a los líderes de un reciente movimiento dentro de las fuerzas armadas que pidieron la descolonización establecida en la Constitución Política del Estado los vienen procesando por sedición deteniéndolos en condiciones inhumanas por varios meses.  (p. 56)

Ante las expresiones de García Linera, varios intelectuales de proyección internacional le hicieron saber al vicepresidente su desaprobación y su solidaridad con las organizaciones aludidas:

Dichas amenazas, de concretarse, implicarían un grave corrimiento respecto de la restricción de los derechos civiles, entre ellos, la libertad de expresión y de asociación y, por consiguiente, un retroceso enorme para la democracia boliviana. Las ONGS afectadas, varias de las cuales –como CEDIB y CEDLA- reúnen intelectuales de reconocida trayectoria en el campo de las izquierdas y el pensamiento crítico, vienen elaborando informes e investigaciones sobre diferentes temáticas de la realidad boliviana (económicas, ambientales, socio-territoriales, entre otras), cuyo único problema es el de contrariar las expectativas gubernamentales respecto del avance en ciertos temas, o bien el de resultar incómodos para el partido de gobierno.

...Lamentamos, además que quien levanta estas acusaciones y amenazas sea un prestigioso intelectual y sociólogo, autor de importantes trabajos e investigaciones sobre Bolivia, con proyección latinoamericana.

La carta ha obtenido la adhesión de personalidades reconocidas en los mundos del activismo y de la investigación académica, como el brasileño Boaventura de Sousa Santos, los uruguayos Eduardo Gudynas y Raúl Zibechi, los ecuatorianos Alberto Acosta y Esperanza Martínez, el profesor catalán Joan Martínez Alier, los canadienses Ben Dangl y Maude Barlow, y los bolivianos Oscar Olivera y Pablo Solón, entre más de 200 firmantes.

El vicepresidente les respondió, negando validez alguna a los contenidos de la carta, reiterando sus ataques a las cuatro organizaciones y a las ONG en general, y alegando que los firmantes habían sido engañados y manipulados:

...he señalado que cuatro ONG mienten y camuflan su activismo político reaccionario bajo el manto de actividad “no gubernamental”. ¿Es que acaso no tienen derecho a mentir? Por supuesto que sí, pero yo también tengo derecho a denunciarlo, a denotar las falsedades escritas en sus “supuestas” investigaciones, que más se asemejan a decálogos de fe política o primitivos perfiles de estudio. En la misma medida en que los funcionarios de estas ONG tienen el derecho constitucional de hacer para-política partidaria desde esas organizaciones, yo tengo el derecho a develar que están jugando el papel de sustitutos de los partidos políticos de derecha, y que sus funcionarios no hacen más que reclutar adeptos mediante el ropaje de actividades hipócritas “no lucrativas”, ante su reiterado fracaso en la proclama política abierta.

García Linera usó la oportunidad para desglosar su tesis ecologismo-ONG- geopolítica imperial:

Todos coincidimos en que es necesario un orden socio-productivo que sustituya la lógica depredadora de la naturaleza impulsada por el valor de cambio. Pero acá existen al menos dos posiciones. La primera, correspondiente al discurso imperial, propugna que la plusvalía medioambiental que sostiene el desarrollo de los países del norte, sea pagada por los países del sur, congelando así la mejora de sus condiciones de vida y petrificando las relaciones coloniales de pobreza y sometimiento construidas a lo largo de siglos y aún vigentes hoy. Esta posición está claramente expresada en la propuesta medioambientalista de USAID respecto a la Amazonia, y en la sugerencia del gabinete de Tony Blair para la implementación de una administración transnacional en esa región. En contraste a esta posición, para las naciones indígenas soberanas, una nueva sociedad medioambiental solo será posible rompiendo la condición colonial de fragmentación y pobreza prevaleciente en los pueblos y naciones del sur. De lo que se trata es de crear una civilización ecológica mediante la combinación de saberes ancestrales y contemporáneos capaces de restituir un metabolismo procreativo entre naturaleza y naturaleza devenida en sociedad. Sin embargo, esto no se puede alcanzar simplemente imitando lo que sucede en el norte (ilusión desarrollista), ni mucho menos congelando las condiciones de vida de los pueblos del sur (colonialismo petrificado). Esta civilización solo puede surgir si somos capaces de proporcionar las condiciones materiales mínimas de existencia, de satisfacción de las necesidades básicas, que permitan liberar las capacidades creativas y cognitivas de los pueblos para la creación de los fundamentos de una sociedad ecológica, que no podrá ser más que de carácter comunitario y universal. (Paréntesis en el original)

También dejó su posición de que el activismo ONG amenaza la soberanía y promueve el neoliberalismo y el neocolonialismo:

El restablecimiento de los principios de soberanía nacional, es decir, la autodeterminación, es uno de los pilares para el desmontaje del orden neoliberal en Bolivia. Nos referimos a la autodeterminación como Estado para definir la gestión de sus recursos y su modo de relacionamiento con otros Estados, y también a la autodeterminación social para definir su horizonte como comunidad política en la historia.

Esa es la razón principal por la que decidimos ‒como gobierno soberano– expulsar al FMI de las oficinas privadas que tenía en el Banco Central de Bolivia (BCB); a la CIA, que tenía oficinas en el Palacio de Gobierno; al cuerpo militar norteamericano, que tenía su base extraterritorial en un aeropuerto en la Amazonía boliviana; a USAID y al embajador de los Estados Unidos, que conspiraba junto a grupos separatistas de extrema derecha, apoyando la división del país en micro-republiquetas bajo tuición extranjera.

La autodeterminación nacional es una dimensión de la autodeterminación social, y ninguna revolución podrá avanzar en la profundización de los derechos democráticos de la sociedad sin la consolidación de las condiciones de la soberanía estatal. Es imposible definir el horizonte interior de una sociedad (el posneoliberalismo, el Vivir Bien, el socialismo, etc.), sin definir su horizonte externo, sin ser soberano. Por ello, no podemos permitir que ningún gobierno foráneo, empresa u organización para gubernamental extranjera definan las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. De lo contrario, nos estaríamos sometiendo a un neocolonialismo.

Ya varios intelectuales y académicos han respondido a estas últimas declaraciones de García Linera. A medida que se van acumulando las contradicciones del modelo progresista extractivista latinoamericano, exacerbadas por el descenso en los precios mundiales de los commodities, se asoma un aumento en los conflictos sociales y ambientales. Mientras que voces críticas señalan que el ciclo de protesta y represión es inevitable en el extractivismo, los voceros oficialistas del progresismo bolivariano atribuyen las expresiones de descontento a manipulaciones imperialistas.

- Carmelo Ruiz Marrero es autor y periodista puertorriqueño. Dirige el Monitor de Energía y Ambiente de América Latina y el Blog de Bioseguridad. Su más reciente libro, “El gran juego de ajedrez botánico”, se consigue a través de la Editorial Tiempo Nuevo. Su identidad en Twitter es @carmeloruiz. 
Artículo para ALAI.